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En Las Tunas fueron reemplazadas decenas de kilómetros de líneas eléctricas defectuosas. Foto: Reynaldo Pérez LAS TUNAS.— Si se pretende conocer en qué magnitud ha beneficiado al pueblo tunero la Revolución Energética, basta con evaluar que en abril de 2005 el 52 por ciento de las familias radicadas en su territorio utilizaban leña o carbón vegetal como combustible básico y en casi todos los hogares restantes, a la hora de cocinar se le echaba mano al keroseno precalentado con alcohol etílico, o a hornillas eléctricas «criollas», causantes de accidentes domésticos y derrochadoras de energía.

Poco más de tres años después, el panorama es totalmente distinto. Baste decir que hoy, como parte de las transformaciones emprendidas en el sector energético, buena parte de la población de los ocho municipios tuneros ha recibido —a precios módicos y con facilidades de pago— cientos de miles de hornillas eléctricas, ollas de presión de distintos tipos, ollas arroceras, cacerolas, calentadores...

Además de este módulo de cocción, millares de refrigeradores de alto consumo energético fueron sustituidos por otros más eficientes.

Del grado de satisfacción pública da fe este monólogo femenino:

«Mi vida ha cambiado una barbaridad. Hasta hace poco no tenía un minuto de descanso: levántese temprano, encienda el carbón para hacer el desayuno, sírvaselo a la niña, llévela a toda prisa a la escuela, invente para no llegar tarde al trabajo, piense todo el día en los frijoles por ablandar y en el poco carbón disponible...

«Ahora todo cambió. Hoy domingo lavé y tengo la ropa tendida. Mis ollas están limpias y mis uñas sin tizne. La casa no huele a humo como antes. Ahorita iré a arreglarme el pelo y las manos. Luego haré el almuerzo en la hornilla nueva, dormiré un rato y veré la película que ponen por el televisor. Es cierto que mi tarifa eléctrica aumentó, pero es el precio por mi actual calidad de vida... ¿Qué le parece?».

Pero no solo el hogar se favorece con estos proyectos. La economía del país recibe lo suyo, pues se deja de gastar un importante volumen de gas licuado y keroseno. También, como parte de la ofensiva energética, en la provincia fueron reemplazadas decenas de kilómetros de líneas eléctricas defectuosas. Eso contribuyó a ahorrar por ese concepto millares de megawatts/hora, capaces de garantizarle el servicio a un gran número de viviendas. Sin embargo, algunos beneficiarios no cumplen con la parte que les corresponde...

«Las Tunas tiene en estos momentos 104 millones de pesos en deudas, una cifra bastante significativa que parte de la población beneficiada con la entrega de artículos de la Revolución Energética todavía no ha ingresado al presupuesto nacional», explica Juan Francisco Quiñones, subdirector de la ONAT en la provincia.

De esa cantidad, 93 millones están fuera de término, es decir, vencidos luego de los 60 días que se conceden legalmente como plazo para que la persona se acoja a las opciones de pago desde el momento en que adquiere el artículo».

Tamaña demora en amortizar y la cuantía de los impagos generó la adopción de medidas para garantizar su definitiva liquidación. Así, se crearon grupos en los municipios, compuestos no solo por la ONAT, sino también por las direcciones de Comercio, Banco, Instituto Nacional de Asistencia y Seguridad Social, Finanzas, Trabajo... Estos colectivos aúnan esfuerzos para buscarles soluciones a los interesados en saldar sus adeudos que carecen de capacidad de pago. Los trabajadores sociales los identifican en sus pesquisas de terreno y luego el grupo se encarga de analizarlos.

«Recientemente entró en vigor el embargo salarial —agrega Juan Francisco—. Está concebido para aquellos que lleven un mínimo de tres meses de morosidad desde el instante de la entrega del artículo en cuestión hasta la primera visita del trabajador social para alertarlo de la demora y llenarle un formulario con datos familiares. Al mes de realizada esta advertencia se le visita por segunda vez. Si mantiene la situación de impago, el grupo de trabajo municipal lo procesa y entonces comienza a gestionarse el embargo salarial».

