Síndrome del elefante

«En 2005 nos dijeron “quiten caña y pongan vacas”. Nos dieron un crédito inicial de 1 246 310 pesos para comprar los animales, crear las corraletas y otras condiciones mínimas para empezar.

«Desde entonces, en que nos cambiaron el objeto social y pasamos a ser agropecuarios, con la ganadería como actividad fundamental, estamos endeudados, hasta el punto de que nos hemos visto sin dinero para pagarle el anticipo a los cooperativistas».

Así resumió Esther García López, contadora desde hace más de 15 años de la unidad básica de producción cooperativa (UBPC) Juan Manuel Gorina del Toro, el estado general de esta entidad.

Para que detallara los quebrantos de la cooperativa, enclavada en Caimito, provincia de Artemisa, bastó adelantarle el móvil de nuestro trabajo: comprobar el cumplimiento de las 17 medidas anunciadas por el Comité Ejecutivo del Consejo de Ministros, hace casi dos años, para desatar los nudos que atan la eficiencia y la productividad en las UBPC.

A los pocos minutos de permanecer en la Gorina del Toro, tuvimos la sensación de que allí casi todo está hechizado por el desánimo. En las áreas de ordeño (totalmente manual) la obsolescencia nos hace preguntarnos cómo es posible garantizar la calidad de la leche.

El comedor hubo que cerrarlo, porque no era rentable, y el año pasado no repartieron utilidades entre sus 55 cooperativistas por la difícil situación financiera. En ese período las pérdidas fueron de 250 111 pesos, 42 658 de ellos debido a muertes y robo del ganado.

Percibimos que, además del grave problema económico que presenta, la falta de liderazgo para llegar a buen puerto es su talón de Aquiles. Por la entidad han transitado aproximadamente cinco administradores desde que se fundó en 1993, y el actual está «a regañadientes», según describió Esther.

Aunque tienen aplazada una deuda de 361 073 pesos durante 25 años, tras la implementación de las nuevas medidas le deben al Banco 86 587 pesos con un interés del uno por ciento.

Tampoco cuenta con jefe de producción ni económico, situación que habla por sí sola de cómo marchan los indicadores económicos básicos.

Luis García asesora a la UBPC en temas económicos desde hace poco más de cinco años. Antes fungía como director económico del extinto Complejo Agroindustrial Habana Libre, al cual pertenecía esta entidad antes de que cambiara su objeto social.

La experiencia le permite hablar del historial de la Gorina del Toro sin que la pasión lo ciegue: «No ha sido rentable en toda su trayectoria. Ni siquiera cuando era cañera».

Explicó que la cooperativa tenía el corte manual como desventaja en aquel entonces, por lo que demandaba una fuerza de macheteros voluntarios, los cuales venían con un 40 por ciento de su salario como garantía.

«Nosotros debíamos pagárselo, además del valor de la caña que cortaran y los gastos de alojamiento y alimentación. Todo eso se montaba en casi medio millón de pesos cada año».

Luis dijo que hay de todo en la Gorina del Toro para que esta no levante cabeza, pero uno de los problemas más graves es que el sentido de independencia no ha prendido entre sus miembros, por lo que no usan las facultades que les son inherentes y se refrendan en las 17 medidas.

«La dependencia por tantos años de la empresa ha generado un síndrome, que es como el del elefante que de pequeño estaba atado a una estaca que le impedía moverse. Luego creció y podía arrancar la estaca, pero en su cabeza estaba la imposibilidad de andar... Eso pasa aquí y seguramente en otros lugares».

Explicó que la cooperativa tiene dos créditos vencidos, los cuales forman parte del préstamo inicial. Esa deuda asciende a otros 83 559 pesos, con una tasa de interés del nueve por ciento.

«Lo ideal sería que todo ese crédito nos lo hubieran aplazado hasta 25 años para poder recuperarnos».

