Acuse de recibo
Tamaña sorpresa recibió Carlos Miranda el pasado 14 de marzo cuando llegó del trabajo a su casa, en Calle 1ra. No. 23, entre Cisneros Betancourt y Oeste, en Los Pinos, municipio capitalino de Arroyo Naranjo: la Empresa Eléctrica le había interrumpido el servicio.
Carlos llamó a las oficinas de la Empresa en su municipio para quejarse, pues había pagado la electricidad en tiempo. Quien lo atendió, le indicó que debía presentarse a la oficina de cobro en horario laboral.
Al siguiente día, Carlos fue a la oficina de La Palma y mostró el recibo de pago. La empleada con quien conversó le dijo que Correos se había atrasado en enviar las constancias de pagos. Y que el inspector había pasado por las viviendas y a los clientes que no mostraran el recibo se le cortaba el servicio. Pero el inspector lo hizo en horario laboral.
Carlos le preguntó de quién era entonces la responsabilidad, y ella le dijo que de Correos y de la Empresa Eléctrica a la vez.
«Como no entendí nada —refiere— le pregunté a la compañera cuándo me restauraban el servicio, a lo cual planteó que ese mismo día. Hoy estamos a 18 de abril y todavía no han pasado a restablecerlo».
Gladys García (Mantua 171, entre Lourdes y Alegría, Víbora Park, Arroyo Naranjo) reconoce el esmerado trabajo del colectivo del autoservicio o «lavatín» de ese municipio, perteneciente a la Empresa Provincial de Servicios Personales y Técnicos.
«Realizan su trabajo de forma eficiente y con calidad en el lavado y planchado, precisa. Y la atención es respetuosa y amable, siempre con una sonrisa. Tienen un horario que ayuda a los que trabajamos a resolver nuestra necesidad de ese tipo de servicios. Ojalá otras entidades tuvieran esas características con el personal, la calidad de servicio y el buen horario».
El Estado destina recursos y hace sacrificios financieros, a precios subsidiados, para garantizar la dieta de las embarazadas, y es vergonzoso que por ciertas extrañas veredas se malgasten esos esfuerzos, al punto de que no llegue a sus destinatarias.
Sarah María Marrero escribe desde Maceo 6, Mango Jobo, en San Cristóbal, provincia de Artemisa. Ella es una embarazada que recientemente cumplió 39 semanas. En diciembre de 2010 le entregaron su primera dieta, fuera ya del término de días, la cual, según la compañera que la atendió en la Oficoda, estaba prevista para ese mes en la bodega que le corresponde.
Después le entregaron unos vales piloto para comprar el pollo, la leche y la carne, que dicen Documento Riguroso Control, con fecha 1/12/2010. Y en marzo de 2011 le entregaron esos mismos vales, con fecha 1/3/2011. Con ellos, deben adquirirse los alimentos suplementarios en una bodega que está en la cabecera municipal, a más o menos cinco kilómetros del poblado donde ella reside.
Luego de innumerables viajes que hizo su hermano, pudo comprar la leche, pero los demás productos aún no. Cada vez que va allí, no los hay. El bodeguero le dice que los documentos aún son válidos, aunque tienen su fecha de vencimiento bastante ilegible, al punto de no descifrarla.
«¿Por qué pasa esto?», cuestiona Sarah María, quien añade que otras embarazadas de su barrio enfrentan similar situación. «Si el Estado coloca los recursos, ¿por qué no llega a un grupo de sus destinatarias? Entiendo los problemas por los que atravesamos, pero a la bodega de mi pueblito estos han llegado los demás meses sin problemas.
«Constantemente veo la preocupación de mi médico de la familia y su enfermera por la disciplina alimentaria de las gestantes. ¿Por qué no contribuir todos de la misma manera? Afortunadamente, en mi casa todos trabajamos, y la situación es normal para una familia cubana de estos tiempos. Pero allí, en mi mismo consultorio, hay compañeras que solo reciben el salario del esposo en la casa y se las tienen que ingeniar con él. ¿Realmente es tan complicado cumplir con nuestros compromisos?».
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