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El pasado año los diferentes órganos de Inspección impusieron 152 411 sanciones monetarias por un importe de 16 953 700 pesos. Autor: José Raúl Concepción Publicado: 27/02/2018 | 09:20 pm
SANTA CLARA, Villa Clara.— El pago de las multas sigue enredado hasta la fecha en esta provincia, a tal extremo que hay pendientes de cobro 25 669 por un valor de poco más de cuatro millones de pesos, y el 72,9 por ciento de las pendientes están en apremio, es decir, ya pasaron 60 días para efectuar su liquidación.
El pasado año los diferentes órganos de Inspección impusieron 152 411 sanciones monetarias por un importe de 16 953 700 pesos, informó Kenia Padrón Contreras, jefa del Departamento de Multas, de la Dirección de Finanzas y Precios en Villa Clara.
Entre las transgresiones detectadas se encuentran: el engaño al consumidor en cuanto a precio, peso y calidad del producto, incumplimiento de normas higiénico-sanitarias, las correspondientes a irregularidades en la transportación de pasajeros y las relativas a contravenciones en la ejecución de viviendas, el área forestal y la pesca, por citar algunos ejemplos.
Teniendo en cuenta las cuantías de las multas, constituye una excepción que el transgresor pague en el acto, aunque vayan desde cinco hasta 3 000 pesos. No obstante, vale aclarar que la inmensa mayoría nunca llega a cifras de cuatro dígitos, más bien siempre quedan por debajo.
Confirma la realidad la dilación notoria y persistente para el pago y, peor todavía, a muchísimas multas les llega el vencimiento del término de un año para saldarlas sin que los transgresores suenen la contadora.
La vía para abonar la deuda está cuajada de benevolencia. Vencido el tiempo inicial de 30 días, automáticamente a los transgresores se les duplica la cuantía del importe, como penalización adicional, y a los 60 días comienza una enrevesada gestión que involucra a las empresas y hasta a los órganos que imparten justicia.
Las oficinas de Control y Cobro tienen que preparar los expedientes de denuncia al Tribunal sobre el impago de las contravenciones, precisar si el transgresor carece de vínculo laboral y, si lo tiene, solicitar un descuento salarial mensual a la dirección de su centro laboral.
Pero, en la práctica, a veces carecen de los elementos precisos, porque en ocasiones los inspectores no piden el carné de identidad, o los infractores alegan no contar con este y ofrecen hasta datos falsos. Además de imprecisiones en las direcciones cuando la multa se aplica a la persona fuera de la localidad donde reside.
Imagínense la cantidad de papeleo y las horas de trabajo que hay que realizar para tratar de cobrar las más de 25 000 multas que se deben, acción que en muchísimos casos termina en un esfuerzo estéril.
La realidad aconseja, pienso, simplificar los actuales procedimientos de cobro, evaluar las consecuencias de tanta generosidad y de tantos chances, exprimidos, sin compasión, por los infractores para salir del trance hasta sin pagar.
