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Asamblea Nacional del Poder Popular Autor: Roberto Suárez Publicado: 13/12/2022 | 01:07 pm
Con la presencia del líder de la Revolución Cubana, el General de Ejército Raúl Castro Ruz, y el Primer Secretario del Comité Central del Partido Comunista y Presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, se reanudó este martes el décimo período ordinario de sesiones de la Asamblea Nacional del Poder Popular (ANPP) en su novena legislatura.
Durante la jornada de este martes, el Primer Ministro de la República, Manuel Marrero Cruz, informará sobre las medidas dirigidas al enfrentamiento del delito, la corrupción, las ilegalidades e indisciplinas sociales.
Foto: Tomada de @PresidenciaCuba/Twitter
De igual forma, se abundará en la situación demográfica del país, y se presentará el dictamen de las distintas comisiones parlamentarias.
El Consejo de Estado, presidido por Esteban Lazo, llevará a cabo su rendición de cuenta, además de otros organismos como el Ministerio de Comunicaciones y la Contraloría General de la República.
Foto: Roberto Suárez
Como parte de las actividades de la jornada, se presentará el Proyecto de Ley de la Contraloría General de la República de Cuba y del Sistema de Control Superior de los Fondos Públicos y de la Gestión Administrativa.
También se abordará el Proyecto de Ley de la Expropiación por Razones de Utilidad Pública o Interés Social.
El X Periodo Ordinario de Sesiones de la Asamblea Nacional del Poder Popular se desarrollará hasta el 14 de diciembre en el Palacio de Convenciones de La Habana.
Aprueban diputados Ley de la Contraloría General de la República
Los diputados a la Asamblea Nacional del Poder Popular (ANPP), en cumplimiento con el cronograma legislativo, aprobaron hoy la Ley de la Contraloría General de la República, reporta la ACN.
Gladys Bejerano Portela, contralora general. Foto: Maykel Espinosa Rodríguez
Gladys Bejerano Portela, contralora general, señaló que la normativa responde a la necesidad de dar cumplimiento al mandato constitucional que reconoce a la Contraloría General de la República como órgano del Estado encargado de velar por la correcta y transparente administración de los fondos públicos y el control superior sobre la gestión administrativa.
Destacó la amplia muestra de criterios y propuestas recibidas por el Grupo Temporal de Trabajo de la Contraloría y precisó que se tuvieron en cuenta las opiniones de auditados y auditores y se consultaron las administraciones.
La ley se adecúa al nuevo escenario económico y a las transformaciones de la cuales se encargan determinados entes que ejercen sus funciones en aras de garantizar el orden político e ideológico, en consecuencia con la Conceptualización del Modelo Económico y Social Cubano de Desarrollo Socialista, agregó.
En el Palacio de Convenciones de La Habana dijo que la norma esboza los principales rasgos del control en la mayor de las Antillas, que debe ser sistemático, eficiente y riguroso a cada nivel para prevenir y fiscalizar el cumplimiento de los objetivos trazados.
Foto: Roberto Suárez
Dicha disposición legal concede al control interno y externo un rol fundamental, porque asegura la eficiencia y eficacia de las entidades de carácter empresarial, las que, con independencia de su forma de propiedad, están sujetas al cumplimiento del marco regulatorio y de control definido por la ley.
La normativa contribuirá a una mayor efectividad en la implementación de los Lineamientos de la Política Económica y Social del Partido y la Revolución para ampliar las posibilidades de participación de los directivos y trabajadores en los procesos de control, apuntó Bejerano Portela.
Afirmó la contralora general que este documento se dirige, además, a fortalecer las acciones preventivas que ejercen los Órganos del Estado y Gobierno, entidades, organizaciones políticas, sociales y de masas y el pueblo en general sobre la gestión administrativa, en función de promover y exigir el respeto a la legalidad, la transparencia de la gestión pública y la protección de los derechos ciudadanos.
Reforzar los sistemas de control interno, hacerlos más eficaces y proactivos, a tono con los retos y transformaciones que tienen lugar en Cuba, es una de las prioridades de la Contraloría General de la República, trascendió hoy en el X Período Ordinario de Sesiones de la Asamblea Nacional del Poder Popular (ANPP), en su IX Legislatura.
Aprueban Ley de Expropiación por Razones de Utilidad Pública o Interés Social
Meisi Bolaños Weiss, ministra de Finanzas y Precios, hizo hincapié en la relevancia del proyecto de Ley de la Expropiación por Razones de Utilidad Pública o Interés Social para completar el régimen jurídico de la expropiación por dichas condicionantes, estableciendo por ley las bases para determinar su utilidad y necesidad, las garantías debidas, la forma de indemnización y otras cuestiones procedentes en razón del mandato constitucional.
