Cuba pretende el impulso de su industria petrolera. Autor: Tomada de Cubadebate Publicado: 12/10/2026 | 04:14 pm
La Mayor de las Antillas apuesta por el desarrollo de sus capacidades energéticas y la recuperación de la industria de los hidrocarburos, así lo confirmó Pedro Abigantus León, director de Inversiones y Negocios de Petróleo y Gas del Ministerio de Energía y Minas (Minem), en conferencia de prensa, tras anunciar la aprobación del Decreto-Ley 135, que modifica las condiciones para la exploración y explotación del petróleo y el gas, y permite la participación de diversos actores económicos nacionales y extranjeros en el sector.
De acuerdo con la información ofrecida por Cubadebate, la normativa presenta transformaciones en las formas de contratación que amplían las opciones disponibles para gestionar los recursos petroleros, flexibiliza los procedimientos de calificación de las compañías interesadas y contempla la participación de personas naturales y jurídicas nacionales, en relación con las regulaciones aplicables a cada actor económico.
El mencionado Decreto-Ley, junto al Decreto 184, que incluye su reglamento, y una resolución complementaria del Ministerio de Finanzas y Precios para regular los detalles tributarios de la industria petrolera, constituyen el paquete que pretende potenciar una industria que requiere inversiones en todos sus eslabones.
Abigantus León explicó que la norma responde a la necesidad de atemperar una legislación que había quedado desfasada frente a las condiciones actuales de la economía y los requerimientos de desarrollo del sector, y que el propósito es crear condiciones jurídicas para incrementar progresivamente la producción de petróleo crudo y gas natural, elevar las reservas que permitan sostener ese crecimiento y cubrir, en el mayor grado posible, la demanda nacional de combustibles y sus derivados.
La nueva disposición jurídica se relaciona con la intención de recuperar el Sistema Eléctrico Nacional e impulsar la soberanía energética, en correspondencia con las transformaciones económicas y sociales que desarrolla el país, amparadas en la Constitución de la República, los lineamientos de la política económica y social, la conceptualización del modelo económico cubano y las bases del Plan Nacional de Desarrollo Económico y Social hasta 2030.
Según Cubadebate, para la elaboración de la norma se analizaron y tuvieron en cuenta las regulaciones de 18 países en el sector, se estudió la experiencia de Cuba en las actividades petroleras y se consultaron 31 instituciones, en un proceso que recibió 389 observaciones a las versiones de los documentos; de las cuales se incluyeron 347.
En palabras del directivo, un propósito fundamental que persigue el Decreto-Ley 135 es el fortalecimiento de la participación en las actividades petroleras de los nuevos actores y formas de intervención, sin separar esos cambios del resto del ordenamiento jurídico nacional, por lo que expone transformaciones en las modalidades de contratación.
Desde 1990 hasta la fecha, el país empleaba los contratos de producción compartida, y ahora le agrega la posibilidad adicional de la concesión petrolera, pero también deja abierta la posibilidad de establecer otros tipos de contratos si las características de una actividad así lo requirieran, para adaptar los mecanismos de participación a las necesidades de cada eslabón de la cadena.
El director de Inversiones y Negocios de Petróleo y Gas del Ministerio de Energía y Minas (Minem) aseguró que el Decreto-Ley establece un proceso más flexible de calificación de compañías y reglas que ofrecen seguridad jurídica a los inversores, con los objetivos de ampliar las posibilidades de exploración y explotación en un escenario económico y energético diferente, así como de conseguir nuevos socios y disponer de los recursos financieros y tecnológicos necesarios para elevar la producción, desarrollar reservas y mejorar las capacidades operativas de la industria.
Sin embargo, la participación no se limita a inversores extranjeros, sino que impulsa la inclusión de actores económicos privados nacionales en cualquier operación del sector, sean personas naturales y jurídicas nacionales, bajo el régimen que corresponda a las micro, pequeñas y medianas empresas, las empresas privadas con más de 100 trabajadores y los trabajadores por cuenta propia.
