El Ministerio de Finanzas y Precios de Cuba emitió la Resolución 86/2026, que actualiza y fortalece las políticas de prevención y combate al lavado de activos, financiamiento al terrorismo y proliferación de armas de destrucción masiva en el país.
La normativa, publicada en la Gaceta Oficial Ordinaria número 37 y en vigor desde este miércoles, destaca el papel fundamental de los tenedores de libros o contadores como figuras claves para garantizar la transparencia y actuar frente a posibles delitos financieros.
Yenisley Ortiz Mantecón, viceministra del sector, explicó que la resolución complementa el Decreto-ley 317 del 2012, que establece el marco legal principal en la materia, refiere la Agencia Cubana de Noticias en su sitio web.
El Comité Nacional, que incluye diversas instituciones como el Banco Central, lidera las acciones, ahora ampliadas para incluir no solo a trabajadores por cuenta propia, sino también a micro, pequeñas y medianas empresas, cooperativas no agropecuarias y proyectos de desarrollo local que realicen teneduría de libros.
Con más de 1 700 actores económicos no estatales involucrados, todos se convierten en sujetos obligados para cumplir con la normativa.
Entre sus responsabilidades están identificar y evaluar riesgos, practicar la debida diligencia, conocer a sus clientes e identificar beneficiarios finales, con el reporte de operaciones sospechosas a las autoridades correspondientes. Incluso, pueden negarse a prestar servicios a clientes incluidos en listas nacionales e internacionales vinculadas con el terrorismo.
Además, la normativa define procedimientos claros para supervisar y controlar los registros contables que incluyen guías para detectar posibles acciones fraudulentas y evasión fiscal, delitos severamente penalizados en Cuba.
La Oficina Nacional de Administración Tributaria (ONAT) participa activamente en la implementación, capacitación y supervisión, al involucrar a sus direcciones provinciales y municipales, así como áreas de registro, servicios, jurídica y verificación fiscal.
Como miembro del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT), Cuba busca perfeccionar continuamente su política para enfrentar estos delitos financieros, mediante el fortalecimiento de los mecanismos de formación y control entre los responsables.
