Acuse de recibo
El pasado 23 de octubre reflejé la inquietud de Juan Enrique Delgado, un diabético insulino-dependiente del municipio capitalino de La Lisa, quien adquirió en marzo de 2012 su glucómetro marca Sumasensor SXT (A), como parte del programa para que, mediante subsidio estatal, cada paciente de ese tipo pueda adquirir ese sensor a módico precio.
Pero el glucómetro dejó de funcionar en agosto pasado. Enrique pensó que eran las baterías, y compró un juego nuevo de ellas. Y el aparato siguió sin funcionar. Entonces llamó a Tecnosuma Internacional, en La Habana. Allí le explicaron que ellos solo ensamblaban los glucómetros y los suministraban al Ministerio de Salud Pública (Minsap).
«He llamado a múltiples lugares —apuntaba— y no he podido encontrar a nadie que sepa dónde se reparan, o si me pueden vender otro. Conozco casos similares al mío, y este es un instrumento necesario para poder saber la cantidad de azúcar que tenemos en sangre en un momento determinado. Si alguien me pudiera informar de cómo puedo repararlo…», concluía Enrique.
Al respecto responde la doctora Rebeca Sonia González Fernández, coordinadora de Programas Nacionales de Tecnosuma Internacional S.A., que esa entidad, comercializadora del Centro de Inmunoensayo, del Grupo Empresarial BioCubaFarma, le está suministrando al Minsap ese equipo y los biosensores necesarios para su funcionamiento.
Precisa que el glucómetro tiene una garantía comercial de un mes, durante el cual se repone sin costo alguno. «Pero no está diseñado para su reparación; por lo sensible de su tecnología, le pedimos a los usuarios que estudien su manual y sigan las recomendaciones para su uso, y así alargar su vida útil al máximo».
Refiere la doctora Rebeca Sonia que «teniendo en cuenta esto, se le ha propuesto al Minsap que destine una parte de lo que se le suministra para la solución de casos de rotura o pérdida no contempladas en la garantía».
Añade que en reunión efectuada el pasado 24 de octubre con los funcionarios del Minsap que están al frente de esa tarea, les informaron que así se haría. Ello implicará la venta de un nuevo equipo y la entrega del dañado.
Concluye aseverando que le dieron respuesta a las inquietudes de Juan Enrique, en el propio domicilio de este, y el mismo quedó satisfecho con la atención brindada.
Hay instituciones que tienen estilos autoritarios, al punto de que, ante cualquier irregularidad que se presente, optan por la vía más cómoda: la de castigar a todos los ciudadanos por las faltas de algunos que ellas mismas no son capaces de descubrir.
Algo así ha sucedido en Altamira, en el municipio cienfueguero de Palmira. Cuenta Carmen Blanco Rodríguez, residente en el apartamento 3 del Edificio 6 de esa comunidad, que es Servicios Comunales el encargado de pagar la electricidad del alumbrado público. Y hay un grupo o zona que es la que más consume, por lo cual suponen que hay fraude, robo de corriente. Y entonces le retiran la electricidad al alumbrado público allí.
Los vecinos están de acuerdo en que nadie debe robar electricidad, pero sí se rebelan contra la solución facilista de «botar el sofá». «Lo correcto sería descubrir y sancionar a quien esté cometiendo ese fraude, no afectar y dejar en la oscuridad a todas las demás personas que respetan las disposiciones, las cuales se ven impedidas de salir de sus casas en la noche», afirma Carmen.
Recientemente, refiere ella, fueron a retirarles el servicio. Un vecino trató de mediar y le respondieron que ya no pondrían más el servicio de alumbrado público, porque continuaba el fraude eléctrico. «Si tenemos que pagar justos por pecadores...», comenta Carmen.
Y a propósito: ¿no es la Unión Eléctrica la responsable del alumbrado público? ¿Puede Servicios Comunales interrumpir su servicio? Qué manera de oscurecerle la vida a la gente con bravuconadas, en vez de investigar y detectar a tiempo. Un pueblo no se funda como se manda un campamento, dijo el gran José Martí.
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