Cuando se suelta el fondo

GUANTÁNAMO.— Dicen que el palacio Salcines, que preside una de las más céntricas esquinas de esta urbe, tiene sus misterios. Que en días nublados se ve una luz pasar y también sombras. Que tiene el aura de las estancias palaciegas de las grandes familias de antaño, envueltas por el común aldeano en leyendas e historias que rompen las barreras de lo natural.

Pero que no se asuste quien por estos días vea destellos, oquedades o incluso sienta pasos en la casi centenaria construcción. No son fantasmas, sino hombres y máquinas que acometen una conservación para borrar las huellas de un deterioro que opacó la magnificencia de la obra más significativa y empinada del centro histórico de la ciudad.

Alguien muy exigente pudiera opinar que hay otras urgencias en el entorno, mientras mira de soslayo el bache de la esquina, pero el Gobierno local vio más allá y destinó medio millón de pesos, de la contribución territorial del uno por ciento para el desarrollo local, gracias al cual, y a un presupuesto de la Dirección Nacional de Patrimonio, se salva hoy un monumento local coronado además por La Fama, una escultura del artista italiano Américo O. Chini que desde 1993 fue declarada por la Asamblea Municipal del Poder Popular de Guantánamo, como símbolo de la Ciudad.

Hombres a la obra

Las relaciones de trabajo entre el arquitecto Alberto Brauet del Pino, representante de Patrimonio en la inversión del Palacio Salcines, y el ingeniero civil Víctor Miguel Rojas Alfonso, ejecutor principal por la parte de la cooperativa no agropecuaria Segunda Villa, de Granma, y jefe de obra, no pueden ser mejores.

Con todo bien previsto y organizado, como está, el arquitecto Alberto Brauet (a la derecha) y el ingeniero civil Víctor Miguel Rojas Alfonso están seguros de que los guantanameros tendrán una edificación que aportará al desarrollo local. Foto: Lilibeth Alfonso Martínez

Tampoco han dado quehacer los intercambios de experiencias con el Gobierno, el propio Patrimonio y Cultura. «Tenemos lo necesario para la inversión y hemos andado sin trabas, incluso a la hora de contratar a la fuerza de trabajo, que es privada y más costosa, pero eficiente y experimentada», opina el arquitecto.

Ya eso es notable. La primera etapa de la obra, que inició el 26 de junio y debería finalizar para mediados de septiembre, según el cronograma original, promete adelantarse significativamente.

De esa fase, precisa el ingeniero —con más de una década de experiencia en la Oficina del Historiador de la Ciudad de La Habana— concluyeron la impermeabilización de la cubierta y el tercer nivel, incluyendo los prepisos, la electricidad (fuerza y luminarias) y el atezado.

Actualmente, continúa el especialista, se coloca el piso, se enchapan los baños y se fijan los muebles sanitarios. Es lo que falta por hacer de los objetos de obra de la primera etapa que estaban pactados con los inversionistas». Lo hecho hasta ahora, además de adelantado a más del 70 por ciento, no tiene peros a los ojos de los inversionistas. «Se trabaja bien, con respeto hacia el Patrimonio y con tecnologías que garantizan una obra perdurable; por ejemplo, las mantas Lamifac para la impermeabilización, así como materiales de última generación que refuerzan los aceros, y proveen un mejor acabado por capas, como el marret», valora Brauet del Pino.

No es poca cosa. Profundos deterioros le depararon el tiempo y la falta de mantenimiento adecuado al Palacio que, según el libro de varios autores Las huellas de un genio, se terminó en 1919 con un estilo ecléctico monumental, elementos de art nouveau y un gran valor estético por las cenefas y pinturas murales del interior que dejó la maestría de anónimos pintores populares de origen catalán radicados en la ciudad por esa época, así como los adornos decorativos de las fachadas y cornisas, construidas por el maestro de obras José Ma. Cantalapiedra.

Ahora se prepara la documentación de la próxima etapa, todavía sin fecha de terminación, y para la cual se están previendo los detalles necesarios para terminar el segundo nivel, lo que antes fue la vivienda de Los Salcines, y las cuatro fachadas. Ese será el último encargo de la cooperativa.

En una tercera fase, sin tiempo límite, advierte por su parte el arquitecto, serán restauradas las pinturas murales, las obras de la plástica del Palacio y parte de la fachada, y se reintegrarán las partes faltantes de las cenefas y la decoración interior, que es maravillosa. Luego vendrá lo soñado. Un palacio que, a pesar de todos los elementos perdidos en el tiempo, será lo más parecido posible al que diseñó Salcines.

Pero es el uso lo que realmente obsesiona a Alberto Brauet, quien en la década de los 90 contribuyó a liberar al edificio de usos inadecuados, que le aceleraron los achaques.

«Lo importante —opina— es que sea una edificación viva, que por sí misma y lo que pueda atraer, ayude al desarrollo local».

Un porciento con buena fama

La conservación del Palacio Salcines es, quizá, el uso más grandilocuente de lo recaudado por la contribución territorial para el desarrollo local que previó la Ley 113 del Sistema Tributario en 2013, y que se ejecuta de manera extensiva a partir de 2015.

