Juventud Rebelde - Diario de la Juventud Cubana

Erly Rodríguez Acosta (Loma Ciega s/n, Morón) firma junto a Yasmany Rodríguez Acosta, Yankiel Rodríguez Acosta y Gilberto Rodríguez Esquivel (hijos y padre), una carta como socios de la cooperativa de crédito y servicios (CCS) José Antonio Labrador, de ese municipio avileño. Se trata de una carta transida de preocupaciones e inquietudes.

Cuentan ellos que en la última entrega de arroz que hicieron en diciembre de 2015 a la planta procesadora perteneciente a la Empresa Arrocera de Punta Alegre, se facturaron en un solo renglón, a nombre de esa CCS, 1 077 quintales del grano húmedo, a un precio de 190 pesos el quintal.

También en el periódico Trabajadores, del 8 de junio de 2015, el director de Contabilidad y Precios del Ministerio de la Agricultura informó que a partir del 1ro. de junio de ese año el precio de arroz en cáscara húmedo, comprado en el molino u otro establecimiento, era de 190 pesos el quintal.

Sin embargo, la económica de la CCS y la facturadora de la planta les dicen que, aunque se encuentra facturado el quintal en un solo renglón, a 190 pesos, en realidad el precio oficial es de 160; y los 30 pesos restantes corresponden al valor que la Empresa Arrocera paga por el acarreo del producto.

De esos 30 pesos que la Empresa paga por cada quintal de arroz, señala, en la cosecha de julio de 2015, de 600 quintales, los jefes de la cooperativa les descontaron 6 000 pesos. Y les pretenden descontar en la última cosecha de diciembre de 2015, de 1 077 quintales, 10 770 pesos. El argumento es que están amparados en la Resolución 23 de 2013 del Ministerio de Finanzas y Precios. Y les da derecho a realizar ese descuento de 10 000 pesos por quintal acarreado.

Según los campesinos, ahora pretenden descontarles 30 en lugar de diez pesos por cada quintal de arroz acarreado.

«Todo eso, afirman, sin siquiera tocar ni ver la figura que tiene el arroz en el campo. No se trata de cuatro pesos. Imagínese, son 16 770 pesos, cifra que incluye los 6 000 pesos que ya nos descontaron, y los restantes que quieren descontar ahora, lo cual, multiplicado por seis u ocho cosechadores de arroz de nuestra CCS, implica un monto total enorme.

«Todo esto, según la respuesta de la Fiscalía Municipal, es para engrosar “gastos imprescindibles” de la CCS», pero el lector entiende que «en realidad se trata de quitarnos arbitrariamente parte del dinero ganado con el trabajo, sudor y sacrificio de nosotros, del cual depende el sostenimiento de cuatro familias, y que nadie tiene derecho a tocar».

Los remitentes necesitan saber de primera mano cuál es el precio oficial actual del arroz en cáscara húmedo que el campesino le vende a la Empresa Arrocera, y qué cantidad deben recibir por cada quintal entregado. «Necesitamos que se nos aclare si la Resolución 23/2015 del Ministerio de Finanzas y Precios ampara o justifica a los dirigentes de la CCS a quitarnos diez pesos del acarreo por cada quintal de arroz, si en definitiva somos nosotros mismos los que lo acarreamos en su totalidad».

Preguntan además, si en definitiva el precio oficial del arroz es de 160 pesos, ¿por qué aparece facturado junto a los 30 pesos del acarreo, para un total de 190, y no figuran en la factura ambos conceptos por separado?

«Consideramos un trámite burocrático modificable, dicen, que no se le facture propiamente al campesino cuando se termina de hacer los pesajes en la procesadora, y tenga que  dar otro viaje con la económica de la CCS para facturar, con el consiguiente gasto de petróleo y pérdida de tiempo.

«Exigimos que aparezca reflejado en alguna parte de la factura el nombre y apellidos del campesino productor, junto a los demás datos de la CCS, y no que solo aparezca la factura a nombre de la CCS, como si esta fuera la dueña del arroz que se vende a la Empresa. Exigimos que se nos entregue una copia de la factura del arroz entregado».

Refieren que se han dirigido al jurídico y al presidente de la CCS, a la jurídica de la Delegación Municipal de la Agricultura y a la delegada en sí, a la facturadora de la planta, a la Fiscalía Municipal y a la Dirección Provincial de Finanzas y Precios. Pero siguen sin entender, y sin cobrar el dinero de la última cosecha, hasta tanto se esclarezca el asunto.