Agregó que este proyecto de ley es resultado de un arduo esfuerzo colectivo, donde se trabajó en un grupo temporal conducido por el ministerio conjuntamente con órganos implicados, y resaltó el trabajo de la academia, representada por la Facultad de Derecho de la Universidad de La Habana, en el asesoramiento al proceso de redacción de la norma.
Meisi Bolaños Weiss, ministra de Finanzas y Precios. Foto: Roberto Suárez
La ministra explicó que uno de los avances en cumplimiento del mandato constitucional que establece el artículo 58 es brindar garantía y postulados de seguridad jurídica al propietario del bien que será objeto de expropiación, una institución jurídica refrendada en la generalidad de leyes de los países como alternativa última para dar respuesta a un interés general.
«El proyecto de ley presentado a la Asamblea Nacional suple la inexistencia de una norma como único cuerpo jurídico para sustituir la entidad de la expropiación», dijo.
Sostuvo que se reconoce la indemnización (a la que tiene derecho la persona a la que se propone expropiar el bien) y se determinará por el valor real en el momento de la expropiación.
Aseguró que se ratifican las garantías a los inversionistas extranjeros sobre la expropiación y se dispone de una protección a la inversión extranjera.
Además, el valor a pagar por indemnización está exento de toda clase de gastos, de impuestos y gravámenes.
Otra de las garantías en la nueva ley es que el titular del bien puede oponerse a la pretensión impugnando la declaración de utilidad pública o interés social, dando sustentos y elementos para ello.
Bolaños Weiss afirmó que es un proyecto de ley garantista, porque dispone de aquellos requisitos que deben cumplirse para aplicar la institución de la expropiación, y que refuerza el artículo constitucional que protege el derecho a la propiedad.
De acuerdo con la ministra, es necesario actualizar el régimen jurídico de la expropiación forzosa en Cuba, en tanto constituye una de las formas de adquisición de bienes y derechos en favor del patrimonio del Estado, con el carácter de propiedad socialista de todo el pueblo.
Según la ministra, el régimen jurídico de la expropiación forzosa por razones de utilidad pública o interés social se rige por lo establecido en la Constitución de la República de 2019, en su artículo 58, cuyo párrafo tercero indica que la ley establece las bases para determinar su utilidad y necesidad, las garantías debidas, el procedimiento para la expropiación y la forma de indemnización.
El diputado José Luis Toledo Santander, al presentar el dictamen realizado por los diputados al proyecto de ley, destacó que es un tema esencial a debatir, atendiendo a las opiniones muchas veces erráticas que sobre el texto se han manejado.
Señaló que con esta ley se nos presenta una detallada relación de los antecedentes de la institución de la expropiación en el país.
«La Comisión de Asuntos Constitucionales y Jurídicos considera pertinente algunas reflexiones sobre la misma», dijo.
«La expropiación es una medida interventora de la administración pública por la que se priva al administrador de la propiedad de determinados bienes o derechos de naturaleza patrimonial de una indemnización», explicó.
Añadió que la justificación de la potestad expropiatoria de la administración pública está en la necesidad de que se sacrifique una situación de propiedad ante intereses públicos superiores.
Foto: Maykel Espinosa Rodríguez
Afirmó que la expropiación es un instrumento y no un fin en sí misma, por estar siempre en función de una transformación del bien expropiado ya sea física (por ejemplo, se expropia un terreno para hacer una carretera o una autopista) o jurídica (se nacionaliza una empresa determinada en lo referente al término utilidad pública).
«Es oportuno recomendar al Ministerio de Finanzas y Precios y al Ministerio de Justicia continuar desarrollando una estrategia de comunicación social que permita a la población acceder a los contenidos de esta ley, y la correspondencia del proyecto en análisis con la Constitución de la República y el ordenamiento jurídico», insistió.
Durante el debate en el plenario, la diputada Idaliena Díaz Casamayor se refirió al capítulo cinco del proyecto de ley y propuso establecer un periodo de inicio o de ejecución de un bien a expropiar. «Si usted va a expropiar un bien de propiedad privada, hay que tener claro el periodo de inicio».
Por su parte, la diputada Ana Teresa Igarza explicó cómo sucede el proceso desde experiencias en la Zona Especial de Desarrollo Mariel. «La autoridad no llega y define la expropiación, sino que establece negociaciones para ponerse de acuerdo y evitar ir a la expropiación, por eso es que no es posible definir cuándo comienza una expropiación».
Igarza señaló que definir un término es muy complejo en una norma jurídica. «Lo fundamental es buscar acuerdos entre las partes, para que las personas supuestamente afectadas tengan garantías».