El artículo 305 la define como una «contribución para el desarrollo sostenible de los municipios, que grava los ingresos por la comercialización de bienes o prestación de servicios que obtengan las empresas, sociedades mercantiles y cooperativas por sí mismas y por sus establecimientos en cada territorio».

Esas entidades deben aportar a través de la Oficina Nacional de la Administración Tributaria (ONAT) el uno por ciento de todos sus ingresos, del cual los municipios pueden ejecutar un por ciento que se define cada año en la Ley del Presupuesto. La Ley 122 de 2017, por ejemplo, determinó que la mitad de lo recaudado fuera a una cuenta regentada por Finanzas y Precios para la ejecución de proyectos municipales de desarrollo.

Las actividades relacionadas con Servicios Comunales —esencialmente en la pavimentación de calles—, Salud Pública y Educación han sido las más beneficiadas por los gobiernos municipales en Guantánamo, a partir de la utilización de la contribución del uno por ciento para el desarrollo local. Foto: Leonel Escalona Furones

Otros cambios importantes son la creación de una cuenta donde se deposita el dinero que corresponde a cada municipio y agiliza el proceso, y la disposición para que cada término pueda disponer de la mitad de lo captado por el tributo, independientemente de si sobrecumple o no su plan de ingresos, lo que implica que el dinero real que cada territorio pueda usar sea superior.

La misma legislación facultó al Consejo de la Administración Provincial a usar hasta el diez por ciento de lo anterior para apoyar proyectos en municipios con menos capacidad para generar ingresos, u otros prioritarios. Por ese concepto, este año el órgano de Gobierno aprobó 313 900 pesos para un proyecto de desarrollo de la fábrica de galletas dulces, que se ejecuta.

Su propósito, explica Ivo Rafael García Peralta, subdirector general de la Dirección Provincial de Finanzas y Precios —tesorera de ese dinero—, «es que los Consejos de la Administración Municipales (CAM) tengan un fondo extrapresupuestario del cual puedan disponer para impulsar el desarrollo de sus territorios».

Las condiciones para disponer de ese dinero y propiciar su incremento han variado año tras año, y el aporte ha ido en ascenso. Como en todas las provincias del país, comenzó a ejecutarse en 2014 experimentalmente en al menos dos municipios. Al año siguiente se extendió a todos los municipios y su empleo estaba condicionado al sobrecumplimiento de lo planificado, sin tener en cuenta si se cumplía o no el aporte general previsto por ese concepto.

En 2016 el empleo del uno por ciento estuvo sujeto al sobrecumplimiento de los ingresos totales del municipio al presupuesto. Ya en el presente año los cambios fueron sustanciales y muy favorables para reproducir ese capital.

En Guantánamo el aporte es significativo y va in crescendo. El Subdirector General de la Dirección Provincial de Finanzas y Precios precisó que «entre 2014 y el primer semestre de 2017 se han recaudado cerca de 50 millones de pesos, de los cuales solo se han ejecutado, al cierre de julio último, unos 18 millones».

El experto explica que «lo recaudado en el primer año de aplicación de la medida se decidió no emplearlo (solo 277 800 pesos) y preservarlo como provisión de gastos para el año 2015, cuando la contribución fue de alrededor de 17 millones de pesos. Eso, y las exigencias para que cada vez sea mayor el tributo, explican esa baja ejecución».

Pero también, opina García Peralta, «la experiencia de los años transcurridos en su aplicación apuntan a más rigor en dos sentidos: mayor agilidad de los gobiernos locales en la utilización de ese recurso, pues a partir de 2016 se dispuso que ese dinero no se acumula, de manera que no se pueden trasladar de un año a otro los gastos planificados, pues ello distorsiona las relaciones presupuestarias», especifica.

Y por otra parte, recalca, «es muy importante que el Gobierno municipal gestione los ingresos que obtienen sus unidades básicas que pertenecen a empresas provinciales o nacionales, porque lo que la ley establece es que se use en el desarrollo del territorio que lo aportó. Se supone que la empresa, esté donde esté enclavada, debe cumplir con esa disposición, pero si no se hace, el Gobierno en el municipio tiene que exigirlo, ya que los beneficia directamente, pues la mitad va para sus proyectos de desarrollo, y el resto para sustentar la actividad presupuestada».

Al indagar acerca de cómo y quién determina el destino final de lo ingresado por ese concepto, el dirigente de Finanzas y Precios explicó que «lo decide el CAM, a partir de la evaluación de los proyectos que con antelación cada entidad debe presentarles de acuerdo a sus necesidades y perspectivas de desarrollo.

«Cuando se aprueba un proyecto, Finanzas transfiere el dinero a la cuenta de la entidad beneficiada, que pasa a ser la responsable por su uso eficiente y transparente», agrega García Peralta.

«En la práctica, los usos han sido muy variados. Desde los 20 000 pesos que San Antonio del Sur usa para eliminar focos contaminantes, hasta los 580 000 destinados a la Biblioteca Provincial Policarpo Pineda», detalla el funcionario.

