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Uno de los derechos fundamentales que exige la ONU para todos los seres humanos es el de acceder al agua potable. Sin embargo, Cuba debe realizar esfuerzos extra cada año para que el pueblo reciba la cantidad suficiente del líquido y con la calidad requerida, a consecuencia del bloqueo económico, comercial y financiero norteamericano.
Con los más de dos millones de dólares extra que se han invertido este año en la actividad importadora del sector de recursos hidráulicos, se hubiese podido construir un acueducto para abastecer una comunidad de 60 000 habitantes.
Pero ese dinero adicional ha debido pagarse para que el país pueda costear, sin suspender o afectar sus servicios hidráulicos, los daños que ocasiona el cerco estadounidense.
Vladimir Cabranes Alpízar, director de Relaciones Internacionales y Comercio Exterior del Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos (INRH), explicó en conferencia de prensa que los costos agregados en las importaciones de este sector se concentran en pagos de fletes y compra de materias primas.
El material hidráulico que pudiera importarse desde Estados Unidos, pagando un menor precio por impuestos de navegación, debe comprarse en el mercado europeo y hay que costear así la diferencia que significa una mayor distancia de traslado.
Como consecuencia de esta situación los costos agregados ascienden a 975 660 USD, debido al traslado del polietileno de alta densidad (materia prima de las tuberías), y otros accesorios como equipos de bombeo, medición y control.
La compra de estos materiales, entre los que dicho polietileno representa más del 50 por ciento del total de productos necesarios, hace que el país invierta cien mil dólares extra por cada tonelada, lo que se traduce, solo en este año, en más de un millón de dólares que pudieron haberse invertido en otros propósitos.
La afectación total a las importaciones del INRH asciende a 2 190 610 dólares en el presente año, cantidad suficiente para adquirir 1 110 toneladas de materia prima con las que es posible fabricar 600 kilómetros de tuberías, necesarias, por ejemplo, para garantizar las instalaciones del alcantarillado de La Habana.
Cabranes destacó que la afectación social es incalculable, pues el saneamiento y el agua potable limpia son un derecho humano declarado por la ONU. Explicó también que los equipos de exploración subterránea, que abundaban antes en Cuba para analizar el agua, eran adquiridos en el mercado estadounidense. Ahora deben comprarse, de menor calidad, en otros países, aunque esto no signifique que se desatienda la calidad del agua que va a los hogares cubanos.
