Acuse de recibo
El pasado 13 de marzo, desde Lugareño, municipio camagüeyano de Minas, Rayluis Sánchez Sifontes reveló que en octubre de 2021 compró un split de aire acondicionado en una tienda MLC de su provincia. Pidió el servicio de la 220 a la Empresa Eléctrica, y le informaron de una larga lista de personas en espera, y que no había contadores en el país. A los días, fue un inspector a su casa, verificó las condiciones y aprobó la solicitud. Pero aún no le habían instalado la 220 cuando me escribió.
«Mi inquietud, decía, es que el equipo tiene un tiempo de garantía, y lo estoy perdiendo sin poder darle uso. Me entero que hay personas que llevan dos años esperando por dicho servicio con split y todo montado. Han perdido la garantía y aún nada. No entiendo cómo es posible que vendan equipos de 220 y no haya cómo poner el servicio al consumidor. Si cuando me pongan la 220 no sirve el split, ¿qué hago yo si ya no tengo a quien reclamar cambiarlo ni nada?», concluía.
Responde Ignacio Méndez Coello, director del Centro Integral de Atención al Cliente (CIAC) de la Empresa Eléctrica de Camagüey, que «la falta de recursos
en el país (cables para acometidas y contadores de energía) para satisfacer las solicitudes de los compromisos comerciales ha estado presente desde el año 2019».
Indica que en esa provincia hay más de 3 000 solicitudes de 220 pendientes de ejecutar. De ellas, 160 corresponden a la Oficina Comercial del área de Rayluis. Actualmente se están instalando las solicitudes recibidas en octubre de 2020 y la de él fue en noviembre de 2021.
«En la medida en que haya disponibilidad de esos recursos, concluye, continuaremos dando solución a las solicitudes de los clientes, con un orden de acuerdo a la fecha de recepción en las Oficinas Comerciales».
Agradezco la respuesta que refleja el problema carencial que hay en estos momentos. Lo que sí no se entiende —y el esclarecimiento estaría mucho más arriba de la Empresa Eléctrica de Camagüey—, es por qué se siguió vendiendo split si desde 2019 hay déficit de los otros recursos.
Lo esencial ahora es que lo que pueda importarse vaya instalándose conforme al orden en que fue solicitada la 220. Y lo que debiera responderse por las entidades comercializadoras en MLC es el cómo se reconsiderará la garantía de los equipos, teniendo en cuenta el tiempo en que sus adquirientes tendrán que esperar por la 220.
Rigoberto Guerra Martínez (José Antonio Echeverría no. 56, altos, entre 18 y 20, reparto Ciro Redondo, Bayamo), desempeñaba funciones de profesor auxiliar en la Facultad de Cultura Física de la Universidad de Granma y fue objeto de una medida disciplinaria el 14 de diciembre de 2021: Traslado temporal por seis meses a una plaza de menor remuneración, con derecho a reintegrarse a su plaza.
Entregó su reclamación al presidente del Órgano de Justicia Laboral (OJL) el 21 de diciembre, dentro del plazo estipulado por el Código de Trabajo. Y este establece que el OJL, a partir del día siguiente de recibir la reclamación, cuenta con un término de hasta 24 días hábiles para emitir la decisión que corresponda y notificarlo a las partes.
La comisión del OJL hizo las entrevistas e investigaciones pertinentes y el Presidente convocó el día 18 de febrero de 2022 para la vista, que no se celebró al no presentarse ningún miembro, ni el Presidente «por falta de transporte», según le expresó. Volvió a convocarla para el 4 de marzo y tampoco se celebró, al no presentarse ni el Presidente ni ningún miembro.
El 15 de marzo Rigoberto fue al Órgano de Trabajo de Bayamo y lo atendió el jurídico, quien prometió alertar a la Universidad de Granma, el Sindicato y el OJL para que resolvieran el caso. Y le dijo que volviera dentro de diez días para darle respuesta de su indagación. El 24 de marzo fue Rigoberto. El jurídico le dijo que al no tener respuesta del Sindicato ni del OJL, le sugería ir a Fiscalía municipal. Y fue. Quien atiende Justicia Laboral le tomó los datos y le informó que el proceso demoraba alrededor de 30 a 60 días para darle una respuesta.
«A los 60 días ya he cumplido con la sanción de seis meses. La Ley se cumple para sancionarme, mas no para darme respuesta de la decisión que corresponda dar a las partes por parte del OJL de la Universidad de Granma», concluye.
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