Acuse de recibo
Ayer me dijiste que hoy,/ hoy me dices que mañana/ y mañana me dirás/ que se te quitó la gana. Con esta copla popular solía entretenernos mi abuelo, y así nos mostraba, en versos de pueblo, cómo a veces se iban posponiendo y peloteando los asuntos de un día para otro.
Me viene a la mente el pasaje tras leer la carta de la joven santiaguera Ytteb Sladys Domínguez Font (Carbot No. 92, entre Coronel Chávez y Final, San Luis), a quien le han dilatado una y otra vez la obtención de la prótesis que necesita.
Ytteb se desempeña como presidenta de una organización de base de la ANAP en su municipio y, tras un accidente de tránsito en enero de 2017, en el que perdió el brazo izquierdo, debió enfrentar casi un año de operaciones y rehabilitación. Después de eso fue remitida al taller de prótesis ortopédicas en Santiago de Cuba. «Ahí comienzo a asistir a consulta, donde me prepararían para ponerme una prótesis», narra la remitente.
Una vez que estuvo listo el muñón para asimilar dicho aditamento —relata la joven— «la doctora me da las recetas para la misma; el compañero que atiende este campo en dicho taller me dice que no había material en ese momento, que llamara en enero (de 2018), para ver si había llegado; esto fue en diciembre. En enero me dijeron que llamara en febrero, y ahora me dicen que llame en marzo, porque el problema es que no hay transporte para trasladar los materiales de La Habana a Santiago».
La mujer, madre de dos niños, que ya enfrentó con sus 36 años el aciago accidente y la amputación, se pregunta cuánto más deberá seguir esperando. Y este redactor, conociendo como cualquier cubano que cada día salen de la capital hasta Santiago de Cuba transportes disímiles —desde los ómnibus interprovinciales hasta carros de empresas y organismos— medita en si no se puede acaso coordinar entre entidades para asunto tan delicado. ¿«No hay y no se puede» es el resumen de todas las gestiones y alternativas exploradas?
Roger Osorio Serrano (Calle G, No. 19, entre 9 y 10, Rpto. La Pelota, municipio de Báguanos) aún no sabe a ciencia cierta sobre qué bases fundamentaron su democión. El holguinero se desempeñaba como administrador de la Unidad No. 3202 La Avenida, perteneciente a la Empresa Municipal de Comercio y Gastronomía de su territorio, pero el 8 de mayo de 2017 recibió una orientación que le cambió de un golpe la suerte.
«Se me indica por el director Carlos Manuel Céspedes Núñez que le haga entrega de la unidad a la exjefa de bloque, Rita María Guerra Sarmiento, sin que mediara resolución de medida disciplinaria hacia mi persona», relata el holguinero.
Durante el mes de junio, y encontrándose de certificado médico, hizo gestiones Roger a fin de saber las causas de la medida. El propio Director, sin ofrecer otros elementos del caso «me ofertó las plazas de custodio en la unidad No. 4003 Los Pinos o dependiente integral de víveres en la unidad No. 3452 La Caoba; (…) insistí en cuáles eran las razones y finalmente me dijo que “contaba con una serie de quejas y actas en contra de mi persona”, pero no pudo mostrar esos documentos», evoca el doliente.
Y añade que en ningún momento ha sido objeto de sanción, ni ha firmado actas con elementos en su contra durante su tiempo como administrador. No obstante, «teniendo en cuenta que soy un padre de familia, acepté temporalmente la plaza de dependiente integral de víveres hasta tanto se diera solución a mi caso», refiere.
Pasó el tiempo, Roger ha revisado incluso su expediente laboral, y en él no constan medidas disciplinarias, ni actas. «He agotado los recursos habidos y por haber a nivel de mi organismo y no he tenido respuesta alguna de la ilegalidad que han cometido conmigo. (…) El Grupo Empresarial de Comercio Provincial de Holguín tiene pleno conocimiento de esto y no ha resuelto nada en lo absoluto. (…) Es mi prestigio el que está en juego y no puedo tolerar las decisiones incorrectas», defiende el remitente.
¿Qué dicen quienes deben darle razones al respecto?
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