Esther acotó que la poca leche que producen no alcanza para dar el salto que los sacaría de las deudas. En 2013 allí se produjeron 30 toneladas de carne y 78 000 litros de leche. Para 2014 el plan de carne decrece (20,1 toneladas), mientras que el de leche aumenta en 2 000 litros.

Dentro de su objeto social cuenta la siembra de cultivos varios, pero no poseen sistemas de riego. Además, gran parte de las exiguas cosechas que logran en secano se las roban.

Luis apunta que esta cooperativa ha tenido condiciones para pagar parte de las deudas, pero no han aprovechado la ocasión, opinión que divergió de la de Esther, para quien jamás se ha podido.

Según Luis, no se puede gastar más de lo que se gana y esta cooperativa ha incurrido en ese error. A eso se suma el voluntarismo que ha hecho mucho daño: «Algunos jefes han dicho que hay que poner tal o más cual raza, y eso se ha hecho sin previo estudio de factibilidad».

Señaló que cuando se caracterizaron a las UBPC de acuerdo con la situación financiera que presentaban, la Gorina del Toro estaba en la categoría II. «Hoy casi estamos en la III, donde se agrupan las que deben desaparecer o fundirse con otras».

Precisó asimismo que nunca la UBPC recibió tratamiento financiero, ni siquiera cuando empezaron a implementarse las medidas. Y cuando se analizó el procedimiento de la deuda había que saber negociar con el Banco, pero esta entidad hizo lo que entendió, sin que hubiese un respaldo objetivo.

«Aquí contamos con suelos negros que cuando llueve se inundan por la poca permeabilidad que poseen. Estas tierras son buenas para caña, no para cultivos varios ni para el ganado».

Oscar Mesa Monzón, jefe de las bases productivas en la provincia de Artemisa, fue lapidario a la hora de juzgar la situación de esta entidad: «El desarrollo del pensamiento creativo aquí no existe».

Mesa sugirió dividir las 300 hectáreas de la UBPC por áreas y dedicar fincas a la crianza de chivos. Dijo que de carne y leche no vive ninguna cooperativa, y que para salir adelante era preciso diversificar sus producciones.

Historia menos amarga

En las afueras de la ciudad de Matanzas, aproximadamente a diez kilómetros, se encuentra el reino de las reinas. Allí, en el Valle de Yumurí, bajo frondosos y vetustos árboles, apenas cuatro trabajadores armonizan productividad con economía de manera eficiente y con resultados satisfactorios, según la VIII Comprobación Nacional al Control Interno.

El Centro Cría El Valle se dedica al suministro de las abejas reina. Todo un desafío organizativo, de paciencia, ciencia y, sobre todo, pensamiento económico. Muchos retos los enfrentan juntos, como ampliar sus producciones, nos dijo Jorge Enrique Valdés, el administrador, en tanto enfatizó que deben priorizar sus estándares de calidad y mejoramiento genético.

Cuentan con 350 núcleos de fecundación de tres paneles, 39 colmenas grandes de 19 paneles y tres colmenas auxiliares. Su plan para este año asciende a 3 510 abejas reina, cuya comercialización las realiza la Empresa Provincial de Apicultura. Con laboriosidad, todos practican el multioficio en aras de multiplicar valores y lograr la ansiada eficiencia, con el denominador común de la productividad unida a los resultados económicos.

«Tenemos la ventaja de que es una sola línea de producción y un solo cliente», precisa Jorge Enrique, quien al igual que el resto del colectivo, sin rebuscar en papeles y sin contar con computadora, recuerda cifras, costos y producciones.

Por él supimos que cada abeja reina se vende a 80 pesos CUP, que percibe un anticipo de aproximadamente 1 600 pesos (al igual que el de Yoel González, especialista de producción) y que las utilidades se reparten por el fin de año. Sus compañeras Lilian Galindo, técnica económica, y Violeta Sánchez, técnica veterinaria, ganan 700 pesos al mes como anticipo.

Creada hace dos años, esta UBPC se ha apropiado de las 17 medidas económicas, las cuales califican de muy beneficiosas para la autonomía y buen desenvolvimiento de la entidad desde el punto de vista económico.

