Juventud Rebelde - Diario de la Juventud Cubana

De manera individual, Julio Lobo Olavarría era, dice Guillermo Jiménez, el más rico entre los propietarios de Cuba en 1958. Su fortuna se calculaba entre 85 y 100 millones de dólares. Era dueño de 16 centrales, una corredora azucarera y 22 almacenes de azúcar. Poseía además un banco, una naviera, una aerolínea, una agencia de seguros y otra de radiocomunicaciones, una petrolera... Era la personalidad más destacada de la burguesía cubana, el principal empresario y el más grande corredor de azúcar del mundo.

Jiménez, en su libro Los propietarios de Cuba; 1958, cuya segunda edición se anuncia para comienzos del próximo mes de julio, destaca entre los grupos familiares a la Sucesión Falla Gutiérrez, que con un capital de entre 65 y 75 millones e inversiones por más de 40 millones en el exterior, era el más poderoso clan financiero-azucarero del país. En 1929, al fallecer Laureano Falla Gutiérrez, fundador de la dinastía, su herederos decidieron no dividir el legado, valuado en unos 35 millones, y sus yernos Agustín Batista, Viriato Gutiérrez y David Suero trabajaron por acrecentarlo. A través de Batista, presidente de The Trust Company of Cuba, el más importante banco cubano, con 26 sucursales, 800 empleados y depósitos por 213 millones, la Sucesión enlazaba con los González de Mendoza (siete familias, acaudaladas todas), y gracias a Viriato Gutiérrez con los Castaño (10 millones de pesos y 26 empresas) y con los Cacicedo, poseedores de dos centrales azucareros y de un banco, entre otras propiedades.

Los más poderosos se enlazaban entre sí para ser cada vez más ricos e influyentes. Liliam, la única hija de José Gómez Mena (cuatro centrales, una destilería y un club de pelota, entre otros bienes, y activos calculados en 20 millones) contrajo matrimonio con Alfonso Fanjul Estrada, uno de los cuatro hijos de Fanjul Rionda y descendiente de los Rionda Polledo, creadores de todo un emporio azucarero. Lian, la hija de ambos y nieta, por tanto, de Gómez Mena, con solo 17 años, casó a su vez, en 1955, con Norberto Azqueta, heredero de una de las mayores fortunas creadas en Cuba durante el segundo tercio del siglo XX. Fue, recuerda Jiménez, la boda más trascendente celebrada en la época por la burguesía, pues unía a tres de los más poderosos clanes del azúcar.

Todos los personajes mencionados arriba tienen categoría uno en cuanto a la importancia económica de sus propiedades. Cada una de las 551 figuras incluidas en el libro de Guillermo Jiménez lleva una clasificación que, en orden decreciente de capital, llega hasta el cinco y que permite al lector una evaluación rápida del propietario. En esas figuras, que el autor presenta de manera individual, están los dueños de las principales empresas y otros que pueden considerarse propietarios no esenciales, entre ellos descendientes de antiguas familias criollas que, pese a haber perdido sus posesiones más significativas, conservaban ascendiente y poder gracias a sus vínculos familiares, sociales o políticos. Incluye asimismo una relación de 30 ejecutivos, propietarios o no, que por los cargos que desempeñaban, sus nexos y sus aptitudes profesionales, se paseaban entre la oligarquía.

Para facilitar la búsqueda de información en un libro de más de 700 páginas, Jiménez dotó a su obra de varios índices. En el Índice General relaciona a todos los propietarios que incluyó, mientras que en los de Ejecutivos y de Propietarios Extranjeros particulariza a los de esas dos categorías. Uno más indiza a los propietarios según su importancia. En otro incluye a los fundadores de las grandes fortunas. Hay también índices de Veteranos de las guerras de independencia y de Autonomistas, que se opusieron a estas, vistos autonomistas y veteranos en su condición de propietarios; un índice de Empresas, otro de Militares, así como uno más que inserta a personas citadas en el texto y no recogidas en índices anteriores. El Índice de Profesiones consigna los nombres de los propietarios por aquellas carreras que estudiaron y ejercieron o no.

En ese último precisa Jiménez a 109 abogados, 27 arquitectos e ingenieros-arquitectos, cinco contadores públicos y cuatro dentistas. También a cinco farmacéuticos, 22 ingenieros, 20 médicos, siete periodistas y 50 políticos.

Saltan algunas curiosidades. El doctor Fernando Ortiz, con clasificación tres en cuanto al rango de su fortuna, aparece en el libro como dueño de fincas madereras y una aseguradora, El Iris, la primera y más antigua empresa cubana de su giro. Era Ortiz el principal de los tres propietarios de tierra en la Ciénaga de Zapata, donde poseía, en copropiedad, dos fincas con una extensión total de 2 600 caballerías.

Ortiz vendió sus fincas en 1958. En cambio Julio Lobo, que en marzo de ese año pidió a banqueros de Wall Street un préstamo por más de 24 millones de dólares que devolvería en cuatro plazos, tres de los cuales vencían en 1959, se vio obligado a liquidar su deuda cuando ya sus negocios en Cuba habían sido nacionalizados.