Los nacionales cubanos podrán estar en acciones que se extienden desde la exploración y extracción de hidrocarburos hasta las actividades indispensables para el funcionamiento de la industria, sus suministros, servicios y comercialización. De esta forma, el desarrollo del sector no dependerá solo de la incorporación de capital para las operaciones extractivas, sino que potenciará las capacidades nacionales en los servicios y actividades de la industria.
Como explicó Cubadebate, la legislación priorizará los bienes y servicios de producción nacional frente a los extranjeros cuando cumplan las especificaciones de calidad exigidas, se suministren en los plazos requeridos y tengan un costo razonable y comparable con otras fuentes de abastecimiento, así se favorecerán los encadenamientos productivos nacionales y se ampliará el protagonismo de las capacidades del país en el suministro de bienes y servicios a la industria petrolera.
No obstante, el medio informativo cubano también aclara que la participación privada, tanto en esta esfera como en las restantes actividades, deberá ajustarse a las regulaciones correspondientes, y que la norma no elimina los requisitos específicos ni convierte la totalidad de las operaciones petroleras en actividades de libre ejercicio para cualquier actor económico.
A pesar de las flexibilidades en la industria, el Decreto-Ley 135 reafirma el control estatal sobre los recursos petroleros, amparado en los artículos de la Carta Magna vinculados con la propiedad socialista de todo el pueblo sobre los recursos naturales del subsuelo y los yacimientos, así como sobre los recursos naturales de la zona económica exclusiva. Por tanto, la norma otorga a Cuba el espacio para ejercer su jurisdicción y protección de estos recursos, y determinar cómo, con quiénes y bajo qué condiciones se desarrollan las actividades de exploración y explotación.
Una norma en pos del crecimiento
El fin principal de la legislación, a decir de Cubadebate y el directivo, es contribuir a cubrir, en el mayor grado posible, la demanda nacional de combustibles, con los tipos y calidades que requiere la economía, así como disponer de productos derivados que puedan respaldar el desarrollo futuro de la industria petroquímica. Es decir, la disponibilidad de hidrocarburos y la creación de condiciones para conseguirlos, pero también las posibilidades de aprovecharlos en actividades económicas de mayor valor agregado.
Los resultados no solo dependen de las facilidades en el texto de la norma, sino de la materialización de inversiones, la incorporación efectiva de tecnologías y el desarrollo de las capacidades productivas necesarias para convertir las nuevas posibilidades legales en mayores volúmenes de producción.
A su vez, el desarrollo de la industria petrolera requiere elevar los estándares de seguridad y reducir los impactos ambientales de las operaciones, un aspecto que la nueva disposición no deja de lado. En ese sentido, promueve la introducción de mejoras tecnológicas para incrementar el rendimiento y la eficiencia, fortalecer la protección de las instalaciones y disminuir los riesgos asociados a las actividades petroleras.
También enfatiza en la necesidad del empleo de fuentes renovables de energía y el desarrollo de la innovación, la transformación digital, los sistemas automatizados y la inteligencia artificial en la industria, que exige controles rigurosos durante todas sus operaciones, la protección de las instalaciones y el manejo seguro de los desechos generados por la industria.
Sobre ese tema, Abigantus León insistió en que la ampliación de los participantes debe acompañarse de una atención permanente a la seguridad de los procesos, la salud laboral, la protección de las personas y el medio ambiente, así que la apertura a nuevas modalidades no elimina las exigencias técnicas y ambientales, más bien, demanda un proceso de preparación, capacitación, la supervisión y el cumplimiento de las regulaciones tanto por parte de las instituciones como de las personas.
El desarrollo de la producción nacional de hidrocarburos es clave para la seguridad energética de la nación y la reducción de las limitaciones económicas para la adquisición de combustibles. Por lo que, este decreto-ley amplía las modalidades contractuales, abre el sector a actores privados nacionales y a la continuidad de la inversión extranjera, con la finalidad de obtener los recursos financieros, tecnológicos y materiales para una industria que necesita recuperar capacidades y elevar su producción.