Yoel González explicó que cada abeja reina tiene una vida útil de 18 meses y hasta cinco años, y que colocan entre 1 500 y 3 000 huevos diarios. «Aseguramos anualmente el cambio genético, mediante la Empresa Apícola, y cada seis meses se hacen chequeos veterinarios».

Yoel sostuvo que se analizan mensualmente todos los parámetros económicos y se vela con celo por la cuenta de contingencia para eventos imprevistos.

«Analizamos cada una de las 17 medidas y las adecuamos a nuestro medio y trabajo; no tenemos cuentas por cobrar ni por pagar», argumentó Jorge Enrique.

Aunque muchos de los insumos, como el combustible y la madera, los adquieren por la Apicultura, otros —como el azúcar, pues precisan entre siete y nueve toneladas anuales— los compran en el mercado liberado a ocho pesos la libra.

Con Gelma (Grupo Empresarial de Logística del Ministerio de la Agricultura) adquieren otros insumos como machetes, guantes, limas, pintura… todo previo contrato.

En Matanzas funcionan 38 UBPC (22 de cultivos varios, ocho ganaderas, tres forestales y cinco de la apicultura). Al cierre del pasado año, 32 de ellas reportaban ganancias, cuatro pérdidas y dos no informaron sobre sus balances económicos.

Las 17 medidas se están instrumentando, tanto desde el punto de vista productivo como económico, precisó el licenciado en Economía Gabino Méndez Puentes, subdelegado de la Agricultura en la provincia de Matanzas, pero el recorrido de este diario evidenció que todavía quedan obstáculos.

Con vasta experiencia en el sector añadió que dentro del desarrollo económico están las acciones tomadas con carácter financiero, que son aquellas que el país establece con el objetivo de ir capitalizando las UBPC descapitalizadas, pero no a costa del Estado sino de su propio ingreso, a partir del aporte del cinco por ciento de sus ventas.

«Matanzas ha recibido muy pocos beneficios del cinco por ciento que recauda el Banco y lo manda a una cuenta central, y durante el año pasado no se recibió un centavo», comentó el especialista en Economía.

«La recuperación de las UBPC ha sido buena. Algunas han despertado, otras siguen igual y están las problemáticas, como las que se encuentran en el radio de acción de la empresa de cultivos varios Lenin, en Jovellanos. Allí, de cuatro UBPC tres tienen sus créditos vencidos, después de haber sido renegociadas sus deudas, debido a varias razones, pero fundamentalmente productivas».

Refirió Gabino que al cierre de febrero, seis UBPC en la provincia se encontraban con créditos vencidos, y estas últimas acumulaban más de un millón de pesos por ese concepto. De esta cifra, 900 000 pesos pertenecen a las de Jovellanos, lo que evidencia que hay un problema territorial en el manejo de ese tema.

Recalcó que hay dificultades con el combustible para acometer los procesos productivos, y que no se trata únicamente de la cantidad, sino de la disponibilidad en el momento, pues el combustible viene por una asignación y no por un derecho de compra que puedas tener.

La agricultura no es un proceso industrial; se siembra cuando hay que sembrar o cosechar. La agricultura demanda de un sistema de distribución de combustible que no sea por asignación administrativa, insistió Gabino.

Manifestó su preocupación sobre el poco dominio que existe de los costos de producción, porque considera que se trabaja sobre la base de producir pero no a un costo eficiente.

Ejemplificó que a partir de la entrada en vigor de las 17 medidas no se ha extinguido ninguna UBPC. Tras elogiar a la cooperativa El Sordo, del municipio de Martí, cifró esos buenos resultados en un correcto funcionamiento productivo, con una administración estable, buena dirección económica y comercial.

Las modificaciones al objeto social de las UBPC brindan posibilidades de buscar ingresos por diversas vías, que se pueda vincular a los trabajadores y no se dependa tanto de la centralización en las decisiones que tomamos, concluyó Gabino.

