Acuse de recibo
Desde la comunidad Camilo Cienfuegos, No. 19, en el municipio avileño de Morón, Ángel Legrá narra una de esas historias absurdas en torno a los tan criticados problemas de la política inversionista en el país, en este caso con algo tan serio como la vivienda.
Refiere que aquel barrio era de casas de guano y paredes de tabla. Y gracias al Plan Carretera, apoyado por el contingente El Vaquerito, se levantaron viviendas de mampostería, piso de cemento y techo de zinc. El proyecto consistió en entregarles a las familias los materiales para que construyeran por esfuerzo propio sus nuevas casas. Pero a estas, si bien se les hicieron las instalaciones hidráulicas y sanitarias, no se les garantizó el servicio de acueducto.
Los moradores de las 37 viviendas no pueden entender —nadie entendería— que lavabos, inodoros y fregaderos hayan sido concebidos como mera escenografía, y se haya dejado trunco ese objetivo habitacional.
Llevan más de tres años canalizando quejas con el delegado de la circunscripción y otras instancias. Y entre las respuestas que les han dado, aparecen increíbles argumentos como que el servicio hidráulico no venía contemplado en el proyecto inicial. Luego, que esa obra no está entre los planes del municipio. También, que la misma debe ser asumida por el MINAZ.
Las fosas hechas por los mismos vecinos están destapadas y en derrumbe. Con las lluvias se llenan de agua, lo cual favorece el fomento de vectores. Y son un peligro potencial.
«Pensamos que esto no requiere de gran inversión —dice Ángel— pues las viviendas están concentradas en un área pequeña, lo que minimiza el gasto en tuberías y otros materiales. Los vecinos estamos en completa disposición de hacer un pozo, pero necesitamos el apoyo de las instancias superiores para poner un tanque, instalar una turbina y conectar tuberías a nuestros hogares, prescindiendo de plazas para esta actividad, pues la comunidad se encarga de esto. Referente a las fosas, con tres o cuatro bolsas de cemento por vivienda se resuelve esta situación.
«Por todo esto pregunto: ¿Acaso es posible que se haga un proyecto de casas sin tener en cuenta estas necesidades básicas? ¿Quién es el responsable ahora de acometer esta tarea? ¿Quién le dio la responsabilidad al MINAZ de solucionar esta situación? ¿Qué tiene que ver el MINAZ con instalaciones hidráulicas y sanitarias? Si es realmente el MINAZ el responsable de acometer ahora esta tarea, ¿por qué no lo ha hecho? ¿A quién debemos acudir para obtener una solución al problema?».
Entre tantos engaños al consumidor, al menos alienta la misiva de José Noel, residente en Calle 23, edificio 6-A, apto. 12, reparto Barbosa, en el municipio capitalino de Playa.
El remitente agradece y felicita a las personas que trabajan en la pesa de comprobación del popular Mercado de Cuatro Caminos, «quienes siempre están atentas y dispuestas a defender los derechos de las personas que compran mercancías en ese sitio, aunque no todos los clientes hagan uso de ese servicio».
Cuenta José Noel que el pasado 11 de enero adquirió en ese mercado una mano de plátanos, y el dependiente, luego de pesarla, le dijo que eran cinco libras, por lo cual debía pagar diez pesos. José Noel se olía que algo andaba mal; se notaba a golpe de vista que le faltaba peso… Entonces fue a la pesa de comprobación, y la compañera que la operaba, realizó el pesaje correspondiente: había una libra y cuatro onzas de menos. Le habían despachado tres libras y doce onzas.
La mujer se dirigió al dependiente y le exigió que le repusiera a José Noel la mercancía escamoteada, mientras que le solicitó su declaración jurada para cumplir con el resto de sus funciones. «Agradezco el tratamiento que se me dio —subraya—, y aprovecho para llamar la atención de los clientes que no hacen uso de ese método. Hay que ir poco a poco acabando con la estafa de las pesas en los mercados».
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