El secretario de la Asamblea Nacional del Poder Popular y del Consejo de Estado, Homero Acosta, reconoció la calidad del dictamen de la Comisión de Asuntos Constitucionales y Jurídicos. «Hoy el Estado puede expropiar sin esta ley. ¿Por qué hay que hacerla entonces?, porque permite ofrecer más garantías frente a la administración y regular la actuación de la misma».
Señaló que ha habido mucha tergiversación de lo que significa esta norma.
«Las personas dicen que los comunistas quieren acabar con la propiedad privada, pero no es así. Desde el propio capitalismo existe la capacidad regulatoria del Estado. Esta es una norma de la que nos podemos sentir orgullosos, y podemos mostrarla así ante el mundo», concluyó.
Presentan informe de rendición de cuenta del Ministerio de Comunicaciones
La ministra Mayra Arevich Marín señaló que continuar el desarrollo de las telecomunicaciones y la informatización de la sociedad es una necesidad para elevar la calidad de vida del pueblo cubano y enfrentar los planes de dominación política y cultural.
La rendición de cuenta estuvo precedida de un proceso de intercambio con el pueblo, que involucró a trabajadores del ministerio e incluyó la presentación en las 168 Asambleas Municipales del Poder Popular de una actualización de la situación del sector en su comunidad, dijo la ministra.
“En Cuba, al igual que en el resto del mundo, la COVID-19 provocó un incremento del uso de las plataformas de internet, por lo que dicho servicio no se detuvo durante la pandemia”, afirmó.
Foto: Maykel Espinosa Rodríguez
Sobre el proceso de informatización de la sociedad y la transformación digital, el informe refiere que se considera, desde su concepción, la conceptualización del modelo económico y social cubano de desarrollo socialista, el Plan Nacional de Desarrollo Económico y Social hasta el 2030 y los Lineamientos de la Política Económica y Social.
Como respuesta a este llamado, se aprobaron las políticas fundamentales del Ministerio de Comunicaciones y bajo el nuevo formato de gestión del Gobierno se implementan proyectos como el desarrollo de la infraestructura y los servicios de telecomunicaciones, la televisión digital terrestre, el gobierno digital, el comercio electrónico, la industria de aplicaciones y servicios informáticos y la ciberseguridad como elemento transversal.
Arevich Marín sostuvo que, a partir de la presentación del tema de la transformación digital en el Consejo Nacional de Innovación, en diciembre del 2021, se acordó elaborar una política que condujera a la agenda digital del país, tomando como punto de partida los avances alcanzados en la implementación de la Política Integral para la Informatización, el trabajo desarrollado por los órganos y organismos de la Administración Central del Estado, las universidades, entidades nacionales y los órganos de gobierno del Poder Popular.
El Ministerio de Comunicaciones, en conjunto con representantes de otros organismos y varios sectores de la sociedad, ha coordinado el diseño de esta tarea.
En el informe de rendición de cuenta del Ministerio de Comunicaciones, se destaca que, en la infraestructura, la densidad telefónica nacional (cantidad de líneas telefónicas fijas y móviles en servicio por cada 100 habitantes) creció un 27% en los últimos cinco años. Se alcanzó el 80% (14% en telefonía fija y 66.1% en la móvil). Se incluyeron más de 370 000 líneas en zonas rurales.
La cobertura poblacional en telefonía móvil es de 74% en 3G y de 49% en 4G. Esta última se desarrolló en condiciones de pandemia y de recrudecimiento del bloqueo. Con dicha tecnología se cubren todas las capitales provinciales, las cabeceras municipales y el 44% de los consejos populares, refleja el documento.
El informe presentado plantea que en el periodo 2021-2022, condicionado por los efectos de la pandemia de COVID-19, se incrementó la demanda de los servicios de telecomunicaciones e internet, se desarrollaron el teletrabajo y la teleformación y se intensificó el uso de los sistemas de videoconferencia. Ello generó un incremento del tráfico mensual a internet de 3.2 veces y de 1.9 veces en la conectividad internacional.
Asimismo, se duplicó la capacidad de almacenamiento y procesamiento de los centros de datos públicos, fundamentalmente en interés del desarrollo del gobierno digital y el comercio electrónico.
Más de 7.5 millones de personas acceden a internet, principalmente a través de la telefonía móvil (6.3 millones en cuatro años), que incluye ofertas con mayor asequibilidad e incorporan planes combinados (voz, SMS y datos). Su consumo promedio mensual creció seis veces entre diciembre de 2019 y julio de 2022 (de 1.1 GB a 6.6 GB).