Experiencia a pie de surco

En la provincia de Granma solo pudieron asumir el reto de comenzar a transitar como cooperativas, sin el habitual apadrinamiento de las empresas, 150 UBPC, de las 203 existentes a partir de que se comenzaron a implementar las medidas.

De ellas, apenas cuatro contaban con solvencia financiera. Las restantes 146, marcadas por fallas económico-productivas, sometieron a prueba su permanencia de conjunto con las 44 bases agrícolas del Grupo Azucarero Azcuba, bajo el amparo de las 17 medidas, con las cuales se intentarían zafar las ataduras que limitaban su funcionamiento y desarrollo.

Actualmente en este territorio unas 50 cooperativas del Minag salen a flote con el incremento de sus producciones e ingresos. Otras 35, en cambio, permanecen estancadas, con pérdidas o deudas que afectan sensiblemente a sus miembros.

«Similar situación enfrentan 13 UBPC de Azcuba con un estado financiero desfavorable, y una cooperativa evaluada de crítica, cuyos análisis económicos revelan serias fisuras administrativas y productivas», explicó Luis Pérez, director provincial de Atención a Productores Agropecuarios en Azcuba.

Por su parte, Alexander Rojas, subdelegado de Funcionamiento y Control del Minag en Granma, explicó que «las 35 UBPC que tienen créditos vencidos es por no haber podido respaldar con sus producciones los préstamos del Banco. Incluso se evalúa la posible extinción de cinco de ellas, cuyas situaciones son insostenibles, fruto de una mala dirección, frágil estructura o dificultades con la fuerza de trabajo que han repercutido en continuos y bajos rendimientos agrícolas».

La UBPC Delfín Moreno Vázquez, perteneciente al municipio de Bayamo, fue una de las cooperativas que tras la correcta interpretación y aplicación de las 17 medidas dio un giro a sus producciones durante el 2013.

Destacó Orlando Vázquez, presidente de esta entidad, que al cierre de diciembre tuvieron una ganancia de 16 000 pesos. «Aun cuando ese fue un período de recuperación después de las inversiones, muchas de las trabas en la gestión económica se eliminaron permitiéndonos sembrar más de cien hectáreas de tomate, cebolla, plátano, boniato, yuca y otros cultivos», agregó.

Desde entonces, los 119 cooperativistas de la UBPC perciben como anticipos entre 800 y mil pesos, de acuerdo con su productividad.

Otro panorama se describe en la UBPC Víctor Escalona, ubicada en el poblado de Veguita, en Yara. Allí la situación económica y productiva es desalentadora.

Según explicó su actual administrador, Leoni Benítez, «las lluvias del mes de enero afectaron severamente las producciones del tomate, del frijol y la malanga, esta última con pérdidas de más de 421 000 pesos, pues las otras dos siembras eran colaterales y no estaban aseguradas».

Ahora, con cuatro créditos vencidos y a la espera de que Acopio financie el 65 por ciento de la malanga asegurada, la UBPC intenta recuperarse con la siembra de varias hectáreas de sus principales renglones productivos, en tanto la cuerda continúa cediendo por el lado más débil: sus cooperativistas.

«Aunque en estos primeros meses del 2014 hemos pagado a los trabajadores vinculados a la producción, les debemos ocho meses de anticipo, cifra que asciende a más de 200 000 pesos», señaló Benítez, quien reconoce que la pesada carga que lleva a cuestas la UBPC no se debe solo a las aguas de enero.

Pedro Naranjo, obrero de la UBPC, reveló que después de las lluvias se recogió la malanga dañada para comercializarla como semilla, pero hubo morosidad en la gestión de venta y gran parte se entregó con poca calidad o se echó a perder y a ellos solo les quedó el trabajo y las malas noches.

«Además, en estos momentos son pocos los obreros vinculados directamente al campo, porque de los 110 que había inicialmente solo quedaron 40, debido a los atrasos en el pago salarial», agregó Naranjo.

