Acuse de recibo
Desde principios de 2015 comenzó Raimundo Álvarez Barroso (caserío de Cuncuní, s/n, Santa Cruz del Norte, Mayabeque) el proceso legal para el alargamiento del chasis y la carrocería de su carro, un yipi marca Willy Rural, matrícula P007563.
Con ese fin, se presentó en las oficinas correspondientes del Registro de vehículos y de la Dirección de Transporte en su provincia. En ambas instancias lo asesoraron detalladamente en cuanto a la distancia autorizada para alargar y los pasos reglamentarios a seguir para que todo estuviera en orden, evoca el remitente.
Posteriormente, el ingeniero Mario Machado Díaz le elaboró y aprobó el proyecto técnico de alargamiento y comenzaron las labores al respecto. «Concluido el trabajo de chapistería, se legalizó y se pagó en el taller automotriz de Catalina de Güines, perteneciente a la Dirección Provincial de Transporte de Mayabeque (DPTM), según orden de trabajo No. 670/426/154, del 25 de noviembre de 2015, orden de cobro No. 670/426/189 y comprobante de recibo de efectivo, donde constan todos los trabajos realizados, la materia prima y la mano de obra utilizada, con un importe en efectivo de 2437,50 CUP», refiere el propietario.
Concluidos estos pasos, entregó Raimundo la documentación a la DPTM para su análisis y aprobación. «Al iniciar el año 2016 —apunta— me personé todos los miércoles desde enero hasta marzo para recibir respuesta de mi caso». Le explicaron que aún no había pasado este por la comisión encargada a tal efecto.
«Teniendo en cuenta la decisión del Ministerio de Transporte en marzo del presente año, sobre paralizar la autorización de los alargamientos, realicé una reclamación a la DPTM con el objetivo de que mi caso fuera analizado de forma excepcional, por haber iniciado los trámites y la culminación del proyecto antes de emitida esta decisión», señala el mayabequense. En septiembre de 2016, cuando nos escribió, aún nadie le había dado respuesta; con el agravante de que se encuentra imposibilitado de utilizar el vehículo de su propiedad.
Cada vez que surge alguna nueva disposición legal, se analizan y aprueban excepcionalidades teniendo en cuenta las fechas de entrada en vigor de las regulaciones y los procesos iniciados con anterioridad. ¿Qué ha sucedido en el caso de Raimundo? ¿Hasta cuándo debe esperar por decisiones que, seguramente, podrían haberse tomado antes, de forma operativa?
Isabel Hernández Iglesias (km 2 y medio, s/n, carretera a San Luis, San Luis, Pinar del Río) está suscrita a la centenaria revista Bohemia desde el año 2014 en el correo de su municipio. Pero sucede que en el lapso de enero al 4 de agosto de este año, Isabel solo recibió los dos números del primer mes, los dos de marzo, uno en abril y uno en la primera quincena de mayo.
«He visitado el Correo en varias ocasiones, donde he hablado con el director, y siempre manifiesta que las revistas llegan con atraso. También me he dirigido al jefe de distribución y me dice que él es nuevo y no puede decirme nada», refiere la sanluiseña.
Y se pregunta la mujer: Si la prensa nacional llega todos los días a su municipio, ¿por qué no arriba con la sistematicidad correspondiente la histórica revista?
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