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A raíz de la comunicación de Fidel Castro sobre su estado de salud y la delegación provisional de sus cargos, altos funcionarios estadounidenses han formulado declaraciones cada vez más explícitas acerca del futuro inmediato de Cuba. El Secretario de Comercio Carlos Gutiérrez opinó que «llegó el momento de una verdadera transición hacia una verdadera democracia» y el vocero de la Casa Blanca Tony Snow dijo que su gobierno está «listo y ansioso para otorgar asistencia humanitaria, económica y de otra naturaleza al pueblo de Cuba», lo que acaba de ser reiterado por el presidente Bush.
Ya la «Comisión para una Cuba libre», presidida por la Secretaria de Estado Condoleezza Rice, había destacado en un informe a mediados de junio «la urgencia de trabajar hoy para garantizar que la estrategia de sucesión del régimen de Castro no tenga éxito» y el presidente Bush señaló que este documento «demuestra que estamos trabajando activamente por un cambio en Cuba, no simplemente esperando a que ocurra». El Departamento de Estado ha subrayado que el plan incluye medidas que permanecerán secretas «por razones de seguridad nacional» y para asegurar su «efectiva realización».
No es difícil imaginar el carácter de tales medidas y de la «asistencia» anunciada si se tiene en cuenta la militarización de la política exterior de la actual administración estadounidense y su actuación en Iraq.
Ante esta amenaza creciente contra la integridad de una nación, la paz y la seguridad en América Latina y el mundo, los firmantes de la declaración exigen que el gobierno de Estados Unidos respete la soberanía de Cuba. Debemos impedir a toda costa una nueva agresión, aseguran.
