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El pasado 23 de octubre, y desde la ciudad de Sancti Spíritus, los abuelos Minnely Hernández del Rosario y Luis Sebastián Delgado Hernández denunciaron aquí los obstáculos para cumplir su deseo de ceder la azotea de su casa en esa ciudad a los nietos menores de edad.

Contaban que el 12 de diciembre de 2018, en la Dirección Municipal de Planificación Física (DMPF), presentaron el trámite de cesión a los nietos, representados por la mamá de estos. Y según el Decreto 322/2014, Resolución 54/14 del Instituto de Planificación Física, el término legal de respuesta para esos casos es de 60 días hábiles: 30 para la DMPF y 30 para la Dirección Provincial (DPPF).

La mamá de los niños, decían, visitaba  la DMPF hasta dos veces al mes. Y la respuesta era que el expediente estaba en proceso. «Si ya han transcurrido diez meses… ¿hasta cuándo nos van a maltratar y a violar nuestros derechos ciudadanos a recibir en tiempo nuestros trámites?» manifestaban.

Responde Marinelys Jiménez González, directora provincial de Planificación Física en Sancti Spíritus, que el trámite fue promovido el 12 de diciembre de 2018, y se radicó con expediente 7516. La DMPF elevó a la DPPF el expediente —«extemporáneamente»— el 15 de agosto de 2019 para su radicación y posterior resolución. Y en su revisión, se le detectaron deficiencias, por lo que fue devuelto a la DMPF el 6 de septiembre pasado.

Las deficiencias: La casa con la azotea está en la zona patrimonial de la ciudad, y no se había interesado de oficio el pronunciamiento de la Oficina de Patrimonio, acorde a lo legislado en esos casos. Además, el dictamen legal no refería que la cesión de la azotea la recibía la madre de los niños. Y se había confeccionado una sola acta jurada, en la que declararon dos personas.

Refiere que el expediente fue notificado desde inicios  de octubre pasado en la Oficina del Conservador de Sancti Spíritus; y fue evaluado por la Comisión Provincial de  Patrimonio el 30 de ese mes. Se radicó en la DPPF el 11 de noviembre, y fue citada en varias ocasiones la madre de los menores, para ser visitada la azotea por el técnico del Departamento de Tramites, pues las condiciones de salud y la edad de los oferentes no les permitía presenciar la revisión.

La representante se vio imposibilitada de asistir en varias ocasiones, por afectaciones laborales. Y el 18 de noviembre se hizo la revisión de la azotea. El 20 de ese mes fue emitida la Resolución 198/2019, que autoriza la cesión de la azotea del inmueble a favor de los menores, representados por su madre, Yanet López Delgado. Y fue notificada ese día, estando de acuerdo la promovente con los resultados del trámite.

Plantea que «en el análisis realizado en el Consejo de Dirección de la DPPF se tuvo en cuenta que desde principios de año la DMPF de Sancti Spíritus ha experimentado inestabilidad en los cargos de dirección (director y subdirector)». Y se agravó el asunto, añade, por el fallecimiento del técnico que estaba a cargo de la documentación e investigaciones del trámite.

«Además, dice, es evidente que existió falta de control y seguimiento por parte del jefe de Departamento de Tramites de la Dirección Municipal de Planificación Física de Sancti Spíritus, y la supervisión del director saliente como máximo responsable en esa instancia».

Agrega que le fue solicitado al director en funciones actual que tomen las medidas administrativas para que hechos como este no se repitan, y analizar en el colectivo de trabajadores de la entidad el caso en particular. Y se debería informar a la propia directora provincial las medidas disciplinarias impuestas a los responsables en un término de 10 días hábiles.

Agradezco la respuesta, no sin lamentar el itinerario de las demoras y deficiencias, fundamentalmente por la DMPF, que vino a elevar el expediente a la DPPF a más de nueve meses (¡…!) Si hubo inestabilidad de directivos y un desenlace inesperado, no era culpa de la representante de los niños, que  demoró apenas unos días por razones de trabajo, luego de esperar tanto por las ineficiencias de la DMPF.

Este es un ejemplo de cómo las deficiencias de las entidades las pagan los ciudadanos. Claro que no debe repetirse. Ojalá así sea.