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Mesa Redonda Autor: Twitter Publicado: 11/01/2021 | 08:24 pm
El Jefe de la Comisión de Implementación y Desarrollo de los Lineamientos Marino Murillo Jorge y la Ministra de Trabajo y Seguridad Social Marta Elena Feitó comparecieron este lunes para informar detalles relativos al impacto de la Tarea Ordenamiento en la Asistencia Social y algunos servicios sociales.
Conozca algunos detalles en este trabajo, como un primer acercamiento al tema donde se aclararon diversas dudas de la población.
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¿Cómo ha ido marchando la implementación de la Tarea Ordenamiento?
Marino Murillo Jorge, miembro del Buró Político del Partido Comunista de Cuba y Jefe de la Comisión de Implementación de los Lineamientos comentó que han sido días de intenso trabajo. La nueva tasa de cambio de 1x24 es la mejor expresión de haber devaluado el peso frente a las divisas internacionales. Seis horas después de anunciada la implementación de la Tarea ya estaban las normas publicadas en la Gaceta, y al día siguiente empezamos a recibir gran cantidad de opiniones, que hemos estudiado y a las que hemos ido dando respuesta, como en los casos de los precios de la electricidad.
Asimismo señaló que se han venido revisando cosas sin problema, lo que haya que rectificar se rectifica. Es un proceso transversal y complejo. No se ha hablado del tipo de cambio en general, sino de lo que afecta a las familias. Diciembre es un mes complejo en el cual pagamos el anticipo, en la segunda quincena cogen vacaciones que estaban calculadas por la escala anterior. No hemos tenido un mes donde la gente pueda comparar sus ingresos y gastos.
Adelantó además que muchas políticas tenían previsto un traslado de facultades, lo cual es un proceso de aprendizaje para todos. Hay cosas que ahora se ven más claras. Nosotros desde los inicios de la Tarea Ordenamiento, en los Congresos del Partido, siempre se planteó el criterio de que en la actualización del modelo económico nadie quedará desamparado.
Tenemos un sistema empresarial con problemas estructurales como atraso tecnológico y falta de materias primas. Hay dos cosas importantes: no podemos cubrir ineficiencias y no podemos permitir que la ineficiencia se incorpore en los precios, que se traslada al comercio minorista y la ineficiencia la estaremos pagando, destacó.
Refirió que están creadas las condiciones monetarias y financieras para que el sector empresarial asuma actividades de ese tipo. Hay más de trescientas mil personas ocupadas en empresas que prevemos con pérdida. El desempleo no es una opción válida.
Una de las preguntas, dijo, es si es el mejor momento para hacerlo. Mientras más tensas están las economías, no podemos seguir devaluando la moneda. Los riesgos inflacionarios son grandes, asociados al déficit de oferta, al incremento de ingresos, al incremento de costos a las formas no estatales y un déficit en el Presupuesto del Estado.
Tenemos un sector presupuestado grande al que tenemos que pedirle más eficiencia. Otra expresión de que nadie quedara desamparado es que tenemos 700 millones para atender a las personas más vulnerables, añadió.
De igual forma destacó que el problema es que en las políticas públicas hay casos específicos donde te quedas en un entorno que no es política pública. ¿Cómo atender particularidad? Con los 700 millones del Presupuesto del Estado. Alguien dijo que su abuela ganaba 1200 pesos y que pagaba 700 pesos por estar en la Casa de Abuelos. Si esa anciana tiene que consumir medicamentos, tranquilo, la atendemos por asistencia social con 700 millones. Puede haber más casos así.
Situación demográfica del país
El otro elemento es que no podemos olvidar, señaló, es la tendencia demográfica de la población. En el 2012, el 18.3% tenía 60 años de edad o más. En el 2020, el 21.3% se encontraba envejecida, contra un 18 por ciento en 2012, un proceso que avanza de manera acelerada según muestran las estadísticas.
Este año nacieron menos personas de las que fallecieron, tendencia que lleva varios años ocurriendo, agregó.
Estas son las características demográficas que enfrenta nuestro país y sobre la base de las cuales se adoptan las políticas sociales y económicas. Agregó que el pasado año nacieron 105 000 niños y murieron 111 000 personas, lo que evidencia un decrecimiento en la población que ya es tendencia desde hace varios. Por tanto, concluyó, la Tarea Ordenamiento también se hace en un momento donde hay una tendencia al envejecimiento.
En cuanto a la seguridad social, la asistencia social y servicios sociales, el Sistema de Atención a la Familia, la protección a madres con hijos con discapacidad severa y protección a núcleos sociales vulnerables, entre otros, destacó, que el Sistema de Atención a la Familia atiende a 76715 personas. El 47.5% son jubilados y todos subieron sus ingresos. El 21.9% son casos sociales, el 15.9% son atendidos por asistencia social, el 7.5% son discapacitados, el 6.8% son no jubilados y el 0.3% son embarazadas. Estas personas también reciben la canasta básica y en el caso de las embarazadas, todo quedó subsidiado, destacó.
