Una ayuda que no debe quedar postrada

No comprende de ayudas ni de módulos; nunca lo comprenderá. Tiene 11 años de edad, el pelo muy negro y los ojos azules. Los padecimientos de Adrián Fundora Medina (Síndrome de West, con variante de Síndrome de Dandy-Walker y parálisis cerebral infantil) le impiden conocer la realidad que le rodea y los sacrificios de su familia para alimentarlo, cuidarlo y mantener su higiene.

Aun cuando el módulo de aseo que le entrega Salud Pública cada año gratuitamente no cubre todas sus necesidades, su mamá, Marlén Medina, lo agradece. Son 12 jabones de lavar, un hule sanitario, tela antiséptica y una toalla lo que recibe este pequeño de la barriada de La Playa, en la ciudad de Matanzas.

«Los culeros desechables que tanto necesitamos solo se entregan a veces, en la farmacia. Cuando los distribuyen, si es que nos enteramos a tiempo, hay que correr a buscar el certificado médico, porque si nos demoramos los podemos perder», explicó Marlén, joven que detalló los avatares diarios de su familia para obtener esos productos, muchas veces por vías solidarias.

Una situación muy similar le ha tocado vivir a Estelvina Guanche Torres, madre artemiseña de 35 años que desde los 16 abriga a su hijo postrado. A los nueve meses de nacido sufrió un derrame cerebral que lo limitó para toda la vida.

Según contó su progenitora, él también recibe los artículos del módulo. «La ayuda es muy buena. En mi caso lo más necesario es el jabón, pues tengo que lavar varias veces al día y no tengo lavadora. Imagínense, él hace todas sus necesidades en la cama».

Estelvina comentó que no recibía el hule que le tocaba desde hacía dos años, «aunque se filtra rápido». Nos dijo también que percibe otros beneficios de los trabajadores sociales y Salud Pública, como la entrega de jabones de baño, culeros desechables, una dieta médica y la chequera de 147 pesos.

«Han sido años difíciles. Una vida entera dedicada a los cuidados de mi hijo y sin trabajar», nos confesó con la voz entrecortada. Comentó de las otras enfermedades que afectan a su hijo, quien padece encefalopatía, epilepsia y parálisis cerebral infantil.

Una resolución necesaria

La Resolución No. 3 del 19 de julio de 1993 regula el procedimiento para la entrega de recursos a personas postradas, encamadas e incontinentes. Por este documento se rige el programa de los ministerios de Comercio Interior (Mincin) y de Salud Pública (Minsap) en el país, pues ambas entidades deben trabajar de conjunto.

La doctora Osmara Delgado Sánchez, funcionaria del Departamento Nacional de Adulto Mayor, Asistencia Social y Salud Mental del Minsap, explicó que un certificado médico emitido por el médico de la familia o el de asistencia, o el geriatra del área, es el documento que, con un año de validez, debe registrarse en la institución de salud como prueba del estado del paciente.

Especificó que las personas postradas son aquellas cuya condición de inmovilidad no es modificable, pues dependen de quienes le rodean para realizar cualquier actividad. Los encamados pueden tener movilidad parcial, con dependencia moderada, como en el caso de una persona hemipléjica, a causa de un infarto cerebrovascular. Los incontinentes deben su estado a la relajación de sus esfínteres, sin que ello interfiera en la realización de las actividades cotidianas y en su movilidad.

Delgado Sánchez señaló que según la patología descrita en el certificado emitido, se clasifica al paciente en postrado, encamado o incontinente, y queda registrado en el Departamento de Trabajo Social del policlínico de su área de salud con un código, en función del cual se le entrega el módulo de aseo con el que, en alguna medida, se ayuda a sus familiares.

Aclaró que a los postrados se les entrega la totalidad del módulo, mientras que los encamados e incontinentes reciben solo algunos productos.

