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Edificio en el hoyo

La inauguración del edificio, en pleno 1990, cuando arrancaba la cruenta crisis del período especial, podía augurar malos presagios, pero seguramente era más intensa la felicidad de ya contar con casa propia. Sin embargo, a la vuelta de los años, lo que se intuía nublado terminó siendo aguacero. Así lo cuentan Orlando González, Raúl Alonso y Yaritza Pérez, integrantes de la Junta Directiva del Consejo de vecinos del inmueble, en nombre de todos sus habitantes.

La edificación No. 27, en Hoyo de Monterrey, San Juan y Martínez, Pinar del Río, presenta una situación caótica para la cual no se ven en el horizonte acciones de respuesta, apuntan los remitentes. Y argumentan con fotos y detalles sus planteamientos.

Lo primero es que desde la inauguración «quedaron sin terminar varios de sus componentes como la acera, las iluminaciones de las escaleras, el cobertor con baldosas de las escaleras, todo cobrado por la Dirección Municipal de la Vivienda (DMV) y con la promesa cuando aquella fecha de que en el futuro serían terminadas, cuestión que ha quedado en el olvido.

«En estos momentos se comenzaron a derrumbar los balcones, y por su parte posterior se comenzó a rajar de arriba a abajo, poniendo el inmueble en estado de derrumbe total y con el peligro de pérdida de vidas humanas. Como comentario adicional: el día en que se derrumbó el balcón estaban dos niñas de tres años jugando debajo y una anciana recostada en este que salvaron sus vidas por un milagro. El hecho provocó la visita de múltiples factores, que para no enumerarlos todos estuvieron representados por las máximas direcciones del Partido y del Poder Popular, las que prometieron a los vecinos una atención priorizada para reparar el edificio y que en los próximos días recibirían visitas especializadas para programar las acciones; promesas incumplidas, pues seis meses después no se ha hecho nada en el orden constructivo», alegan los remitentes.

Asimismo, apuntan que los desagües de aguas albañales colapsaron y crearon una pestilencia e insalubridad desesperante. Ante el reclamo para su reparación la respuesta ha sido que deben ser los vecinos, por medios propios, quienes asuman la tarea. «A los que conocen de este trabajo les hemos propuesto hasta mil pesos y una muda de ropa para realizar la reparación y afirman que en ello no se metían, por el estado en que se encuentra el edificio», evocan.

La cuestión se complica aún más porque al lado del inmueble se halla un círculo infantil «y las moscas que se posan en los desperdicios (…) invaden el comedor del círculo donde se alimentan los infantes», sostienen los pinareños.

Y añaden que la edificación está situada «a la entrada del famoso Hoyo de Monterrey (…), visitado casi a diario por turistas extranjeros, quienes además de tirar fotos al famoso valle, también les tiran a las calamidades del edificio (...) lo que constituye a nuestro modo de ver un bochorno nacional». ¿Hasta cuándo se prolongará esta odisea?

Entre la línea y la incertidumbre

Una situación no menos compleja se describe en esta misiva desde Villa Clara. Con su madre impedida física y su papá padeciendo un trombo coronario, ambos veteranos, en una casa cuyo techo y paredes fueron severamente afectados por el huracán Irma, vive el joven Yassel Santos González (Batey del CAI Héctor Rodríguez No. 80, Sitiecito, Sagua la Grande). Para colmo de males resulta que la vivienda «está a menos de tres metros de la línea del ferrocarril», y «no nos dan materiales para repararla porque estamos en zona de riesgo», se duele el remitente.

A interesarse por el caso «ya vinieron el Partido, Vivienda y Planificación Física: dicen que no se puede construir, pero no dan una solución (…). Con la depresión Alberto empeoró la situación de la vivienda y todavía ninguna entidad nos ha resuelto nada. Lo cierto es que con este tiempo mis papás y yo estamos prácticamente a la intemperie», se queja el villaclareño. Aunque la carta podría haber abundado en detalles que clarificaran más la historia, el S.O.S. es bastante significativo como para interesar a las autoridades locales. ¿Qué tienen que argumentar al respecto?

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