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Cuba recibe anualmente entre 150 y 200 millones de dólares por cooperación externa, expresada en recursos materiales y financieros, trascendió este sábado en análisis de la Comisión de Relaciones Internacionales del Parlamento, informa PL.
Según precisó Magalys Estrada, funcionaria del Ministerio de Comercio Exterior y la Inversión Extranjera (Mincex), ese flujo de colaboración constituye un importante complemento para los planes de desarrollo económico y social del país.
Tras el intercambio con los legisladores, la especialista declaró a la prensa que entre los principales beneficiarios figuran los sectores alimentarios, de recursos hidráulicos, salud, educación y energía, incluido el desarrollo de fuentes renovables para la generación de electricidad.
Los recursos externos canalizados por la vía de la cooperación responden a las prioridades gubernamentales de cara a respaldar programas esenciales como la alimentación, el suministro de agua y las atenciones médicas a la población, comentó la experta.
En la sesión de intercambio con los diputados, los integrantes de la Comisión de Relaciones Internacionales apreciaron la transparencia y la eficacia en la ejecución de proyectos que disponen de bienes y fondos provenientes del exterior, puntualizó.
A juicio de los parlamentarios, en algunos casos resulta necesario agilizar la ejecución de las iniciativas, así como los procesos de control y fiscalización de las obras, lo cual coincide con la visión del Mincex, refirió Estrada.
También -prosiguió- los diputados estimaron la importancia de fortalecer la participación del gobierno local en las ideas conceptuales de los proyectos y en el chequeo de su realización, pues son los municipios el escenario donde tienen lugar esos procesos concretos.
Estrada confirmó, además, que el Mincex trabaja en el reajuste de la política estatal en materia de cooperación, tanto de la recibida por el país, como la brindada por Cuba a otras muchas naciones del mundo.
Ello forma parte del proceso en curso para actualizar el modelo económico y social del país, lo cual va acompañado de normativas jurídicas en pro de mejorar el funcionamiento institucional, apreció la especialista.