Al cierre de julio, más de 100 000 personas en Cuba recibían esta ayuda por su condición médica, y una parte eran menores de edad.

La especialista subrayó que en las unidades de Comercio —donde también debe mantenerse actualizado el libro de registro de este tipo de pacientes— se entrega, en ocasiones con una frecuencia trimestral, el módulo de aseo, consistente en jabones de lavar para los incontinentes.

Recalcó que a los postrados se les da anualmente un metro de hule, dos de tela antiséptica y una toalla, mientras que cada mes se les entrega un jabón de lavar y otro de baño. «Los artículos se asignan en dependencia de la situación específica de quien haya sido considerado como encamado», afirmó.

Es una ayuda mínima que el Estado prioriza para aliviar su situación, reconoció la doctora Osmara Delgado Sánchez. «Irregularidades en el control y supervisión del estado de estos pacientes y la no actualización del libro de registro en el área de salud y en las unidades de Comercio atentarían contra el objetivo del programa», dijo.

Ayudas que no llegan

Los entrevistados agradecen la entrega de este módulo. Sin embargo, a muchos también les abruman las dificultades que sufren para adquirirlo y cuestionan la calidad de los productos asignados.

Candelaria Rosell Lima, cuya madre sufre hace tres años de una demencia senil que le impide valerse por sí misma, expresó que, con excepción del hule, ha recibido el módulo en todo ese período.

Añadió que también recibe 20 litros de queroseno y que en una ocasión le dieron culeros desechables y algunos instrumentos para curar las escaras de su progenitora.

El espirituano Jesús Cárdenas González es una de las personas que en Jatibonico también recibe el módulo de aseo.

Aunque las estadísticas del territorio revelan estabilidad en la entrega de jabones cada tres meses a los encamados, de un módulo con otros insumos una vez por año a los postrados, de 40 litros de queroseno trimestralmente y una asignación de gas licuado dos veces al año a los pacientes con parálisis infantil cerebral, los enfermos, familiares y asistentes con los que JR dialogó describen una realidad diferente.

«En el año solo recibo aproximadamente seis jabones, tres de cada tipo. Desde el 2013 no me daban el queroseno para hervir la ropa, y al llegar a la tienda, mi asistente se enteró de que ya yo no aparecía en la lista. La atención que he recibido en este sentido no ha sido la mejor», explicó Cárdenas González, un anciano de 75 años.

Según su asistente desde hace más de una década, Emilia Rodríguez, es difícil reactivar cada seis meses su certificado para tener derecho a los distintos insumos. Señaló también que en el tiempo que lleva atendiéndolo, le han dado un paquete de culeros desechables pero ya no tiene la posibilidad de adquirir el combustible, tan necesario para hervir las vendas de su pierna.

La señora encamada que atiende Isabel Pila Reinoso desde el pasado mes de abril, recibió hace dos años culeros y jabones. «Desde que llegué a cuidarla, he preguntado varias veces por los jabones y siempre me dan una respuesta diferente. Sin embargo, nos avisaron enseguida de los culeros», refirió.

No solo Mirta Rivera, también espirituana, no comprende por qué su papá no recibe el módulo cuando pasa tanto tiempo acostado. «Las veces en que nos han visitado lo he tenido sentado para evitar las escaras, pero tiene incontinencia. Su colchón no aguanta más. Realmente necesito esta ayuda, por pequeña que pueda parecer».

Una historia singular es la de Lucía Pérez Fernández, a quien hace aproximadamente tres años se le entregó un módulo de aseo anual de una toalla, tela antiséptica, un hule sanitario y 12 jabones de lavar. Tiene 97 años de edad y lleva más de 15 años primero encamada, y ahora postrada.

Quizá por desconocimiento o falta de iniciativa de sus familiares, tal vez por fallas de los mecanismos para atender a estas personas, en tantos años Lucía apenas se ha beneficiado de un módulo, situación que pone al descubierto los resquicios en el proceso de distribución de las ayudas.