El 82% de los consejos populares poseen al menos una vía de acceso a internet (14% más que en el 2019) y existen 2 358 áreas públicas de navegación para este servicio (674 salas de navegación y 1 684 áreas wifi). Además, los hogares con acceso a internet crecieron en 80 000 servicios, alcanzando 269 440 hogares (7% del total).
“Todo ello ratifica la voluntad política del país de favorecer el acceso y uso de internet por los cubanos, de manera inclusiva y responsable, en función de su bienestar, la defensa y el desarrollo del país”, dijo la ministra.
La cobertura poblacional de la señal de televisión digital terrestre (TDT) es del 76% en definición estándar y de 46% en alta definición (crece en 14% y 50%, respectivamente, con relación al 2017).
Primer Secretario del Comité Central del Partido y Presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez. Foto: Maykel Espinosa Rodríguez
Entre los principales retos a impulsar en el gobierno digital, la ministra mencionó la necesidad de avanzar en la integración, la simplificación e informatización de los trámites y los procesos administrativos que lo soportan, incorporando el pago y la firma digital; elevar la capacidad y la preparación de las estructuras de base para asimilar los cambios del gobierno digital, y estimular e incrementar el intercambio entre el Gobierno y los ciudadanos haciendo uso de plataformas digitales, que favorezcan la retroalimentación, la rendición de cuenta y la transparencia.
En cuanto al comercio electrónico, el informe expone que este se diversificó en nuevos servicios, se extendió a otros sectores, incluidas las formas de gestión no estatal, y experimentó un alza en la utilización de los pagos por vías digitales, aunque persisten limitaciones y reservas en su uso, que son causas de insatisfacciones.
En la sesión de la Asamblea Nacional se informó que se incrementa la cantidad de operaciones electrónicas desde tarjetas magnéticas que mueven saldo y no efectivo (más del 60% en lo que va de 2022, cuando en 2020 fue el 30%). No obstante, el mayor volumen se asocia a transferencias y no al pago de bienes y servicios, aspectos que requieren mayor intensidad en el trabajo.
Las plataformas nacionales de pagos electrónicos Transfermóvil y EnZona continúan su desarrollo, incorporando nuevos servicios y prestaciones, entre ellas la gestión de tiendas virtuales.
Actualmente brindan más de 60 servicios. Algunos de los más recientes están relacionados con la mejora en la accesibilidad para personas con discapacidad visual, la incorporación del pago en cajas registradoras y la integración con pasarelas internacionales.
Según el informe del Ministerio de Comunicaciones, estas plataformas cuentan con más de cuatro millones de usuarios, y a través de ellas se realizaron hasta septiembre del 2022 el 68% de los pagos del servicio telefónico, el 40% de la electricidad, el 50% de los impuestos y el 41% de las reservas de pasajes nacionales, elementos que muestran una tendencia creciente en el tiempo.
El informe presentado señala que en 2021 fueron aprobadas al Ministerio de Comunicaciones 36 medidas, de las cuales 24 fueron implementadas (66%). Los principales resultados son:
a) La venta en MLC de teléfonos celulares y accesorios. Hasta agosto del 2022, se han comercializado 279 564 equipos e ingresado 53 millones de MLC.
b) Se diversificaron los servicios a través de Transfermóvil, actualmente gestiona 59 servicios a más de 3.7 millones de usuarios. La calidad percibida es de 4.78 puntos.
c) Se extendieron a seis los países desde donde se reciben giros internacionales a través de Correos de Cuba. Por esta vía, en el 2021 se recibieron 23 774 000 USD, el 95% desde España.
d) Se ampliaron a 47 los negocios de Correos de Cuba con operadores postales privados (courrier). En el 2021 se recibieron 4 072 000 envíos, cifra tres veces superior a la del 2020 y los ingresos ascendieron a 29 556 000 USD. Hasta julio del 2022 se recibieron 1 812 000 envíos, con ingresos por 15 350 000 USD.
e) Se implementó la exportación de servicios por los programadores de equipos de cómputo y de las mipymes a través de entidades estatales.
f) Se consolida el servicio de la tienda de aplicaciones para celulares APKlis (www.apklis.cu), con más de 7 100 aplicaciones, de ellas 1 188 comercializables, con ventas superiores a los 25 millones de CUP.
g) Se ampliaron a seis las entidades autorizadas a proveer firmas digitales. Se extiende su uso en entidades estatales y se realizan las primeras acciones de empleo por los ciudadanos con el pago de los contribuyentes a la ONAT.
h) En el ámbito jurídico se aprobaron las normas que respaldan la Política Sectorial de las Telecomunicaciones, las TIC y el Uso del Espectro Radioeléctrico y el modelo de actuación ante incidentes de ciberseguridad, este último incorpora la posibilidad de que las personas naturales notifiquen incidentes de esta naturaleza.
