Acuse de recibo
LA historia de Maday Díaz Bravo, residente en el batey Benito Juárez del municipio villaclareño de Placetas, ya adquiere los niveles de impaciencia y angustia.
El 11 de febrero pasado, ella contó aquí que es madre divorciada, con un hijo de nueve años, quien a la edad de cuatro sufrió una meningoencefalitis bacteriana, por la cual quedó con lesión estática del sistema nervioso central, hemiplejia izquierda y epilepsia de difícil control (síndrome de Lenox Gastaud).
Precisaba que al vivir lejos de los centros asistenciales, y sin transporte para trasladar al niño cada día, su rehabilitación se obstaculizaba. Y la madre de Maday fue al Gobierno municipal. Allí le informaron que les asignarían un apartamento en un edificio en construcción.
El 11 de noviembre de 2017 le avisaron a Maday que le entregarían el apartamento. Y al presentarse en el edificio, el director de Vivienda Municipal le planteó que aún estaba ocupado ilegalmente por una ciudadana que había forzado la puerta. Le prometió que se resolvería pronto, pues estaba en manos de la Fiscalía.
«Ya han pasado dos meses, decía Maday el 11 de febrero, y después de ir al Gobierno, el Partido y la Fiscalía, me dicen que hay que seguir esperando. Mi niño ahora necesita rehabilitación, ya que está operado de ambos pies. Y también asistir a la escuela especial, a la que no ha podido ir ni un solo día en este curso. En un sillón de ruedas, y con 92 libras, me resulta imposible trasladarlo hasta Placetas. No sé qué tengo que esperar ni hasta cuándo, ni a quién dirigirme».
El caso se reavivó el pasado 6 de abril, cuando respondieron aquí Jorge Luis Paz Navarro, vicepresidente del Consejo de la Administración Municipal (CAM), y Leonardo Fariñas Colina, director municipal de Vivienda.
Acotaban que se había creado una comisión investigadora. El caso se analizó con las direcciones de Salud Pública, Trabajo y Seguridad Social y Educación. Y Maday también fue visitada por representantes de la Fiscalía y el Tribunal Popular municipal.
Confirmaron que el apartamento, antes de su entrega oficial, fue ocupado ilegalmente por la ciudadana Yanara Águila García junto a su esposo y dos hijas, quienes residían hacinados en un cuarto de la casa propiedad de los suegros, con numerosos integrantes.
Añadían los funcionarios que, dado el problema que afrontaba la familia de Yanara, el órgano colegiado del CAM examinó el caso y le aprobó un subsidio para ejecutar una célula básica de vivienda. Planificación Física les asignó una parcela, y la comisión de atención a ilegalidades informó a Yanara que iniciara sus trámites, y hasta tanto concluyeran la obra, liberaran el apartamento y retornaran a su lugar de origen.
A su vez, revelaron que a Maday se le aprobó una prestación económica monetaria temporal por Asistencia Social, por los problemas que afronta; y que al restablecerse la legalidad, la Dirección de Salud Pública atendería de forma sistemática la rehabilitación del niño, mientras que, para cuando ya vivieran en el apartamento, la Dirección de Educación viabilizaría su asistencia a la escuela especial.
Al respecto, este redactor alertó: «Ruego, en nombre de tantos lectores que siguieron esta trama, que las autoridades de Placetas nos confirmen el final de la historia en cuanto las decisiones adoptadas se reviertan en hechos consumados e irreversibles».
Y luego de varios meses, acaba de llegar una nueva carta de Maday: «He decidido dirigirme al Consejo de Estado, ya que la ocupación ilegal del apartamento que fue asignado a mi niño continúa sin solucionarse, a pesar de la respuesta que le dio el Gobierno a su publicación.
«Tenía razón usted cuando tituló aquel Acuse de Recibo: Se anuncia justicia para Maday, ya que no ha pasado de eso, un anuncio. Todas las semanas nos dicen que se reunió la Comisión de Ilegalidades, y acordaron sacarlos la próxima. Y así continúan pasando los días», concluye.
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