Acuse de recibo
Si al mítico Teseo le tocara desandar el laberinto burocrático en que a veces nos enredamos en estos lares, tal vez ni el hilo de Ariadna lo hubiese salvado tras su combate con el Minotauro.
El 27 de febrero de este año publicamos aquí el caso del habanero Luis A. Brizuela Puebla (Edificio 2, apto. 32, batey Camilo Cienfuegos —Hershey—, Santa Cruz del Norte), quien lleva tres años en espera de los papeles de su casa.
El asunto, refería el lector, comenzó en abril de 2007, cuando le asignaron una vivienda en un local que funcionaba previamente como consultorio médico, perteneciente al MINAZ. Al clausurarse el Central Camilo Cienfuegos, la edificación pasó a formar parte de la Empresa Agroindustrial de similar nombre (EACC), donde labora Luis.
Nunca pudo vivir la casa el habanero. En el Edificio No. 2, apto. 32, cuarta planta habitaba otro trabajador, cuyo estado de salud le impedía subir y bajar escaleras; y Luis, con sentido humanitario, accedió a realizar un cambio de vivienda que le solicitaron las autoridades.
El enfermo falleció a los pocos días, pero su familia sí se mudó para aquel domicilio. En tanto, Brizuela Puebla se instaló en el apartamento de marras el 22 de junio de 2007.
A partir de ahí siguió un larguísimo proceso de trámites, llamadas, entrevistas, gestiones infructuosas para obtener los papeles correspondientes.
Al respecto, en una detallada misiva, nos respondió —y lo publicamos el 17 de abril— Reynaldo Vargas Ledea, director general de la EACC.
Para legalizar el apartamento ocupado por el doliente, que constaba como «vinculado» en el patrimonio de la institución desde 1989, era necesario derogar el contrato de arrendamiento suscrito entre el trabajador que falleció, Carlos E. Jonson, y la empresa, con lo cual no estaba de acuerdo este.
Mientras se laboraba en la documentación para hacer los cambios de régimen falleció Carlos, pero la empresa promovió expediente a favor de su viuda, la heredera.
Después, según narraba el directivo, se emprendieron acciones legales múltiples relacionadas con el estatus de uno y otro inmueble, entre las distintas entidades del MINAZ y las de la Vivienda.
Desde el 17 de febrero último, enfatizaba Reynaldo, el caso se encontraba una vez más en la Dirección Provincial de Vivienda con la proposición de que el inmueble medio básico ocupado por la familia del fallecido, pasara a vinculado, y el de Brizuela Puebla se mantuviera en el mismo concepto de vinculado, lo cual permitiría hacerle un contrato de arrendamiento, y que, pasado el tiempo legal reglamentario, pudiera obtener la propiedad.
Culminaba el Director abogando porque algunos procedimientos relativos a los inmuebles de las instituciones estatales se flexibilizaran a fin de buscar soluciones más ágiles y beneficiosas para los trabajadores.
Desde la Dirección Provincial de la Vivienda de La Habana, llegó a nuestra sección otra misiva en torno al caso. La firman Alexis Ortiz Díaz, director de esa entidad, y María C. Armas Cabrera, subdirectora.
Argumentan los funcionarios que en un momento de la azarosa trayectoria, por falta de algunos elementos legales necesarios, era imposible cambiar el estatus de medio básico del inmueble que ocupa la familia del trabajador que murió. En el caso del que ocupa Brizuela, en virtud de la Resolución 399/05, no se podía declarar como vinculado.
Además, existía el inconveniente de que los consultorios del médico de la familia, por indicaciones del Ministro de Salud Pública, no pueden cambiar su estatus.
Con posterioridad —prosiguen los directivos habaneros— quedó claro que el inmueble declarado medio básico como posta médica, no entraba dentro de la legislación del MINSAP, ya que el mismo era un apartamento de un edificio que solo en un momento determinado funcionó como consultorio y vivienda del médico.
«Con fecha 15 de marzo recibimos la indicación del organismo superior, que se podía proceder a declarar nuevamente viviendas en concepto de vinculadas, por la Resolución No. 340/09, que derogó la 339/05, por lo que a partir de esta fecha no existe objeción para darle solución al caso»..., afirman.
Nos alegra que finalmente asome la luz en medio del largo túnel de este problema. Y ojalá los próximos pasos no demoren otros tres años. Luis A. Brizuela Puebla es un trabajador que lleva 13 años sirviendo fielmente a su entidad y ni siquiera posee una libreta de abastecimiento, o la facultad para reparar y remodelar su inmueble. Es hora ya de que deje de ser «ilegal» en su propia casa.
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