Acuse de recibo
Engañados, como a quienes les anunciaron un pelado moderno y terminaron pasándoles la máquina al cero, se sienten los barberos capitalinos Odalys Sacerio (Mayía Rodríguez No. 562, entre O’Farril y Acosta, 10 de Octubre), Bárbara Noguera Bernal, Samuel Matos y William Santuce. Y sus razones tienen, a juzgar por lo narrado en la carta que nos remiten.
Resulta que estos trabajadores por cuenta propia ejercían la actividad de peluquería-barbería en el local existente con ese fin en el complejo comercial Mónaco, de la Víbora, mediante contrato de arriendo del referido inmueble con la Empresa Provincial de Servicios de La Habana, evocan los reclamantes.
«El 11 de noviembre de 2016 se nos notificó de forma verbal la terminación inmediata del contrato, porque dicho local sería entregado al Consejo de la Administración Municipal de 10 de Octubre para su reparación y no sería utilizado más como barbería. Tal situación motivó que después de trabajar allí por mucho tiempo y tener cada uno de nosotros sus clientes fijos, fuéramos reubicados individualmente en otras barberías del municipio, donde, por supuesto, ha sido muy difícil ejercer nuestro oficio, porque los usuarios no nos conocen, lo cual ha perjudicado nuestra economía doméstica», relatan los habaneros.
«Lo insólito —apuntan— es que después de que nos sacaron de la barbería del Mónaco, el local siguió bajo la administración de la propia Empresa Provincial de Servicios de La Habana y, para colmo, luego de que concluyera la reparación, fue entregado nuevamente en arriendo a otros cuentapropistas para ejercer la misma actividad que veníamos desarrollando nosotros, sin darnos explicación alguna».
Por lo descrito —añade este redactor—, parece que no solo se dio un mal tijeretazo en esta historia.
Dilaciones. Evasivas. Atención deficiente. Tales son las respuestas que siente haber recibido la veterana guantanamera Gertrudis Jhonson Urgellés (Moncada No.981, e/ Emilio Giro y Donato Mármol), con respecto a sus peticiones de apoyo en cuestiones de vivienda.
Desde hace una década —señala la remitente— está en trámites con las instancias correspondientes de su provincia e incluso algunas superiores, como el Instituto Nacional de la Vivienda.
En el año 2012 solicitó la mujer un subsidio, de acuerdo con las nuevas posibilidades que se abrían en ese particular. Pero hasta el momento de escribirnos (la carta llegó a JR el 13 de marzo pasado), todo había sido infructuoso. A su deteriorada salud, y el solo cobro de pensión de jubilada, une Gertrudis el hecho de vivir con su nieta, que tiene retraso mental. Los padres de la niña tampoco tienen hogar propio, precisa.
Algunas de las respuestas institucionales a sus peticiones han indicado que debería seguir el orden de los damnificados por ciclones en el territorio, refiere la guantanamera, pero ella no comprende esto e invita a que se revise cómo su caso lleva muchos más años dando tumbos que otros de la provincia.
El hogar de Gertrudis ya ha sido declarado inhabitable. Como evidencia de sus precarias condiciones, la abuela anexa fotos a la carta. ¿Cuánto tendrá que esperar? ¿Qué pueden argumentar al respecto las autoridades de la provincia?
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