Acuse de recibo
El doctor Rafael González (Máximo Gómez No. 207, Sancti Spíritus) es médico veterinario desde 1982, y después de laborar en diferentes empresas pecuarias, hace diez años que se desempeña profesionalmente en el Parque Zoológico provincial de esa ciudad.
Escribe porque recientemente le informaron que no se le podía seguir retribuyendo el pago adicional por condiciones laborales anormales que él recibía, pues su cargo no estaba contemplado en la Resolución 187 de 1988 de Servicios Comunales, que es la entidad a la cual pertenece el zoo.
Se entrevistó Rafael con la funcionaria de la Dirección Provincial de Trabajo que atiende específicamente lo relacionado con las formas de pago y salarios. Y allí conoció que la citada resolución contempla a los cuidadores de animales, pero no al médico veterinario que también trabaja con estos. Y eso le parece inexplicable.
«En mis funciones de trabajo —señala— se considera que debo mantener un control diario sobre la colección, que incluye la revisión diaria de los ejemplares, su higiene, alimentación y condiciones de salud. Debo manipular los ejemplares para su traslado, tratamiento médico e investigaciones, lo cual es solo responsabilidad del médico veterinario.
«Para dichas manipulaciones, por demás, en el centro donde laboro no existe condición alguna. Me refiero a los métodos de sujeción del animal, medicamentos tranquilizantes ni rifles disparadores de anestésicos. Y ello hace aún más peligrosa la tarea.
«El Zoológico de Sancti Spíritus cuenta con ejemplares de alta peligrosidad como leones, hienas, jaguar, cocodrilos y primates que, de igual manera, son difíciles de controlar sin los medios que deben existir en un zoológico».
Otro elemento inexplicable para Rafael es que él esté apenas ubicado en el grupo diez de la escala salarial, a contrapelo de la responsabilidad y complejidad de su trabajo profesional; comparado con salarios de técnicos de nivel medio y de otros que no requieren calificación, la diferencia salarial con ellos es escasa.
El riesgo potencial de los médicos veterinarios en los zoológicos es bien conocido. Entonces, ¿por qué no se paga?
Raquel Cuevas, vecina de la ciudadela sita en calle 55, No. 5610, habitación 4, entre 56 y 58, La Ceiba, Playa, La Habana, vio los cielos abiertos con las nuevas regulaciones que favorecen subsidios para construir o reparar viviendas en casos de personas que lo requieran por su vulnerabilidad económica y social.
Su familia, compuesta por ella, su esposo, y sus tres hijos, vive en una habitación de la ciudadela, apenas con una cocina chiquita dentro de ella, sin baño y sin espacio para hacer uno dentro. Por ello, solicitaron un subsidio por ampliación en una planta alta del cuarto.
Fueron a Vivienda municipal y allí fueron muy bien atendidos. Les dieron la información correspondiente y los pasos a seguir, los cuales cumplieron al pie de la letra y tienen todos los documentos firmados y acuñados. Pero en el último, entregado el pasado 26 de marzo, y denominado Certificado de Regulaciones Urbanas, con expediente 0594, se señala que en la condición de usufructo gratuito que tienen las viviendas de ciudadelas, a tenor de lo preceptuado en la legislación vigente para el proceso inversionista, el ordenamiento territorial y urbano y el reglamento de los instrumentos de control del Instituto Nacional de la Vivienda, se le informa que no procede lo solicitado.
Raquel necesita saber por qué en estos casos no se autorizan las obras por parte de los beneficiarios de usufructos gratuitos. Si bien es cierto que las ciudadelas son reparadas por el Estado, mediante un programa específico, es también evidente que, dado el elevado número de ellas en la capital, y en estado deficitario, la solución de tantas necesidades acumuladas de reparación llevará bastantes años.
La inquietud de Raquel puede ser la de muchos cubanos residentes en esas condiciones, que quisieran resolver sus problemas por sí mismos. Ellos merecen una explicación… y una esperanza.
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