Acuse de recibo
Joel Lázaro Rodríguez, productor porcino hace más de diez años, y asociado a la Cooperativa de Crédito y Servicios (CCS) Justino Arévalo en el municipio santiaguero de Mella, se cuestiona hasta cuándo lo tendrán esperando por el pago de los animales que entregó en febrero, marzo y abril de este año a la Empresa Porcina Santiago.
El campesino, quien reside en El Tres de Mella, de ese municipio, libera a la Empresa de responsabilidad, porque conoce que esta pagó consecuentemente a la CCS la factura 87 por un importe de 54 386 CUP, y la 109, por 47 668 CUP.
«Del dinero, afirma, ni el presidente de la CCS ni la económica han podido dar una respuesta que aclare la situación. No soy el único productor implicado, nos llenan de excusas y ficticias soluciones como: ya su problema está siendo analizado… estamos gestionando un crédito con el Banco… cuando paguen el ganado le pagaremos algo de la deuda».
Joel personalmente se dirigió al delegado de la Agricultura, quien le dijo que iba a revisar el asunto, que conciliara la deuda con la CCS.
«Así se hizo, añade, pero nada. Ellos no dan un término de pago, y los días siguen pasando. Y a nadie parece importarle. Esto también fue puesto en conocimiento de la presidenta del Poder Popular, quien hace más de un mes me llamó y me dijo que esto iba a ser analizado».
Así como otras veces se refleja la morosidad por parte de empresas agrícolas para pagar al campesino, así también aparece el impago a lo interno de la CCS de lo que la entidad desembolsó. Un asunto que el movimiento cooperativo puede combatir con fuerza. ¿Si no para qué sirve la asamblea de asociados? ¿Por qué no se utilizan los mecanismos democráticos derivados de ella? ¿Qué responde la cooperativa?
Rubén Pedro Feliú García (Avenida 23, no. 2611 A, entre 26 y 28, Jaruco, Mayabeque) no acepta que las lecturas de su metro contador de la electricidad en los meses de abril y mayo pasados, registren costos de 123 y 150 pesos, respectivamente; cuando el promedio tradicional de lo que gasta su hogar se mueve entre 30 y 50 pesos.
Así, el 11 de junio manifestó su inconformidad a la Empresa Eléctrica en Jaruco, mediante una carta que llevó su esposa a Atención a la Población de esa entidad, pues por ser un paciente vulnerable a la COVID-19 estaba aislado en casa. Y en ella solicitaba revisión.
En una segunda visita, le dijeron que tenía que reunirse el consejo de dirección para hacer la respuesta. Y a la tercera, la mandaron a ver a la comercial. Y casualmente estaba allí el inspector, quien le dijo que ya conocía el asunto y que iría el miércoles en la mañana. No fue.
Rubén atestigua que otros clientes han pasado por lo mismo. Llevan meses con ese problema, y con tarifas que sobrepasan los 600 pesos mensuales. Y las razones que se esgrimen son que no hay inspectores, o que el lector cobrador comenzó recientemente y es muy joven. Y envían a los clientes a medir el consumo diario.
Ya a la primera cifra desmedida para el matrimonio en abril, comenzaron un plan de ahorro muy estricto, desconectando equipos buena parte del día. Entonces, ¿cómo es posible que en mayo la cuenta llegara a 150?
Ahora, confiesa Rubén, están anotando diariamente la cifra que arroja el metro contador, la cual oscila entre siete y nueve killowatt hora como promedio. «Veremos con este mes qué pasa», concluye el remitente.
Deyanira La Paz Hernández (Avenida 17 no. 3216, reparto La Victoria, San José de las Lajas, Mayabeque) está muy alarmada porque la fosa de su casa se derrumbó, y al pie de ella hay una columna de cuatro metros que soporta un tanque de agua de mil litros. Ha hecho muchas gestiones, y al fin la visitaron cuatro comisiones.
«Todos, señala, dictaminan y afirman el peligro de esta columna, la cual se está reventando y se puede caer en cualquier momento; peligrando la vida de todos los integrantes de mi familia.
«La fosa está al descubierto; la comisión de Salud Pública afirmó que esto trae propagación de vectores y otras epidemias. Tengo dos hijos, la mayor es inmunodeprimida y el más pequeño de 11 años es alérgico y asmático.
«Sigo en espera de una solución por parte de las entidades competentes», concluye.
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