Verificar el servicio

La preocupación por estas «fallas» no solo es palpable en quienes reciben los beneficios del programa Minsap-Mincin. También la Fiscalía General de la República (FGR) pudo verificarlas entre los meses de enero y abril de este año.

Reinaldo Cruz Rivera, director de Verificación Fiscal de la FGR, en entrevista con destacó que la investigación se hizo como parte de un plan diseñado por la Fiscalía para el primer trimestre, dirigido a comprobar la legalidad en sitios relacionados con el abastecimiento de los artículos de primera necesidad a la población.

Un total de 89 entidades de diez provincias (Pinar del Río, Mayabeque, Cienfuegos, Sancti Spíritus, Villa Clara, Ciego de Ávila, Camagüey, Holguín, Granma y Santiago de Cuba) fueron inspeccionadas por las fiscalías municipales, encargadas de ejecutar el plan nacional, mientras las instancias provinciales chequearían el trabajo.

Aunque no se detectaron problemas en todos los lugares, entre las irregularidades reveladas estuvo la falta de información a la población sobre este tema y el desconocimiento de las personas sobre los derechos que les asisten en una situación como esa.

Entre las principales violaciones detectadas están los casos de personas fallecidas que continúan registradas, cambios de direcciones sin notificar, mercancías que permanecieron en otros mercados porque sus sitios originales estaban sin funcionar, pacientes que reciben ayuda tanto por el programa de discapacitados como por el de encamados, certificados sin cuños o emitidos por médicos que no son los facultados, cantidades de queroseno demandadas en exceso sin que existieran los beneficiarios, lugares donde se recibieron los módulos una vez al año sin que se reportaran quejas, personas a las que no llegaron los recursos y diagnósticos errados que privaron a pacientes de la ayuda.

Fue frecuente encontrar certificados ya vencidos, cuando deben renovarse cada seis meses, período en que también tendrá que revisarse el proceso para determinar si la persona ha recibido algún tratamiento que la hizo mejorar y prescindir de la ayuda. Sin embargo, muchas de las particularidades de la resolución que determina el procedimiento se desconocen.

Cruz Rivera comentó que puede ser superior la cifra dada por el Mincin de 115 000 personas que debían ser beneficiadas por el módulo, pues cuando los fiscales visitaron a algunos de los favorecidos, se percataron de que muchos no conocían totalmente la existencia de este sistema en Cuba, por lo que existe la posibilidad de que algunos necesitados aún no estén al tanto de esta ayuda. Añadió que para mejorar esta situación debe influir el médico de la familia y quienes laboran en los lugares donde se expenden los recursos, los que deben explicar más a los usuarios.

Especificó que en el informe de la verificación aparecen los problemas de gravedad, aunque pueden existir otras dificultades formales. «Estas irregularidades son consecuencia además del descontrol, la falta de depuraciones sistemáticas de expedientes y la carencia de conciliación trimestral entre el Mincin y el Minsap».

Influye también la actitud pasiva de los administradores de unidades ante esas dificultades, el escaso dominio de las normativas por el personal de Comercio que debe controlar el programa, y la falta de sistematicidad en las visitas de los trabajadores sociales que deben inspeccionar a Comercio, resaltó.

El Director de Verificación Fiscal argumentó que las demandas de recursos parten de los inventarios en las direcciones de Salud y de Comercio, que están obligadas a conciliarlos.

Los productos del módulo están normados y deben otorgarse según lo establecido. Son notables también las faltas en las asignaciones, pues muchas veces han irrespetado las normas y han entregado menos cantidad. Estas violaciones permiten la permanencia de recursos en el inventario que luego se emplean con otros fines, hasta ilegales, dijo.

Los trabajos de verificación fiscal no terminan con la detección, apuntó Cruz Rivera. Después de esta comprobación, se realiza una reunión con los responsables de los problemas donde se evalúan las causas de las violaciones y se conforma el plan de medidas para restablecer la legalidad.

