Acuse de recibo
No es difícil imaginar la cara del matancero Luis Alberto Hernández Morales cuando el pasado 13 de septiembre llegó a la casa de sus padres en Santa Cruz del Norte y se percató de que había dejado la billetera en el tren eléctrico 806 Matanzas-Casablanca, conocido como tren de Hershey.
Carné de identidad, otros documentos personales y lo más llamativo: 30 pesos convertibles y 80 en moneda nacional, se habían extraviado de un golpe. Pero como no hay peor gestión que la que no se hace, allá fue el atribulado, con la última esperanza, tras la pista de su descuido…
«Llamé por teléfono al despacho de Hershey, fui atendido por el compañero José Luis Tamayo, le planteo lo sucedido y que necesitaba que llamara al tren para que le comunicaran al auxiliar mi situación», cuenta el remitente.
A la mayor brevedad posible José Luis atendió la solicitud y se comunicó con Antonio López, el conductor. Y este, demostrando conocer de memoria los raíles de la honradez, respondió que sí, que él había encontrado la billetera y se la haría llegar a su dueño.
«Muchas, muchas, muchas gracias, Antonio», cierra vehemente su misiva el afortunado Luis Alberto (calle 95, no. 30219, e/ 302 y 304, Matanzas). ¿Habrá que decir algo más?
Mientras generaciones de estudiantes pasaban por sus primeras letras en la escuela primaria granmense José Antonio Saco, los puños de Elia Caridad Arnao Guerra exprimían la frazada para limpiar el piso del centro, su vista estaba atenta al polvo y las esquineras, y su ropa terminaba cada día, en vez de empolvada de tiza, agotada de trajines.
Veintidós años —que se dice fácil, pero no caben en un saco grande— pasó esta mujer como auxiliar de limpieza en la institución educativa hasta que en 2004, por motivos de enfermedad, se le hizo peritaje médico. Entonces fue declarada Apto-2, con limitaciones, por lo que no pudo seguir desempeñándose en su labor habitual.
«Se me ofertó una plaza de pantrista y comencé a trabajar en la escuela especial Antonio Guiteras. Posteriormente, debido a las limitaciones, se me cambió como recepcionista a la escuela primaria Manuel Espinosa Ramírez, hasta el año 2012, que comenzó allí el reordenamiento laboral. No me ofertaron ninguna plaza; me plantearon que no había ninguna disponible para ubicarme», relata la remitente.
Elia Caridad se aprestó a reclamar ante el órgano laboral de base que le correspondía, pero le comunicaron que este lo habían disuelto y se le recomendó entonces dirigirse a la CTC o al Órgano de Trabajo, a un nivel superior, para que se revisara el proceso de disponibilidad.
«Al dirigirme a estas estructuras nunca se me dio una respuesta, por lo que me sentí decepcionada», se duele la granmense. Y se pregunta: «¿Se obró bien en mi caso? ¿Se tuvo en cuenta la enfermedad? ¿Se debía o no ofertarme alguna plaza que se ajustara al dictamen médico de la comisión? ¿Quién me podrá contratar con mis limitaciones?».
Termina su misiva la lectora confesando: «Estoy enferma y divorciada en estos momentos. Necesito trabajar para poder depender económicamente de mí. No tengo hijos».
Más allá de la responsabilidad que atañe a esta mujer, por no seguir batallando por su estatus laboral en el tiempo en que este fue presuntamente violentado; más allá de que hayan pasado dos años (ahora mismo no tengo a mano el dato preciso de cuándo caduca una reclamación de esta índole); más allá de todo eso, digo, hay una fibra de sensibilidad humana en este asunto que no se debe desconocer. ¿Dónde está la mano institucional que pueda aclarar o poner las cosas en su sitio? En calle 18 Final, no. 479 interior, reparto Latino, Bayamo, hay otras manos que aguardan disponibles.