Justo Luis del Pozo, alcalde de La Habana entre 1952 y 1958 y que, en sociedad con Batista y otros empresarios, llegaría a ser uno de los dueños de Isla de Pinos, compró en ese territorio más de un millón de metros cuadrados de tierra y pagó por ellos solo 1 106 pesos. Justo Luis, con categoría 3 en atención a sus bienes en 1958, había comenzado su vida laboral como un modesto peón de fincas. Igualmente comenzó por abajo José Manuel Casanova Diviñó: de jornalero, con 14 años de edad en 1898, en el central Bramales, devendría uno de los zares del azúcar cubano, apoderado y dueño de centrales, y desde 1933 vocero y guía de los hacendados, con un papel relevante y decisivo en la política azucarera de la nación.

Lamentablemente en los casos de Justo Luis y de Casanova, así como de otros personajes que se recogen en el libro, Jiménez no ofrece detalles en cuanto a la forma en que pasaron de pobres a propietarios. De otros sí lo hace. O lo insinúa.

Del abogado Jerónimo Bugeda (director de Petróleos Aurrerá y accionista del Banco de la Construcción), español, ex militante del Partido Socialista Obrero y subsecretario de Hacienda en la República, recoge la acusación que le hizo la prensa por el desfalco de unos 12 millones de dólares que se le confiaron, durante la Guerra Civil, para la compra de armas en Francia.

Alude también al posible origen de la fortuna de los Castaño. Al español Nicolás Castaño Capetillo, fundador de la casa, se le tuvo como el hombre más acaudalado de Cuba a comienzos del siglo XX. Se había establecido en la ciudad de Cienfuegos en 1849 y a partir de 1851 trabajó como dependiente de bodega y vendedor ambulante. Fue luego empleado de los Cacicedo hasta que se estableció por su cuenta con una fábrica de velas y una tienda mixta, que perdió en un incendio. Reaparecería como comerciante y productor de azúcar.

¿Qué pasó en ese tiempo? Castaño Capetillo, contrario a la independencia de Cuba, formaba parte del elemento integrista español más recalcitrante, si bien durante la República se mantuvo al margen de la política y ocultó sus ideas pasadas. En la Colonia, a los cubanos condenados por sus ideales o acciones separatistas se les confiscaban sus propiedades, que quedaban bajo el control de una Junta de Bienes Embargados. Castaño Capetillo, teniente del Batallón de Voluntarios de Cienfuegos, fue, en esa localidad, miembro de una de esas comisiones. Y por esa vía muchas de las propiedades enajenadas a los patriotas cayeron en sus manos.

Claro que si de enriquecimiento súbito y oscuro se habla en Cuba, pocos ejemplos superan al de Fulgencio Batista. El Guajirito de Banes haría una carrera meteórica no solo en la vida militar y en la política, sino también en el mundo de los negocios.

Por su capacidad de molida diaria, los centrales Washington, Andorra y Constancia, que eran de su propiedad, convertían a Batista en el 14to. hacendado y en 6to. entre los de capital no norteamericano. Poseía además acciones en la Compañía Azucarera Atlántica del Golfo, el mayor consorcio norteamericano en su esfera en Cuba y el segundo grupo en capacidad de molida. Y es probable que fuera también titular de acciones en los centrales Ulacia y Corazón de Jesús. Era dueño además de una de las 40 mayores colonias cañeras. Sus intereses se extendían por varias compañías inmobiliarias, urbanizadoras y de fomento, tanto en La Habana como en Varadero. Era además propietario, en ese balneario, del reparto Kawama, de múltiples edificios en la capital y de vastos terrenos en Miramar, Nuevo Vedado, Puentes Grandes y Ampliación de Almendares.

En lo que se refiere a medios de difusión, eran suyos los periódicos Alerta y Pueblo, la revista Gente, las radioemisoras RHC Cadena Azul (Radio Repórter) y Circuito Nacional Cubano, la Cadena Oriental de Radio y Unión Radio y el Canal 12 de TV, así como las compañías Editorial Mediodía e Inversiones Radiales. También fue propietario único de Cuba Aeropostal, socio mayoritario de Aerovías Q, y el principal entre los socios privados de Cubana de Aviación. Propietario secreto de la Compañía Interamericana de Transporte por Carretera y de otras empresas de transporte, así como socio de la naviera Vacuba.

Entre otras propiedades, pertenecían asimismo a Batista el motel Oasis (Varadero) y el hotel Colony, en Isla de Pinos; la urbanizadora Centro Turístico de Barlovento (Marina Hemingway); las compañías Territorial Playa Francés, De Fomento y Turismo de Trinidad S. A., la Gerona Beach Territorial, y la Hotelera Antillana, que proyectaba en el Parque Martí, en G y Malecón, un hotel de unas 700 habitaciones, a un costo de 25 millones de pesos.

Si el salario de un general del Ejército no pasaba de los 400 pesos mensuales, y el del Presidente de la República era, en 1958, de 12 500, ¿cómo pudo Batista amasar una fortuna que se calcula en 300 millones? Jiménez ofrece una respuesta. La forma en que se aprovechó de la política de financiamiento y concesiones que promovía la banca estatal, bien mediante su apropiación o el cobro a través de terceros de elevadas gabelas a los empresarios beneficiados, por cohecho, malversación e imposiciones, entre estas la del juego prohibido, del que era principal beneficiario, y por el cobro del 30 por ciento de las comisiones que los contratistas pagaban en efectivo por las concesiones de obras recibidas, cuyos créditos Batista supervisaba personalmente.

Batista, con categoría uno en la escala de Guillermo Jiménez, enmascaraba la propiedad o su participación en unas 70 empresas a través de una telaraña tupida de testaferros, intermediarios, cómplices, socios y abogados, dirigida por Andrés Domingo y Morales del Castillo, su ministro de la Presidencia, y de su propia familia.