¿Cómo se procede? Según el funcionario, el grupo municipal elabora una lista con las entidades que tienen deudores y las cantidades que adeudan. Luego hacen llegar el documento a las direcciones de sus centros de trabajo. Los factores de la entidad se reúnen con los implicados para discutir el problema y evitar, siempre que sea posible, que tenga que aplicarse la medida. Porque no se trata de sancionarlos, sino de instarlos a cumplir con sus obligaciones financieras. Después de ese análisis, el director del centro tiene 48 horas para informar a la ONAT si el deudor va a solicitar un crédito o si se niega a recurrir a esa opción. Si a pesar de los esfuerzos la solución no aparece, se aplica el embargo de hasta el 50 por ciento del salario mensual. Es importante que la población conozca esto, porque constituye una afectación salarial susceptible de repercutir en la economía doméstica.

Independientemente de quienes tienen todavía deudas por saldar con el presupuesto del Estado, cierto número de familias tuneras aún no han recibido sus módulos de cocción. ¿A qué obedece esta demora? ¿Por qué no cumplen las entidades estatales encargadas de esta tarea con las obligaciones que les atañen?

Alberto Pavón, director comercial de la Organización Básica Eléctrica (OBE) de Las Tunas, responde estas interrogantes a partir de una estrategia reciente y diferente.

«Hasta el 31 de diciembre del pasado año, eran los trabajadores sociales los principales encargados de distribuir estos módulos entre la población. A partir del 1ro. de enero esta política cambió. Ahora el dueño de una vivienda nueva, o de la que se repara y debuta como nueva, debe personarse en nuestras oficinas para solicitar un contrato eléctrico luego de constituir su núcleo en OFICODA. Una vez concertado ese convenio, retorna con el documento a dicha oficina; allí lo registran en sus controles, le entregan la autorización de compra y, finalmente, adquiere los artículos en una tienda habilitada al efecto. Resumen: la adquisición del módulo de cocción se gestiona a partir del momento en que el propietario de la nueva vivienda formaliza el contrato eléctrico».

Pavón admite que muchas de las insatisfacciones públicas se fundamentan en que el servicio eléctrico no se brinda con agilidad, sino que demora entre 20 y 30 días. Eso causa malestar. «Estamos luchando por reducir esos plazos a la mínima expresión —asegura—. Todas nuestras oficinas comerciales en la provincia conocen el sistema. Se llama Contrato H 982, y es un servicio residencial para las viviendas construidas tanto por empresas o de forma personal. Incluye la instalación de un metro contador nuevo».

Pavón agrega que otra insatisfacción es la reposición de los equipos dañados por causas imputables a la Empresa Eléctrica, de los cuales existen más de 2 000 en la provincia. «Les estamos dando respuesta —dice—. A través de DIVEP adquirimos una parte. Pero eso también suele demorar. Tenemos el presupuesto, aunque no siempre hay equipos en existencia. Las soluciones dependen del tiempo de notificación. Nadie debe preocuparse, porque todos tendrán solución en este año».

El ingeniero Richard Arias, regulador de Cargas, de la Organización Básica Eléctrica en Las Tunas, es optimista. En el ejercicio de su profesión le agrada hablar sobre el ahorro, una categoría que él no suele evaluar en términos absolutos.

«En el año 2005 esta provincia tenía el segundo consumo eléctrico más bajo del país, con 94 kilowatts/hora. Hoy, como promedio por vivienda, está por encima de los cien en todos los municipios. Es un reflejo no del despilfarro, sino del incremento del nivel de vida de la gente. Hay indicios positivos. Si comparo abril de 2008 con abril de 2007, aprecio que el consumo residencial promedio se mantiene, e incluso comienza a descender. Es un síntoma de que las familias están asumiendo la nueva realidad y adquiriendo cultura ahorradora. Se trata de un descenso leve, pero con tendencia a estabilizarse».

La Revolución Energética en Las Tunas tiene también su impacto en el sector estatal. El ingeniero Richard habla sobre el cambio de iluminación como una tarea priorizada. «Se sustituyen las lámparas de 40 watts por similares de 32 —acota—. La provincia se encuentra al 95 por ciento de los cambios probables, es decir, de más de 17 000 tubos previstos para el reemplazo en las empresas, se han sustituido alrededor de 15 000, con la siempre apreciada participación de los trabajadores sociales.

«Otra tarea es la instalación de grupos electrógenos. Tenemos instalados hoy 30 megawatts en generación distribuida a base de diésel, con tres emplazamientos: el CAI Antonio Guiteras y los municipios de Manatí y Las Tunas, con una potencia total de 30,5 megawatts, que cubre alrededor del 45 por ciento de la demanda. Se está terminando y poniendo a punto un grupo fuel oil, que tiene 20 megawatts de potencia. Todas estas inversiones tienen influencia en la invulnerabilidad eléctrica de la provincia».