Como parte de las medidas para la actualización de la estrategia para el año 2022, se subraya en el documento la creación de una red de laboratorios de robótica en los Joven Club, con el fin de difundir la enseñanza de esta especialidad, desarrollar el intelecto y la creatividad fundamentalmente en niños y jóvenes.
Además, la ampliación de la habilitación de los canales electrónicos de pago, fundamentalmente en el turismo y en entidades del comercio minorista. En este último, a pesar de que el pago por QR está habilitado en el 70% de los establecimientos, su uso es muy limitado, por lo que se requieren acciones que lo estimulen y lo promocionen.
Asimismo, se crearon cinco entidades de base tecnológica en el Parque Científico-Tecnológico de La Habana, está en desarrollo el portal de gobierno digital de Cuba, que integrará la gestión de trámites y servicios digitales en el país, servirá como proveedor de identidad digital y permitirá el pago digital del impuesto sobre documentos públicos (sello de timbre), entre otras prestaciones.
La ministra se refirió a la atención a planteamientos y requerimientos de la población. De acuerdo con el informe presentado al Parlamento, los asuntos más planteados son:
a) Demora en la instalación de traslados telefónicos e interrupciones de servicios telefónicos residenciales.
b) Mala cobertura de señal móvil.
c) Dificultades con el acceso a datos móviles.
d) Irregularidades con las recargas internacionales.
e) Demora en la entrega de bultos internacionales.
t) Problemas con el pago a giros nacionales.
9) Escasez y reventa de sellos de timbre.
h) Problemas con la transmisión de la señal analógica de la televisión.
i) Denuncias de incidentes de ciberseguridad.
j) Solicitud de información sobre trámites de licencias e importaciones de equipos de comunicaciones.
k) Insuficiente comercialización de teléfonos celulares y cajas decodificadoras para la televisión digital.
l) Demora en la distribución y entrega de la prensa.
Los desafíos futuros están en continuar desarrollando infraestructura de telecomunicaciones, elevar los niveles de ciberseguridad en esta y en los servicios que sobre ella se soportan e incrementar el uso de las energías renovables que eleven la vitalidad de las infraestructuras, señala en el informe.
Recomendó al Consejo de Ministros que los organismos de la Administración Central del Estado y consejos de administración municipales atiendan el desarrollo del comercio digital y los trámites en línea.
En la discusión del informe y el dictamen, la diputada Marcy Reinoso, de Los Palacios, Pinar del Río, reconoció la labor de los trabajadores del sector de las Comunicaciones en la recuperación de los daños del huracán Ian y cómo se sumaron a la recuperación en otros sectores como el energético.
Por su parte, la diputada Mariuchi Pascual, de Santiago de Cuba, se refirió al proceso de rendición de cuenta del Ministerio de Comunicaciones, el cual se caracterizó por su transparencia en intercambio con la población, destacó.
La diputada Reina de la Caridad Torres convocó a hacer una mirada holística a partir de la rendición de cuenta del Ministerio de Comunicaciones. En ese sentido, destacó que no se puede hablar de transformación digital y actuar analógicamente: “Tienen que ser ejemplo los directivos y administrativos del sector”.
No puede haber morosidad en la atención a la población, dijo y añadió que se debe seguir fomentando una cultura en materia del uso de las TICs y la ciberseguridad.
Por su parte, el presidente cubano, Miguel Díaz-Canel pidió al Ministerio de las Comunicaciones una actualización de en qué estado se encuentra el Portal del Ciudadano, para informarlo a la Asamblea Nacional del Poder Popular.
La ministra de Comunicaciones, Mayra Arevich, señaló que en el Portal del Ciudadano se tendrá una sección de trámites y servicios relacionados con el registro civil y las solicitudes de plazas del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. En dichos trámites ya estarán incluidos los sellos de timbre. Ya se tiene diseñada una segunda etapa para agregar otros trámites para enriquecer la plataforma.
Arevich destacó que, en algunos casos, tenemos que olvidarnos de los papeles, que un documento y una firma digital son válidos, y llamó a impulsar ese proceso del comercio electrónico.
Al finalizar el debate en el plenario, se aprobó el informe de rendición de cuenta del Ministerio de Comunicaciones.
Consejo de Estado rinde cuentas ante la Asamblea Nacional
Ana Mari Machado, vicepresidenta de la Asamblea Nacional del Poder Popular, recordó que en la nueva Constitución de la República, el Consejo de Estado mantiene el carácter de órgano representativo de la Asamblea Nacional y, conforme a la Ley Electoral, quedó constituido el 10 de octubre de 2019, fecha desde la cual avanza el presente informe de rendición de cuenta hasta el 31 de octubre de 2022.