Entonces la Fiscalía está encargada de volver a las instituciones a comprobar si se cumplen las disposiciones establecidas para resolver las dificultades. Con este propósito, se hacen muestreos y visitas a algunos pacientes para saber si se han resuelto las situaciones.

La Fiscalía municipal concluye con una resolución que debe ser cumplida, a expensas de que el infractor reciba medidas disciplinarias. En esta ocasión, no se procesó de modo penal ningún incumplimiento, aunque el Director opinó que las irregularidades en el manejo propician las conductas delictivas.

Cruz Rivera expuso que en los casos en que familiares de pacientes o instituciones verificadas declararon que las irregularidades se habían presentado en otro período distinto al comprobado, la Fiscalía resolvió variar la fecha de revisión, a fin de atender las verdaderas dificultades.

«No hablamos de un costo económico porque, aunque en algunas provincias existió, fue mínimo y debido sobre todo a algunos productos que se echaron a perder».

El módulo se distribuye anualmente mediante una red seleccionada de tiendas en todos los municipios del país.

Dijo además que el tema ha sido objeto de otras verificaciones, pero ninguna sectorializada como esta, ni practicada conjuntamente en varios lugares, para recopilar información y comunicarla a la dirección del país.

¿Tiene dueño la culpa?

¿Acaso no está planificada la entrega de los módulos? ¿Por qué ocurren estas situaciones? ¿Existen todas las condiciones para satisfacer las necesidades de los afectados? Son esas algunas de las interrogantes que saltan a la vista, pues aseguran los especialistas que nada puede dificultar su entrega.

Gustavo Rodríguez Hernández, administrador de la unidad Bellamar, de la empresa de Comercio de Matanzas, sostuvo que hay un eslabón perdido entre las familias necesitadas y la asistencia social, pues muchas veces no se enteran de que les toca el módulo.

María Elena Pereira Águila, especialista comercial del Grupo Provincial Empresarial de Comercio, refirió que en cada municipio existe una unidad de sistemas especiales; en Matanzas, se cuenta con diez de esos centros. «Existen garantías en la entrega del módulo, pues la Dirección Nacional de Comercio envía los listados».

La doctora Damaris Hidalgo González, asesora del Programa del Adulto Mayor, Asistencia Social y Salud Mental en la Dirección Municipal de Salud en el espirituano municipio de Jatibonico, aseguró que existen las condiciones para satisfacer las necesidades de las personas postradas, encamadas e incontinentes del territorio, aunque persisten irregularidades con la entrega de los paquetes de culeros desechables, porque no siempre llegan con sistematicidad.

Aunque el proceso de dispensarización está diseñado para que desde la atención primaria se conozca a cada paciente y de esa forma discernir qué recibirá cada quién de acuerdo con su patología, no en todas partes este proceso transcurre de forma ágil y dinámica, según comprobamos en esta investigación.

Justamente en el mes de octubre, aún no se ha expendido el módulo en algunas localidades espirituanas. «Hemos tenido demoras con la entrega de la lista y solo somos responsables de distribuir los productos, no de confeccionarla. Hemos recibido innumerables quejas de la población de que al llegar a las tiendas no aparecen en el registro y, lamentablemente, no podemos ofrecer ninguna solución», dijo Odelys Domínguez Valdivia, especialista comercial en el Grupo Empresarial de Comercio y Gastronomía de esa provincia.

En los almacenes están los insumos para entregar los módulos a las 1 956 personas postradas y a 5 491 incontinentes de la tercera provincia más envejecida del país, agregó la especialista, pero se precisa de un mayor control cuando se realiza la dispensarización en cada área de salud. «Igualmente es necesario explicar mejor la correspondencia entre las diferentes patologías y los módulos, el motivo de la entrega y quiénes son los responsables del proceso», precisó.

