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Nos encontramos ante un expansionismo acelerado del Derecho Penal que requiere una evaluación crítica, responsable y adecuada de las realidades de cada Estado. Necesitamos un sistema de justicia cada vez con mayor contenido ético, que coloque en el centro de su actividad la defensa de la sociedad, sin detrimento de las garantías y derechos penales de los ciudadanos, lo que hoy cuenta con reconocimiento universal.
Con estas palabras Darío Delgado Cura, fiscal general de la República de Cuba, inauguró el XII Encuentro Internacional Ciencias Penales 2014, organizado por este órgano del Estado, y en el que participan alrededor de 180 delegados de 23 países, además de fiscales y procuradores generales, y vicefiscales de Ecuador, Nicaragua, Paraguay, Venezuela, Vietnam, China y otros países.
El Fiscal General analizó la necesidad de respuestas penales racionales, humanas, flexibles, con mayor celeridad y calidad. Se pronunció por que la severidad esté cuando lo ameriten las circunstancias y quienes cometen los hechos.
Además, puso al tanto a los delegados del trabajo de Cuba en la prevención del delito mediante programas de desarrollo económico, social y cultural, y el perfeccionamiento constante de nuestra legislación.
«La incorporación de todos los actores de la sociedad a la labor preventiva debe contribuir a contener y disminuir las manifestaciones delictivas más relevantes, así como las ilegalidades e indisciplinas sociales», expuso.
En la plenaria inaugural el Doctor Galo Chiriboga Zambrano, fiscal general de Ecuador, se refirió al proyecto de creación de una Corte Penal de la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur), con jurisdicción y competencia propia, que se encargaría de los delitos que traspasan fronteras y pueden enfrentarse con estrategias comunes como un aporte a la paz e integración regional.
Con una camisa que llevaba el letrero «43 Ayotzinapa», el Doctor Eduardo López Betancourt, catedrático de Derecho Penal en la Universidad Autónoma de México, pidió solidaridad en su intervención especial a los juristas asistentes con la situación de los estudiantes normalistas mexicanos desaparecidos en Iguala, estado de Guerrero. El plenario respondió con aplausos y una declaración de apoyo.
La cita estuvo presidida por Homero Acosta, secretario del Consejo de Estado; Reynol Pérez, vicecontralor general; Rubén Remigio, presidente del Tribunal Supremo Popular; Urbano Pedraza, viceministro de Justicia; Ariel Mantecón, presidente de la Organización Nacional de Bufetes Colectivos; y Mayda Goite, decana de la Facultad de Derecho de la Universidad de La Habana, así como otras autoridades jurídicas y del Ministerio del Interior.