Agregó que el Consejo de Estado es responsable ante la Asamblea Nacional, a la que le rinde cuenta de todas sus actividades y le somete a su ratificación los decretos leyes y acuerdos adoptados.
En la actual regulación constitucional, el Consejo de Estado tiene una mayor interacción con la Asamblea Nacional, dado que los cargos de presidente, vicepresidente y secretario de ambos órganos recaen en las mismas personas, y a la vez mantiene una estrecha relación de trabajo con las comisiones permanentes del Parlamento, recordó Machado.
Señaló que en las atribuciones establecidas para el Consejo de Estado en la Constitución se mantienen 13 del texto constitucional anterior. A su vez, le fueron incorporadas nuevas atribuciones, entre otras las de velar por el respeto a la Constitución y las leyes; analizar los proyectos de ley que se van a someter a la Asamblea Nacional; exigir el cumplimiento de los acuerdos de esta y ejercer el control y fiscalización de los órganos del Estado.
Foto: Maykel Espinosa Rodríguez
Se le reconocen también facultades establecidas en otras leyes, como la de aprobar modalidades de inversión extranjera y realizar reajustes al presupuesto del Estado.
La vicepresidenta de la ANPP afirmó que el Consejo de Estado, en la etapa sobre la que se informa, se ha caracterizado por un funcionamiento sistemático, a pesar de que buena parte de este periodo transcurrió bajo los efectos de la pandemia de covid-19 y un complejo escenario político y económico que afecta a Cuba y el resto del mundo.
Machado informó que desde su constitución hasta el 31 de octubre del presente año, el Consejo de Estado ha celebrado 23 reuniones, 18 de ellas ordinarias, y cinco, extraordinarias.
Durante este periodo, el Consejo de Estado ha emitido 65 decretos leyes, 21 de ellos en cumplimiento del cronograma legislativo, en su mayoría para desarrollar contenidos constitucionales. Igualmente, ha sido cumplimentado el encargo constitucional de analizar los proyectos de ley presentados en la Asamblea Nacional, velándose en todos los casos por que estos hayan sido del conocimiento de los ciudadanos, en particular de los implicados, y sus integrantes participan en los debates previos que se realizan de las citadas disposiciones normativas con los diputados.
Foto: Maykel Espinosa Rodríguez
Afirmó que en la agenda de sus reuniones, además de la intensa actividad legislativa del órgano, se destaca el análisis de temas de trascendencia para el país, algunos derivados de las actividades de las comisiones permanentes de trabajo de la Asamblea Nacional.
Entre ellos, enumeró los asuntos relacionados con el funcionamiento de los órganos locales del Poder Popular, la estructura y funcionamiento de la Asamblea Nacional, las estrategias y medidas vinculadas al fortalecimiento de la economía, el cumplimiento del cronograma legislativo, y el seguimiento a la situación económica y la producción de alimentos.
En los debates de cada una de estas cuestiones se ha evidenciado la profundidad y calidad de las intervenciones de los miembros del órgano y ha sido de mucha utilidad la información de las instituciones ponentes y los aportes y participación de las comisiones permanentes de trabajo, a partir del seguimiento que realizan de los acuerdos y demás decisiones de la Asamblea Nacional y del propio Consejo de Estado, dijo Machado.
Con ese propósito, se realizaron 17 visitas a provincias y 95 a municipios, así como a más de 2 000 centros de trabajo y estudiantes, y se mantuvieron vínculos permanentes con el pueblo, en particular con los jóvenes.
La vicepresidenta de la ANPP afirmó que el pasado año 2021, en el Buró Político y en el segundo pleno del Comité Central del Partido, al evaluarse el funcionamiento de los órganos del Poder Popular, se señaló que el Consejo de Estado había concentrado su labor fundamentalmente en la actividad legislativa y requería ampliar su actuación en relación al resto de sus atribuciones.
En correspondencia con lo anterior, y previa consulta a integrantes del Consejo de Estado, presidentes de comisiones permanentes de trabajo de la Asamblea Nacional, funcionarios y otros especialistas, se aprobó un plan de temas que ha contribuido al perfeccionamiento de la labor de este órgano y al cumplimiento de sus atribuciones, dijo.
De los 25 temas previstos en el plan hasta el mes de octubre, se han presentado 21, algunos de ellos relacionados con asuntos de vital importancia y con impacto directo en la población.
Asimismo, como parte del perfeccionamiento de la labor del Consejo de Estado, se ha incorporado de forma permanente el control a los órganos estatales de los mandatos definidos en las leyes y decretos leyes aprobados.