En el caso de los jubilados y los que reciben asistencia social, las prestaciones económicas aumentaron sustancialmente explicó. Todas estas personas reciben, además de los que comen en estos comedores, la canasta familiar.
En estos lugares se mueve una cantidad de recursos importantes y la decisión fue subir los ingresos y quitar una cantidad de subsidios importantes, para ir eliminando precios diferenciados y poder aplicar el lineamiento que dice que se subsidiarían las personas y no los servicios, comentó.
El principio sigue siendo atender a los más vulnerables, pero se hará ahora de manera diferente, agregó. Cuando haya un deterioro de la calidad de vida de estas personas por el incremento de precios, eso se debe analizar y atender por la asistencia social, dijo.
En otro momento, al referirse al pago de pensiones explicó que en Cuba hay actualmente más de 1 millón 600 000 de pensionados. Más del 50 por ciento de estos se encontraban el rango de pensiones entre 280-300 pesos y el 17 por ciento en el de 320, el resto percibía por encima de estas cifras.
Estos dos primeros grupos fueron incrementaron sus pensiones por encima de 1 500 pesos, pues se tomó como referencia la estimación del costo de la canasta básica. Todos los pensionados mejoraron sus ingresos sustancialmente.
Mencionó el caso de los hogares de ancianos de régimen permanente, donde el costo es de 700 pesos ahora y que representa la mitad de los ingresos por concepto de pensión mínima, pero tienen otras cosas garantizadas en ese hogar de ancianos, señaló.
No puede ser todo responsabilidad del Estado, el análisis para subsidiar también debe incluir a la familia de esa persona. Pues esos ancianos son responsabilidad de la familia también. Más de 7 000 ancianos asisten a casas de abuelos, y en el 59 por ciento de estos casos es la asistencia social quien se hace cargo del pago.
El 100 por ciento de los pensionados fueron beneficiados por la reforma salarial
La Ministra de Trabajo y Seguridad Social, Marta Elena Feitó, se refirió a las características del sistema de seguridad social cubana. Recordó que garantizar la cobertura de la seguridad social para todos los trabajadores cubanos fue un principio defendido por la Revolución Cubana desdelos primeros años.
Ni siquiera en los peores momentos del Periodo Especial se dejó de pagar las pensiones a los jubilados, ni la asistencia social a quienes la requerían, recordó.
Estructuralmente tiene dos partes: un régimen de seguridad social que protege al trabajador y su familia y que ofrece prestaciones monetarias para hacerse cargo en casos de enfermedad, de accidente, de embarazo o de muerte del trabajador.
Además, la prestación de salud es gratuita y universal, además de preventiva, curativa y de rehabilitación y eso está cubierto por la seguridad social. Y esto no es así en la mayoría de los países del mundo.
Otra parte es el régimen de asistencia social, que protege a los ancianos sin recursos y a las personas que no tienen posibilidades de recibir ayuda familiar. Es una mano que el Estado tiene ante una necesidad. La mayor seguridad que tienen nuestro país es el derecho al empleo. Aunque a las personas en situaciones de vulnerabilidad se les ayuda, con prestaciones monetarias y servicios de la asistencia social, refirió.
El 100 por ciento de los pensionados fueron beneficiados por la reforma salarial, la pensión mínima se fijó al costo de la canasta básica, agregó.
Para este año el presupuesto del Estado para el pago de pensiones abarca más de 33 000 millones de pesos, que provienen de los aportes del trabajador y de los empleadores. Pero aún ese monto es deficitario y requiere un subsidio del estado de más de 11 000 millones de pesos, explicó.
En el caso de la asistencia social hubo un incremento de esta prestación mínima que oscilaba por encima de los 200 pesos a 1260 pesos. El 100 por ciento de las personas beneficiarias de la asistencia social ya fueron beneficiadas por la Reforma como parte de la Tarea Ordenamiento, precisó.
Este es un presupuesto totalmente asumido por el Estado, 2 707 mil millones para el año en curso, señaló la Ministra. Este presupuesto también cubre a las familias en situaciones de vulnerabilidad. Por ejemplo, las personas afectadas por desastres naturales.
Sistema de atención a las familias
El sistema de atención a las familias (SAF) ha sido uno de los temas más sensibles en la población dentro de la Tarea ordenamiento. Al respecto Marta Elena Feitó explicó que no es un servicio dirigido a personas con insuficiencias de ingresos sino a personas que tienen problemas para elaborar los alimentos de manera independiente.
«Hay pensionados de la Seguridad Social que son solventes económicamente, hay beneficiarios de la asistencia social, hay embarazadas. Esa es una protección que se brinda porque existen personas mayores a las que les cuesta trabajo cocinar, no ven bien, se queman, viven solos. Ese es un servicio que se presta en la comunidad», destacó.
Cuando comenzó el año vimos que había un grupo de personas que acudían de manera asidua a este servicio y luego habían dejado de asistir. La primera pregunta fue, por qué no van. Enseguida identificamos el tema de los precios como problema, y el Ministerio de finanzas y precios revisó el tema, comentó.
