Acuse de recibo
Se acumulan inexorablemente las respuestas de las instituciones. Se atrasa su publicación, y me disculpo.
El 29 de diciembre de 2007, Ada González, de Santa Clara, planteaba que, pasando su hijo Luis Enrique Pérez el Servicio Militar, fue a la unidad una funcionaria de la Dirección Provincial de Trabajo y Seguridad Social a ofertar la carrera de Estomatología. El joven la solicitó y lo aprobaron. Concluido el Servicio, matriculó para el Curso 2007-2008 en la Facultad de Estomatología de Santa Clara con todo en regla.
Comenzó sus clases y todo marchaba bien hasta que el 22 de noviembre de 2007 le informaron, en la Dirección Municipal de Salud, que los alumnos desmovilizados de las FAR no podían continuar estudiando la carrera. Había sido un error hacerlos ingresar por esa vía. Ada cuestionaba que por una equivocación fueran los estudiantes quienes pagaran las consecuencias.
Al respecto, el doctor Roberto González Martín, viceministro de Docencia e Investigaciones del MINSAP, aclara que «para estudiar las carreras de Ciencias Médicas, los jóvenes deben cumplir requisitos establecidos en la resolución del destacamento Carlos J. Finlay y en las normativas para el ingreso a la educación superior en las carreras de Salud Pública». Los análisis que se realicen en un territorio, agrega, tienen que estar avalados por la comisión de ingreso provincial, presidida por el Ministerio de Educación Superior, que es la encargada de otorgar las carreras universitarias.
A partir de lo sucedido, se orientó al Instituto Superior de Ciencias Médicas de esa provincia que realizara un análisis detallado. Esclarecido el caso y evaluado con la comisión de ingreso, «se comprobó que a pesar de no haberse realizado el proceso de manera correcta, al no conciliar la matrícula con la comisión de ingreso provincial, no existieron violaciones en el otorgamiento de dicha carrera.
«Teniendo en cuenta esos elementos, que es una necesidad la formación de este recurso en ese municipio, y la no existencia de otros estudiantes con interés en estudiar esa carrera, los directivos del MES y el MINSAP decidieron aprobar excepcionalmente el regreso de Luis Enrique a la carrera».
Y la segunda respuesta corresponde a la queja de Rogelio F. Marcelo Casado y otras 11 familias, en calle Martí número 80, entre Calixto García y Máximo Gómez, Sagua la Grande, Villa Clara, publicada el 21 de febrero.
Contaba Rogelio que a su edificio le cambiaron la bomba de agua y fue pagada al contado por los beneficiados. Cuando escribió, la turbina no arrancaba hacía más de dos semanas y ello obligó a los vecinos a hacer gestiones en Mantenimiento de la Vivienda. Allí respondieron que ellos «habían hecho el favor de cambiarla y cobrarla». Entonces los inquilinos fueron al Gobierno municipal y supieron que estaba en discusión a qué organismo correspondía atender el asunto.
Ahora responde Marina Espinosa Espinosa, jefa del Departamento de Atención a la Población en la Dirección Provincial de Vivienda de Villa Clara, quien precisa que «el Consejo de Dirección de la Vivienda en la provincia evaluó integralmente el caso. Se investigó con los vecinos, y se comprobó que la turbina fue reparada con esfuerzo propio antes de que saliera la queja en JR y que, ciertamente, no habían recibido en su momento las orientaciones requeridas, pues no existía claridad acerca de quién es el responsable de la reparación de estas turbinas.
«Realizamos las consultas necesarias con el Instituto Nacional de la Vivienda, determinándose que el cambio o reparación de dichas turbinas corresponde a la Delegación de Recursos Hidráulicos (de Villa Clara)».
Por último, aclara que se han tomado «las medidas pertinentes para que no vuelvan a suceder situaciones de esta índole que irritan con razón a nuestro pueblo», aunque esta columna lamenta que no se hayan precisado cuáles son esas medidas. ¿Por qué parece tan trivial brindar una respuesta integral?
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