El Consejo de Estado, con el auxilio de las comisiones permanentes de trabajo de la Asamblea Nacional del Poder Popular, ha analizado el cumplimiento de leyes y decretos leyes.
Igualmente, con el apoyo de las comisiones permanentes de la Asamblea Nacional ha evaluado varios de sus acuerdos, entre ellos los referidos a las rendiciones de cuenta de los Consejos de la Administración, de los presidentes de los consejos populares y de los diputados, el relacionado con la labor de los delegados liberados de sus responsabilidades laborales durante la etapa de la pandemia de covid-19 y el referido al carácter profesional de los presidentes de las comisiones permanentes de las Asambleas Municipales.
De los resultados de todas estas acciones se le ha informado al Consejo de Ministros y a los organismos e instituciones vinculados al cumplimiento de las citadas disposiciones normativas, a los efectos de que instrumenten, cuando corresponda, las medidas necesarias para solucionar las cuestiones, añadió.
La labor del Consejo de Estado se ha incrementado, tanto en la actividad legislativa como en el análisis de asuntos que repercuten en la vida económica y social del país, y en temas relativos al fortalecimiento de la institucionalidad, en particular lo referente al perfeccionamiento de los órganos del Poder Popular, dijo Machado.
La diputada @anamarianpp, vicepresidenta de la @AsambleaCuba, dio lectura al informe de #RendiciónDeCuenta del Consejo de Estado ante la Asamblea Nacional del #PoderPopular #CubaLegisla pic.twitter.com/0UZZXHkQYs
— Asamblea Nacional Cuba (@AsambleaCuba) December 13, 2022
Todos los decretos leyes y acuerdos emitidos por el Consejo de Estado en este periodo han sido ratificados por la Asamblea Nacional del Poder Popular.
Para la próxima legislatura, el Consejo de Estado requerirá profundizar en la definición de los temas objeto de análisis para sus reuniones, particularmente en los asuntos de mayor trascendencia y con impacto directo en nuestra población, señaló.
Además, el Consejo de Estado está llamado a perfeccionar los mecanismos para el análisis, seguimiento y control de cuestiones sometidas a su consideración, así como el cumplimiento de las leyes y los decretos leyes.
El Consejo de Estado también deberá exigir mayor profundidad en los informes que se presentan en sus reuniones, a los efectos de poder acordar, cuando corresponda, las medidas necesarias para transformar los problemas planteados, así como que estos se presenten en los plazos establecidos.
Asimismo, sistematizar la capacitación y preparación de cada uno de sus integrantes y su participación en actividades relacionadas con sus responsabilidades, y estimular la participación popular en la actividad legislativa que le corresponde al Consejo de Estado.
El vicepresidente de la República, Salvador Valdés Mesa, leyó el dictamen de la comisión temporal del trabajo sobre el informe de rendición de cuenta del Consejo de Estado a la Asamblea Nacional del Poder Popular.
En el dictamen se destaca que en los tres años transcurridos, el Consejo de Estado ha cumplido con las atribuciones que le concede la Constitución de la República.
El Vicepresidente de la República de #Cuba????????, @SalvadorValdesM, dio lectura al dictamen de la Comisión Temporal sobre la rendición de cuenta del Consejo de Estado ante la @AsambleaCuba #PoderPopular #CubaLegisla pic.twitter.com/5b5IX98ycT
— Asamblea Nacional Cuba (@AsambleaCuba) December 13, 2022
El Consejo de Estado se proyecta en un grupo de aspectos para mejorar el desarrollo de su trabajo, donde se hace énfasis en que debe ejercer un control más efectivo sobre sus decisiones.
Asimismo, el órgano debe trabajar en una estrategia de comunicación social que le imprima más transparencia a su gestión; analizar y evaluar los resultados de las visitas de control que se realizan en los territorios; confeccionar desde el inicio de la legislatura un plan que pauta su gestión; incrementar las acciones de control y fiscalización a las entidades del Estado, y continuar trabajando en el perfeccionamiento del Poder Popular en coordinación con los órganos del Estado que corresponda.
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El Consejo de Estado debe velar por que las decisiones que se adopten sean de conocimiento de los diputados previamente a su aprobación en la Asamblea Nacional del Poder Popular.
Tras la presentación del vicepresidente de la República, el diputado Orlando Gutiérrez Boza destacó que, a pesar de la incidencia de la covid-19 en Cuba, se cumplió con el cronograma legislativo establecido.
El diputado Danhiz Díaz Pereira señaló que es el Consejo de Estado, en nombre de la Asamblea, el que convoca a otros organismos a rendir cuentas. Insistió en la importancia de que se conozca más el trabajo que realiza ese órgano.
