Acuse de recibo
Lo decimos, una y otra vez, y no es el estribillo de una canción. Mientras algunos «floten» por encima de las normas de convivencia y de las leyes, la tan necesaria institucionalización del país se verá menoscabada.
Vuelve a esta columna la idea tras leer la inquietante misiva que firman Maritza Escalona Franco, como vicepresidenta del Consejo de Vecinos, y otros 28 capitalinos residentes en el edificio multifamiliar sito en calle 18, No. 9, entre Línea y Calzada, en Plaza de la Revolución.
Escribí «multifamiliar» porque eso es precisamente lo que aclaran en primera instancia los remitentes, que se trata de un edificio múltiple, con un total de 21 apartamentos, construido en 1944, como consta en el certifico de numeración emitido el 25 de agosto de 2011 por Planificación Física a nivel provincial.
Pues bien, sucedió que en la mañana del pasado 24 de junio se llevaron a cabo acciones de demolición por la vecina residente en el apto. 9 altos y trabajadores de Secons (Servicios especiales de la Construcción), quienes causaron daños considerables a elementos del patrimonio común, como «la destrucción e inutilización de los dos tanques de asbestocemento de 1 500 litros cada uno, que abastecían de agua a la edificación, y de la base que les daba soporte, los cuales habían permanecido en el lugar del hecho desde la construcción original del edificio», narran los vecinos.
También, apuntan, se destruyeron «parte de las instalaciones hidráulicas, cableado telefónico, instalaciones eléctricas y cubierta de viviendas —existen informes de daños y tasación de afectaciones emitidos por la Unidad Municipal Inversionista de la Vivienda (UMIV) por valor de 3 924,00 CUP (…), y entregados directamente a las autoridades competentes».
Acotan que desde ese día, el conjunto de familias, compuesto por 43 personas, quedó sin agua, con la excepción del apartamento de la responsable del descalabro. Las familias llevaban al momento de escribirnos más de 70 días sin el líquido y no habían tenido respuesta alguna del restablecimiento de ese servicio.
«Con anterioridad, en junio de 2011, dicha compañera empleó la toma central de agua del edificio para abastecer un tanque usado como cisterna particular que enterró en el jardín, y dejó sin agua por ocho días a los 20 apartamentos restantes, tiempo en que hubo que hacer una acometida nueva de más de 40 metros, siguiendo otra trayectoria y con recursos propios del colectivo de vecinos», evocan los dolientes.
Entre el 2011 y 2012 —detallan— la vecina también realizó «un acceso desde su vivienda hacia la azotea del edificio (área común) con una escalera y caseta techada». Estas y otras acciones están amparadas en licencias y documentos emitidos fundamentalmente por la UMIV, Arquitectura y la Dirección Municipal de Vivienda de Plaza y en la existencia de un documento legal (...) —de dudoso origen, afirman los remitentes— que dice que su vivienda es una biplanta, lo cual contradice el certifico de numeración de nuestro edificio e incluso el documento legal de los vecinos de los bajos que dice claramente que es un apartamento perteneciente a un edificio multifamiliar».
Añaden los afectados que en abril de 2011 fue orientada por la Unidad Provincial Inversionista de la Vivienda (UPIV) la paralización y revisión de la licencia emitida a la vecina de marras, pero esto nunca se hizo.
«Mencionar aquí cada funcionario al que le hicimos saber a lo largo de estos años de nuestras preocupaciones sería interminable. Es penoso ver cómo a pesar de las reiteradas ocasiones, desde el 2011, en que nuestro colectivo y nuestro delegado vienen poniendo en conocimiento a las entidades a nivel municipal de estos hechos —dígase DMV, Consejo Carmelo, UMIV, Gobierno…—, esas gestiones desemboquen cuatro años después en tan lamentables resultados», expresan los capitalinos.
El 15 de julio último —refieren— se efectuó una reunión en el Gobierno municipal con participación de varios factores, y se orientó investigar el asunto. ¿Qué ha salido de esas investigaciones? Hasta ahora, los vecinos no saben nada. Lo único que resaltan es el interés y la correcta atención del compañero Ciro, director de la UMIV.
¿Hasta cuándo la impunidad?, se preguntan estos ciudadanos. Urgen las respuestas y las acciones.
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