Según señaló la doctora Teresa Pérez Cañizares, de la Dirección Provincial de Salud en Sancti Spíritus, existe un registro de este tipo de pacientes en las instituciones de Salud, pero es el Grupo Empresarial de Comercio y Gastronomía la entidad encargada de diseñar la distribución en los diferentes Consejos Populares para que los familiares de los enfermos puedan acceder a esos productos en las entidades más cercanas a su domicilio.

La doctora Amparo Costa Méndez, jefa del Departamento del Adulto Mayor, Asistencia Social y Salud Mental en Matanzas, explicó que esta provincia es la quinta más envejecida del país y cuenta con el tercer municipio con igual categoría, Unión de Reyes, donde el 23,6 por ciento de sus 38 037 pobladores son adultos mayores.

«En los últimos años ha crecido la población necesitada de las diversas ayudas, considerando el aumento de la esperanza de vida y del envejecimiento, lo que trae consigo mayores discapacidades que necesitan ayuda técnica, módulos y presupuesto de asistencia social», precisó Amparo.

Explicaron los especialistas que las ayudas por indicación médica y de los trabajadores sociales de los policlínicos se entregan en las farmacias principales, incluidos colchones antiescaras, camas o sillones de ruedas en calidad de préstamo u alquiler.

Los culeros desechables —de altísima demanda entre la población— se entregan por indicación especializada tras un certificado médico que diagnostique relajación del esfínter, pero siempre depende de los volúmenes que lleguen a la provincia. También se otorgan medicamentos gratuitos a personas con bajos ingresos u otros problemas en los núcleos familiares que son valorados.

María del Pilar Vidal Pita, directora de Ventas minoristas y registro de consumidores del Mincin, explicó que el módulo se distribuye anualmente mediante una red seleccionada de tiendas en todos los municipios, las que se dedican a la comercialización de productos destinados a los programas especiales y donde los pacientes se inscriben con su certificado médico y carné de identidad.

Sobre la producción del módulo, dijo que el hule es importado al igual que el algodón para la confección de la tela antiséptica, mientras que los otros artículos son de producción nacional.

Agregó que ya se hizo la demanda del 2015 a la industria, que respondió satisfactoriamente, a pesar de que se incrementaron los módulos debido al creciente envejecimiento poblacional reflejado en los resultados del Censo de Población y Viviendas.

Especialistas del Ministerio de Industrias expusieron que el costo de producción de los módulos es 4.00 CUC en componentes importados y 3.67 CUP en los nacionales. Agregan que la toalla y la tela antiséptica provienen del Grupo Empresarial de la Industria Ligera, mientras que los jabones entran en la planificación anual del Mincin. La Unidad Básica textil Celia Sánchez Manduley es la encargada de comercializar los módulos a través de la Empresa Universal de cada provincia.

Como explicó el Director de Verificación Fiscal, es necesario que la población conozca cuándo se reciben los productos en las unidades para que pueda asistir sin que se retrasen las entregas. «Para aligerar la gestión de los usuarios debe lograrse la interrelación entre empresas de Comercio y las direcciones de trabajo municipales con sus trabajadores sociales encargados de atender a estas personas.

«Ello llevará a que la información les llegue a tiempo, porque no puede ocurrir que por demorar la entrega se afecte la cantidad o calidad, sobre todo cuando una de las normas especifica que no se pagan los atrasos. Es mejor informar a tiempo a la población de lo que debe hacer que luego decirle que no se le pueden entregar los recursos por incumplir.

«Aunque este es un servicio selectivo, el país debe hacer una erogación de dinero para que obtengan estos recursos subsidiados por el Estado. Este es un tema muy sensible y corresponde a las instituciones involucradas velar porque funcione».

Lo importante continúan siendo las personas; y que su bienestar y salud no se deterioren por causa de procedimientos erráticos.

Juventud Rebelde - Diario de la Juventud Cubana