«Creo —continúa— que en cuanto a las perspectivas, los gobiernos deben destinar más recursos para incrementar, por ejemplo, las condiciones que generen más producción de materiales de la construcción. El año pasado se les puso dinero a las empresas agroforestal de El Salvador y la agropecuaria de Honduras, para rehabilitar naves en desuso para ese fin, y hoy ya están resolviendo un problema a la población».

Con la oportunidad de disponer de fondos propios, se impone una visión estratégica del desarrollo entre los decisores, que no solo son los dirigentes principales del Gobierno, sino también los directores de empresas, los presidentes de consejos populares y los líderes de las comunidades o barrios, por citar algunos.

Eso, confirma el subdirector de Finanzas y Precios, es fundamental. «El dinero del uno por ciento debe usarse para generar impacto productivo directo, para que se reproduzca ese capital, pero también en cuestiones sociales prioritarias, por ejemplo, en mejorar la situación epidemiológica de la provincia y en beneficio de las personas de la tercera edad, ante el notable envejecimiento de la población».

Gicli Manuel Suárez, delegado de la circunscripción 85 del consejo popular Sur Hospital, Doctor en Ciencias Agrícolas, profesor e investigador titular de la Universidad de Guantánamo, aterriza con sus andares como líder comunitario.

«La población demanda sobre todo materiales de construcción y producción de alimentos, esas son actividades a las que hay dedicar presupuesto porque están muy latentes entre los guantanameros, y cuya voluntad representamos nosotros en las asambleas municipales. Nuestro parecer es también escuchado en el proceso de asignaciones del uno por ciento y, gracias a eso, se han solucionado planteamientos históricos y se ha mejorado la vida en general de la población».

Son otras, empero, las preocupaciones de la ONAT provincial. Arelis Torreblanca Hodelín, jefa del Departamento de Atención al Contribuyente, explica que la principal dificultad es que todavía hay establecimientos sin personalidad jurídica (ejemplos: una cafetería en Manuel Tames y una terminal de ómnibus en Baracoa) enclavados en los municipios, que no se han inscrito en los registros de contribuyentes y por tanto no aportan, o lo hacen a través de su unidad empresarial o su empresa, casi siempre con sede en el municipio cabecera.

«Eso compete —insiste Torreblanca Hodelín— a las entidades, pero también a los municipios, que tienen la responsabilidad de gestionar lo que les pertenece».

Oportunidad de desarrollo real

Tener dinero para invertir no significa por sí mismo desarrollo, como tampoco producir más, si no son renglones estratégicos o que se entronicen con las necesidades reales del territorio, nos dice el Doctor en Ciencias y profesor titular de la Universidad de Guantánamo, José Antonio Rodríguez Oruña, con varias décadas enrolado en la actividad científica y actual jefe del Departamento de Desarrollo Local en esa casa de altos estudios, una especie de enlace entre los intereses y saberes académicos y las necesidades de la provincia.

«Guantánamo se va a desarrollar en la medida en que las inversiones vayan dirigidas a cambiar nuestra matriz productiva. No basta aumentar las producciones. Somos los mayores productores e algunos renglones, pero es en otras provincias donde se crea el valor agregado del producto, mayor valor bruto y competitividad. Eso todavía nos pasa con el café, el cacao y la actividad forestal.

«La contribución del uno por ciento también lleva la intención de reproducirla, pero tampoco es suficiente aquí. El desarrollo no puede ser solo un deseo; tiene momentos históricos, y por tanto se necesita ir creando las capacidades para llegar a las reales necesidades.

«El nuestro, entonces, depende de inversiones en nuevas tecnologías que creen encadenamientos productivos, que a su vez impliquen la obtención de producción con valor agregado. No es solo una cuestión de tener el dinero en la mano, sino de conocimiento de la inversión. Hicimos, por ejemplo, una Fábrica de Conservas en el Valle de Caujerí, en el municipio de San Antonio del Sur, que procesa casi todo el tomate de la zona, pero solo genera pasta, porque no se concibió para hacer jugo, puré, catchup…, producciones que se están proyectando ahora.

«En general ese conocimiento se ha ido ganando, y lo veo en la evolución de las inversiones desde el inicio del Programa de Desarrollo Local hasta hoy, cuando se promueven proyectos que proponen cambios tecnológicos, como está pasando en la Industria Alimentaria», consideró

«El territorio tiene carencias sociales acumuladas que es necesario atender, porque el desarrollo también es bienestar. Urge una industria fuerte, productiva y ordenada, pero también la población demanda y necesita parques, teatros, calles pavimentadas e iluminadas, y resolver inequidades de comunidades que se han quedado más atrasadas.

«Por eso se ha puesto dinero en la recuperación de los hospitales, la pavimentación de calles, en consultorios, en el Acueducto del Sur, necesidades locales que no son cubiertas completamente por el presupuesto central y que ahora podemos acometer gracias a ese uno por ciento», dijo finalmente.