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George J. Mitchell no se arrepiente. Once meses después de divulgar el informe que lleva su nombre, él está convencido —lo dice el diario New York Times— de que hizo lo correcto: denunciar a los jugadores profesionales de béisbol que consumen drogas en Estados Unidos.
Fue en marzo de 2006 cuando Mitchell, un congresista de la Unión, recibió la encomienda del comisionado Bud Selig para iniciar la investigación. Sus conclusiones, publicadas el pasado 13 de diciembre, desenmascaraban a 90 peloteros como consumidores de medicamentos ilegales.
Mitchell emitió entonces 20 recomendaciones al mundo beisbolero, y cuatro meses después, Selig y el sindicato de jugadores aplicaron la tercera enmienda en cuatro años a la política antidrogas. No hubo sanciones disciplinarias contra los tramposos, aunque un puñado de ellos fueron conminados a hacer trabajos comunitarios y se reforzaron los controles médicos.
Pero a despecho de las sugerencias de Mitchell, no hay un diseño claro de las regulaciones antidrogas.
Mientras, la vehemente defensa de Roger Clemens, el ex lanzador acusado por su entenador Brian McNamee como consumidor de sustancias prohibidas entre 1998 y 2001, han sazonado el espectáculo mediático.
Robert D. Manfred, un ejecutivo de las Grandes Ligas, declaró que el informe Mitchell «tuvo dos significados especiales para nosotros: que debemos lidiar con una zona oscura de la historia de nuestro deporte, y que debemos trazar una nueva ruta, si no queremos que el béisbol profesional continúe siendo un terrible ejemplo para los jóvenes».