Al otro extremo de la provincia es perceptible el mismo síndrome en la UBPC José Martí, ubicada en una zona rural del municipio de Jiguaní. Keisia Fernández, su económica, declaró que antes de la implementación de las 17 medidas debían al Banco 1 005 000 pesos.

«Esta deuda cuenta con una prórroga de 25 años para su liquidación. Pero ni esa posibilidad, ni la siembra de cultivos varios han mejorado la difícil situación de los ingresos de sus 72 obreros, afectados durante varios meses.

«Gracias a los resultados de la producción del frijol logramos sufragar algunos créditos del Banco y pagarle a los trabajadores en el mes de marzo. Pero la deuda por concepto de salario atrasado es de 96 000 pesos», apuntó Fernández.

Esta situación se complejiza al tener 24 hectáreas sin cultivar, para las cuales cuentan con tecnología de punta y disponibilidad de insumos agrícolas.

Según directivos del territorio, varias unidades agrícolas del Minag y Azcuba en la provincia de Granma coinciden en irregularidades como el exceso de personal no vinculado de forma directa a la producción, gastos administrativos innecesarios y violaciones de los rangos establecidos para la cantidad de cooperativistas por área.

Se añaden a la lista de irregularidades ajenas a las trabas financieras las detectadas por la Contraloría provincial. Al respecto, la directiva Sulema Labrada precisó que, «aunque las cooperativas cuentan con su reglamento general, no existe evidencia documental de que se controle por la empresa estatal el cumplimiento de las normas técnicas que rigen cada proceso productivo, ni la contratación económica dirigida a satisfacer su demanda.

«También persisten dificultades con los planes de producción, las cuentas por pagar y el control interno, reflejado en su sistema contable, la ausencia de documentación primaria y la desactualización de registros», concluyó.

Durante el periplo por las tres provincias referidas, coincidentemente se identificó la falta de liderazgo, desconexión con la realidad y el marco legal, plantillas infladas y malas negociaciones con el Banco, como máculas que impiden a determinadas unidades básicas de producción cooperativa remontar el vuelo a la eficiencia.

Todos estos vicios han frenado el desarrollo de las UBPC durante más de 20 años, y extirparlos llevará tiempo, capacitación, control y ayuda. Solo así quienes administran el 28 por ciento de las tierras cultivables del país (1 700 000 hectáreas) podrán contribuir a que el problema de la carestía de los alimentos tenga fecha de caducidad.

Algunas de las medidas adoptadas por el Consejo de Ministros*

—Modificar las normas legales que establecen el Reglamento General para el funcionamiento de las UBPC (Resolución No. 629/04 y la 525/03). Entre los principales cambios introducidos, se fijó que las relaciones de las UBPC con las Empresas y otras entidades son contractuales, y se autorizó a las unidades básicas a trabar relaciones con todas las personas naturales y jurídicas para la compra de productos y servicios.

—Establecer las relaciones contractuales directamente con las empresas suministradoras de insumos del Ministerio de la Agricultura y del Grupo Azucarero.

—Establecer relaciones contractuales directas entre las UBPC del Ministerio de la Agricultura y Fincimex para la adquisición del combustible.

—Se aprobó además un tratamiento financiero para revertir la situación productiva, económica y financiera de estas entidades y dar solución al endeudamiento acumulado. En ese sentido se dispuso el pago de un tributo consistente en el cinco por ciento de los ingresos brutos de las UBPC como fuente de financiamiento para capitalizarlas. Entre otras medidas, también se decidió exonerar a las UBPC, por un período de hasta cinco años, de la Declaración y Liquidación del Impuesto sobre Utilidades, previsto en la nueva Ley del Sistema Tributario.

*Un resumen amplio de las 17 medidas puede consultarse en el reporte Sin «ahijada» la empresa agrícola estatal, publicado el 15 de septiembre de 2012 (http://www.juventudrebelde.cu/cuba/2012-09-14/sin-ahijada-la-empresa-agricola-estatal/)

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