Juventud Rebelde - Diario de la Juventud Cubana

Amparados en la apertura al trabajo no estatal, que tiene sus obligaciones fiscales y requiere muchos esfuerzos, algunos desde la propiedad estatal se agencian su «entradita»  cómoda, sin las obligaciones tributarias y los gastos materiales que hace el trabajador por cuenta propia.

Pablo E. Argüelles (Aramburu No. 311, entre San Rafael y San Miguel, Centro Habana) alerta de un mal hábito que se afianza en algunos ómnibus urbanos de la capital, con la complicidad de los pasajeros: cuando no tienen el menudo para pagar su pasaje, estos depositan un peso no en la alcancía, sino en la mano del chofer quien, en ciertos casos, se lo guarda en el bolsillo, a la vista de todos.

El remitente cuestiona que se desvíe dinero proveniente del pago del pasaje, que es un deber social, y de esa forma se tergiverse y desarticule la gestión del Estado, pues «el chofer no es el dueño del medio de transporte».

Y este redactor agrega: ¿Cómo entonces, va a financiarse cualquier inversión en el transporte urbano? ¿Serán los choferes quienes la sufraguen? ¿A quién le exige el ciudadano, en medio de tantas dificultades económicas, por el estado del transporte urbano, sino es al Estado?

Harina de otro costal sería la situación del pago a los choferes del transporte urbano de la capital, que laboran en condiciones muy tensas y difíciles. Pero la trampa, el fraude y el desvío no pueden erigirse en sustitutos o complementos a lo que el Estado cubano, en su condición de propietario de esos servicios, debe atender con palancas estimulantes para sus trabajadores.

Sí tenía derecho

El pasado 19 de abril, Alejandro Javier Viqueira cuestionó aquí por qué la Filial Universitaria del capitalino municipio de Diez de Octubre, donde él cursa la Licenciatura en Derecho, le negaba una certificación de notas de las asignaturas ya aprobadas.

Precisaba que en la Secretaría de la Filial le dijeron que dicha certificación solo se expide al concluir la carrera. Y le sugirieron que se dirigiera a la Universidad de La Habana. Allí, en el Archivo, le dijeron que no se aceptan solicitudes de notas a título personal, sino por petición del Director de la empresa o entidad donde el alumno labora. «Son mis notas, ¿por qué no las puedo obtener?», argumentaba Alejandro Javier.

Al respecto, responde la doctora Zarezka Martínez Remigio, secretaria general de la Universidad de La Habana que, en el proceso de reordenamiento de las filiales universitarias hacia la sede central de la Universidad de La Habana, se indicó en el curso 2012-2013 que todos los estudiantes debían pasar por la Secretaría Docente de su filial, para revisar su expediente académico.

Posteriormente —precisa— se emitiría certificación de notas de las asignaturas aprobadas, que validaría el proceso docente desarrollado por esas estructuras hasta el pasado curso. Esa revisión implicaba la entrega al alumno de una copia del documento que cerraba su expediente, para el traslado de este a la carrera que corresponde en las facultades de la Universidad de La Habana.

«Es decir —apunta—, que en este curso todos los estudiantes de las modalidades Curso por Encuentros y Continuidad de Estudios, recibieron de oficio la certificación de notas de las asignaturas aprobadas por el reordenamiento antes citado; independientemente del derecho que le asiste a todo alumno universitario de obtener ese certifico según Resolución Ministerial 184 de 2011».

Refiere que en su artículo 260 dicha resolución señala que «los secretarios docentes pueden expedir certificaciones de calificaciones y de asistencia a clases a solicitud de los estudiantes-trabajadores, o de sus centros de trabajo, solo para uso en el territorio nacional».

Se analizó el caso de Alejandro Javier—agrega Zarezka—, y pudo concluirse que el mismo, al no asistir a clases durante el curso 2011-2012, desconocía el proceso de reordenamiento. Y en la Filial no fue atendido por la Secretaria Docente o la Directora, sino por personal no facultado para ello.

Quien lo atendió —precisa—, le indicó que se dirigiera a la Secretaría Docente de la Facultad de Derecho, donde desde diciembre de 2012 está su expediente. Y él no lo hizo.

Fue al Archivo Central, donde se salvaguarda la información generada en las secretarías de las Facultades, una vez concluida la carrera, y no es la estructura que gestiona certificos de nota del proceso docente en desarrollo.

Concluye la funcionaria que, en entrevista con Viqueira, se le entregó la certificación de notas correspondiente, a la que tiene derecho, según Resolución Ministerial 184 de 2011.