Juventud Rebelde - Diario de la Juventud Cubana

El pasado 13 de septiembre, y desde Santo Domingo, Villa Clara, Ronald Díaz Chau denunciaba aquí la paradoja de que, mientras el Estado hace serios esfuerzos productivos para que los ciudadanos puedan adquirir los materiales de construcción en los llamados «rastros» de Comercio Interior, en especial el cemento y el acero que allí se expenden, se ha convertido esa actividad en un medio de lucro para acaparadores-revendedores.

Con razón, fustigaba Ronald que los afectados siempre son los trabajadores que perciben un modesto salario y tienen que caer en las garras de esos expoliadores de la necesidad ajena. Y aseguraba que allí en Santo Domingo él ha hecho gestiones para neutralizar ese peligroso fermento, pero aún no se acaba de dar la batida al mismo.

Ronald abogaba por un control en esos patios de venta, mediante el listado de quienes tienen licencia constructiva en la localidad, emitido por la Dirección Municipal de la Vivienda. «¿No le sería más fácil a Comercio saber la demanda real de cemento y acero en el municipio, y le permitiría evadir la actividad ilegal de esos ciudadanos?», razonaba Ronald.

Y este redactor señalaba: «No es solo en Santo Domingo que se está lucrando con los serios esfuerzos que hace el país para facilitar materiales de construcción para las viviendas. Ello expresa dos realidades: la primera, es que estos acaparadores revenden porque, a pesar de los esfuerzos visibles para facilitar materiales a la población, aún la demanda está insatisfecha.

«Y la segunda es que, precisamente por ello, la actividad de los “rastros” no puede ser vender a ciegas, sin importarles que la mercancía vaya a parar a una claque de revendedores que, de seguro, tienen su buen techo, o ya han acumulado, con esas trampas, el dinero suficiente para arreglarlo».

Al respecto responde Luis Braffor Alfonso, director de la Empresa Municipal de Comercio y Gastronomía de Santo Domingo, que «al lector no le asiste razón, por cuanto la recomendación planteada por él se hace imposible (de implementar) por parte de Comercio Interior, ya que la venta de materiales es liberada, y no está dentro de nuestras facultades (poner en práctica) las medidas que él recomienda».

Explica que se visitó a Ronald y se le explicó que, según la resolución 14 del 27 de enero de 2012 del Ministerio de Comercio Interior, la venta es liberada. No obstante, «se acordó en el territorio regular la venta de acero, para que la mayor cantidad de población lo pueda adquirir, ya que la demanda es superior a la oferta; y en el caso del cemento a granel y en bolsa, se ha mantenido de forma estable durante el año».

Agradezco la respuesta, pero no puedo soslayar que la misma —para las personas que hacen grandes sacrificios por levantar su techo— resulta insuficiente, y solo se apoya técnicamente en «lo que está establecido» mas no aterriza en las realidades.

Tampoco nadie aboga por una «libreta de racionamiento» de los materiales de construcción. Pero mientras estos no satisfagan la demanda de la población, el comercio estatal, por socialista, no puede cerrar los ojos y solo interesarse por vender, a cualquier costo humano.

¿Quiénes se benefician con lo que está regulado, en un mercado de materiales insuficiente? Los revendedores. ¿Es justo que quienes lucran, o quienes tienen mucho dinero, acaparen lo que tanto necesita mucha gente para vivir con decoro?

No siempre «lo que está establecido» es lo justo. Hay que revisar constantemente las ordenanzas y resoluciones, o al menos adecuarlas a la «verdad verdadera»: aún la demanda supera con creces la oferta. ¿Por qué quienes tienen licencias constructivas no pueden ser priorizados? ¿Quiénes ganan con vender de un tirón todo a la puerta de un «rastro», para que a solo unos metros otros tengan que pagar sumas superiores? Mientras la oferta no se satisfaga, ¿no puede generalizarse lo que decidieron allí con el acero?

Todas estas preguntas, por supuesto, no se las hago solamente a la Dirección de Comercio de Santo Domingo, sino al propio Consejo de la Administración del territorio, que no puede permanecer ajeno al atraco y la confabulación que sufren allí los ciudadanos de manos de inescrupulosos revendedores.

Pero, sobre todo, la inquietud la traslado al Ministerio de Comercio Interior, porque lo denunciado se registra no solo en Santo Domingo. Mientras no pueda satisfacerse la demanda, la gestión comercial debe adecuarse, con sentido realista y protector de los más necesitados, para evitar que los aprovechados de siempre desaten sus usuras de siempre.