De hecho, hoy hay un grupo de personas, un equipo de trabajo del Mincin que está tocando con la mano la situación que tienen los SAF, añadió.
Son 76810 personas que reciben el servicio, y 12018 subsidiados por la asistencia social, dijo.
Con esto solo reitero, añadió, que cualquier persona que requiera de este servicio y esté en estos momentos protegidos en el SAF o se quiera incluir, no existe ningún impedimento para que lo haga. Lo que no puede pasar es que no vaya porque existe un alto precio, eso no puede suceder, afirmó.
«Si es insolvente económicamente la asistencia social puede asumir ese gasto. Lo que no puede pasar es que alguna de estas personas no vaya porque tiene un alto precio y entonces no almuerce o no coma. A esa persona hay que protegerla», afirmó.
Llamó a que todos los adultos mayores que estaban asistiendo a este sistema de alimentación a la familia, continúen haciéndolo. «Verán que los nuevos precios fijados oscilan entre los 8 y los 13 pesos. Eso es lo que está establecido».
Nosotros a través del control popular revisamos que en esos centros exista una buena calidad del servicio, higiene. Nadie debe abandonar el servicio porque considere que los ingresos no serán suficientes. En ese sentido llamó a seguir asistiendo, eso continuará subsidiándose por la asistencia social.
¿Cómo se ha concebido el tema de la Tarea ordenamiento en la asistencia social?
En el país existe una política para atender el envejecimiento poblacional con múltiples medidas, relacionadas con la fertilidad y la vivienda. Dentro de esas políticas multisectoriales, ejemplificó la ministra, hay un tema relacionado con la reparación de hogares de ancianos y casas de abuelos para que oferten un servicio de mejor calidad.
Esa es una política que se viene controlando y que se chequea periódicamente por la máxima dirección del país. Se ha establecido por el Ministerio de Finanzas y Precios una diferenciación en el costo del servicio de un Hogar de Ancianos, que ya pasó por ese proceso de remodelación y posee mejores condiciones para prestar el servicio, con respecto al resto de los hogares que aún no se encuentran en esa situación, agregó.
Servicios en hogares de ancianos:
- Política para la atención al envejecimiento poblacional:
157 Hogares de ancianos (certificados 49. 2 mil 324 adultos mayores en régimen de internado)
513 adultos mayores asumen el pago con sus ingresos o con ayuda de su familia.
1811 reciben subsidio de la asistencia social
Parcial: 1353 (75%). Total 458 (25%).
Hogares de ancianos certificados: 1260 pesos
Hogares de ancianos no certificados: 126 (189 pesos)
517 adultos mayores en régimen seminternado de hogares de ancianos certificados, 410 reciben subsidio de la asistencia social.
- Servicios en casas de abuelos:
300 casas de abuelos, certificadas 234
7 mil 440 adultos mayores
2996 asumen el pago con sus ingresos o con ayuda de su familia
4444 reciben subsidio de la asistencia social
Parcial 3014 (68%). Total 1430 (32%)
- Madres que tienen hijos con una discapacidad severa:
4037 madres protegidas
3202 reciben una prestación equivalente al salario
739 prestación monetaria
100% reconocimiento de años de servicios
12 servicio de asistente social a domicilio
Es mejor subsidiar personas que productos, este es un principio que se refuerza tras el ordenamiento monetario. En función de ello, se eliminaron los subsidios en muchos productos y se previeron 700 millones de pesos para la protección a nuevos núcleos familiares económicamente vulnerables, explicó la ministra.
Estos núcleos son aquellos en los que se confirma insuficiencia de ingresos para asumir el pago de los servicios básicos y la canasta de alimentación, así como no existen familiares obligados a prestar ayuda ni integrantes del núcleo sin vínculo laboral, en condiciones de trabajar. En esos casos se ofrece protección inmediata a quien lo requiera, añadió.
Este presupuesto es finito. Somos un país con situaciones económicas y uno de los objetivos de la Tarea Ordenamiento es motivar el interés por el trabajo y este debe incrementar la calidad de vida, afirmó.
Toda persona que se sienta en condiciones de vulnerabilidad puede acercarse al lugar destinado en el Consejo Popular para atender estas solicitudes, reiteró.
En ese sentido señaló que actualmente hay 29 934 solicitudes, y ya 14 000 personas han sido protegidas, mientras que otras 4 443 recibieron empleos como principal protección.
El proceso de valoración de las solicitudes tiene un término de hasta 72 horas y reconoció que se han detectado demoras con la entrega de los cheques. Esas son de las cuestiones diseñadas que deben cumplirse, pues este debe ser un proceso expedito, precisó.
Este trámite se hacía anteriormente en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, que debía analizar todas las prestaciones excepcionales en los núcleos que hay ingreso y se requiere completar porque no es suficiente. Cuando la COVID-19 practicamos la descentralización y actualmente eso se hace a nivel de municipio, para que sea más rápido, agregó.
