Acuse de recibo
No se puede permanecer impasible luego de leer la carta que envía Yamilet Charchaval Gámez, residente en la comunidad rural Cananova, del municipio holguinero de Frank País.
Yamilet cuenta que tiene un niño de 11 años que, a consecuencia de una parálisis cerebral, padece un retraso mental severo. Camina, pero no habla. Ni siquiera come por sí mismo, no tiene control sobre sus necesidades fisiológicas. Se autoagrede, por lo cual requiere sistemática atención médica.
En estos 11 años, dice, ella ha tenido la ayuda de su familia. Pero ya el muchacho está muy agresivo, y requiere muchos cuidados. Incluso a ella se le hace muy difícil. Para hacer las labores domésticas, tiene que amarrarlo a la cama.
«Sé que en algún momento existió una ley que protegía a las madres con estas situaciones, afirma, pero cuando me acerqué al Órgano de Trabajo de mi municipio me dijeron que ya no existía. ¿No hay forma de ayudarme, o es que ellos no están bien informados acerca de la ley?».
Refiere que el niño tiene prescritos varios medicamentos que ella debe comprar, y además proveerle los alimentos y demás necesidades.
«¿Si no tengo un ingreso mensual, pregunta, cómo lo hago? Vivo en una casa muy humilde con muy pocas comodidades. La trabajadora social habló conmigo y me dijo que me iban a ayudar con un refrigerador que nunca llegó. Quisiera que se tuviera en cuenta mi situación porque cada día que pasa se torna más incómoda y difícil. Espero que puedan ayudarme», concluye.
Aleida González Plasencia, quien reside en la finca La Mariquilla, en Puerta de Golpe, municipio de Consolación del Sur, provincia de Pinar del Río dice sentirse «desatendida».
Ella, una jubilada de Salud Pública con 65 años y que vive sola, cuenta que un huracán en 2008 produjo derrumbe total de su vivienda. Y desde entonces está en una lista como damnificada.
«Vivo en una facilidad temporal en muy mal estado, cuyo techo se moja por todas partes, refiere. En cuanto
comienza a llover no puedo dormir, jugándole cabeza a las copiosas goteras.
«A lo largo de 12 largos años de sufrimiento y dificultades, he acudido al consejo popular en Puerta de Golpe, a la Dirección Municipal de la Vivienda en Consolación del Sur y al Gobierno Municipal.
«En mi última visita a Vivienda Municipal, en febrero de este año, la técnica que me atendió me informó que mis papeles, los que acreditan mi condición de damnificada con derrumbe total, se extraviaron. Y las condiciones de mi vivienda son precarias y lamentables. Su deterioro es creciente», concluye Aleida.
Anaelys Pelayo Casañas alerta en su carta acerca del estado en que se encuentran ciertas comunidades de tránsito, que en la vida real no son tan transitorias, pues muchas familias que perdieron sus viviendas están albergadas en ellas y dejan allí años de sus vidas, mientras les llega el escalafón.
La remitente vive albergada en la comunidad de tránsito de 100 y C, en el municipio capitalino de Arroyo Naranjo; y atestigua que allí «existen pésimas condiciones higiénico-sanitarias, constructivas y de electricidad».
Refiere que se ha dirigido a diferentes instancias y aún no ve solución para esos problemas. «La semana pasada fue una funcionaria de la Vivienda en el municipio, por un escrito que hice, y como respuesta dio que nos sacarían de allí… para otro albergue».
Manifiesta Anaelys que «en las comunidades de tránsito existe un escalafón de núcleos familiares, pero todo parece indicar que también hay otro más entre comunidades para la entrega de viviendas. Y la de nosotros, ¿para cuándo?, termina.
Aunque en los últimos tiempos es prioridad la construcción de viviendas para los albergados, aún las necesidades habitacionales acumuladas superan con creces los niveles de ejecución. Por ello es importante una información transparente y pública de cómo se mueve el escalafón, y, al propio tiempo, un toque de mejoría para adecentar y dignificar esas comunidades.
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