Al finalizar las intervenciones, el Parlamento aprobó el informe de rendición de cuentas del Consejo de Estado.
La dinámica demográfica en la mira del Parlamento
Al presentar información actualizada sobre la dinámica demográfica en el país, el primer ministro Manuel Marrero aseguró que este es un asunto complejo por el impacto que tiene en Cuba, que representa el 0.0014% de la población mundial.
El país presenta una dinámica demográfica similar a la de países desarrollados, pero en el contexto de una economía en vías de desarrollo y persistentemente bloqueado.
En Cuba este es un tema que se sigue desde los años 70 del pasado siglo y, más recientemente, desde los lineamientos de la política económica y social del Partido y la Revolución, aprobados en el sexto, séptimo y octavo congresos del Partido, dijo.
“El país no logra desde hace más de treinta años la tasa de reemplazo poblacional que es de dos hijos por cada mujer”, sostuvo.
La política del país tiene como eje la atención a las necesidades crecientes de la población de 60 años y más, que se estima representa el 21.6% al cierre de este 2022 y busca fomentar la participación de los adultos mayores en las tareas económicas y sociales.
El primer ministro Manuel Marrero Cruz. Foto: Roberto Suárez
“Este grupo poblacional es el único que crece en el país con casi 1.4 millones de personas en estas edades”, señaló.
Estimular el empleo para las personas aptas para trabajar y en la estrategia defensiva de la nación, analizar el impacto del envejecimiento de la población así como atender las causas que provocan la migración interna y externa en función de reducir estos flujos, atender el despoblamiento de municipios y zonas rurales donde actualmente solo viven el 23% de la población cubana, y trazar políticas que faciliten la participación de los cubanos residentes en el exterior en procesos de desarrollo social y económico en el país, son otras de las medidas reflejadas en la política, dijo el primer ministro.
Añadió que en correspondencia con ello se reestructuró la comisión gubernamental para la atención a la dinámica demográfica, la cual se apoya para su labor en el Centro de Estudios de Población y Desarrollo, la Oficina Nacional de Estadísticas e Información, y en el Centro de Estudios Demográficos de la Universidad de La Habana.
En Fotos???? | Segunda jornada del Décimo Período Ordinario de Sesiones de la Asamblea Nacional del #PoderPopular, en su IX Legislatura#CubaLegisla pic.twitter.com/vReDn29kan
— Asamblea Nacional Cuba (@AsambleaCuba) December 13, 2022
Por la prioridad de los temas a atender, explicó que se crearon siete subcomisiones enfocadas en asuntos como la fecundidad y mortalidad, envejecimiento, recursos laborales, vivienda y asentamientos humanos, sistemas de cuidado, respuesta productiva, tecnológica, al envejecimiento.
En las actuales condiciones, estos temas requieren -según Marrero Cruz- de un cambio en la comprensión, atención y control de la situación demográfica del país, que tenga como principios los preceptos de la Constitución de la República de Cuba, de manera que el eje principal que la sustente sea el de la equidad y la justicia social, desde un enfoque de ciclo de vida, incorporándose de manera efectiva como elemento prioritario para la estrategia de desarrollo económico y social a nivel de país, territorial y local.
El primer ministro dijo que para el desarrollo del trabajo de la comisión gubernamental y el cumplimiento de los objetivos propuestos, están identificadas 55 medidas y 74 temas y acciones para su implementación.
Se han sido identificados 11 temas que serán presentados en el año 2023 al comité ejecutivo del Consejo de Ministros para su aprobación, relacionados con la presentación del sistema nacional para el cuidado integral de la vida, así como ampliación y diversificación de estos servicios a la población.
La introducción de tecnologías para atender el envejecimiento, el desarrollo de nuevos medicamentos de producción nacional, el perfeccionamiento del sistema de atención a la familia y la implementación de alternativas para el acceso a la vivienda, dirigido principalmente a las madres con tres hijos o más, y a los jóvenes que lo demandan, en su proyecto de vida, dijo.
Afirmó que durante este año se realizaron visitas de trabajo a todas las provincias y los municipios seleccionados para evaluar el cumplimiento de las indicaciones emitidas y brindar asesoría sobre la atención a la dinámica demográfica.
Primer ministro presenta plan para el enfrentamiento a la corrupción y las ilegalidades
Durante su presentación en el décimo período ordinario de sesiones de la Asamblea Nacional del Poder Popular en su novena legislatura, el primer ministro de la República de Cuba, Manuel Marrero Cruz, se refirió a las medidas para el enfrentamiento al delito, la corrupción, las ilegalidades y las indisciplinas sociales.
