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De la coherente interrelación que se logre entre el Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente, los Gobiernos provinciales, el Instituto Nacional de Ordenamiento Territorial y Urbanismo, entre otras entidades, dependerá el éxito de la aplicación del Decreto-Ley 77 De las Costas y su reglamento, recientemente aprobado en el país.
Lo anterior fue aseverado por Antonio Casanova Guilarte, segundo jefe de la Oficina de Regulación y Seguridad Ambiental, en conversación con Juventud Rebelde luego de su intervención en la reunión nacional de la entidad, que sesiona hasta este viernes.
Reconoció el rol importante que desempeñó el Decreto-Ley 212 relativo a la gestión integrada de la zona costera, pero la promulgación de la nueva Ley 150, demanda contar con nuevas herramientas, y el propio dinamismo de la zona costera en la actualidad también lo exige, agregó.
«Contamos con nuevas figuras en el contexto económico cubano actual que hacen uso de la zona costera, y la insular geografía de nuestro país, y el desarrollo del turismo asociado a ella, requieren de una nueva visión.
«El Decreto-Ley 77 posee elementos nuevos que ha aportado la ciencia, así como el necesario reconocimiento a la protección de los asentamientos costeros, donde inciden factores de índole cultural. Ese reconocimiento del patrimonio construido y de la población de esos lugares fue tomado en cuenta, al igual que los niveles de las actividades extrahoteleras que se desarrollan en la zona costera».
Destaca Casanova Guilarte que la nueva norma jurídica demanda que las alianzas entre las diferentes entidades se logren de manera articulada, y que el control y las acciones reguladoras sean eficientes.
«Existen elementos que hoy son inviables y que requieren, además, de una acertada regulación, en tanto pueden emitirse normas de menor jerarquía que complementen la ejecución del Decreto-Ley 77.
«Urge la responsabilidad en el actuar y en la asunción del compromiso que asuman los Gobiernos locales con los sectores, que deben ver el manejo integrado costero efectivo como una oportunidad para su propio desarrollo territorial, en dependencia de los beneficios que recibirán, y contando con el asesoramiento de los centros de investigación, como la Agencia de Medio Ambiente, el Instituto Nacional de Ordenamiento Territorial y Urbanismo, entre otras entidades».
Casanova Guilarte insistió en que, además, la divulgación es imprescindible en aras de la educación ambiental y como estrategia para comunicar lo bien hecho y lo mal hecho, que sirva como aprendizaje.
