Acuse de recibo
Encabezados por Obdulio García Toledo, 45 residentes en el barrio rural El Capricho, del municipio habanero de Caimito, escriben para denunciar la crítica situación que tienen con el abastecimiento de agua: «Por irresponsabilidad», aclaran, y no a consecuencia de la sequía que sufre el país.
Refiere Obdulio que el pasado 13 de junio se rompió la turbina del taller central de la Empresa Cítricos Ceiba, que bombeaba el agua a esa comunidad de unos 500 habitantes. Ante la situación, el jefe del taller y el director de la Empresa plantean que no pueden resolver el problema, pues no tienen recursos para comprar una turbina nueva ni tampoco pipas. Y los remiten al Gobierno municipal, que debe atender el asunto.
Una representación de los vecinos se dirigió al presidente y vicepresidente del Gobierno municipal, y estos les manifestaron que cuando en un asentamiento poblacional está enclavada una entidad estatal, esta es la responsable del suministro de agua.
Aun así, transcurrido un mes, comenzaron a enviar una pipa de agua semanal, procedente de una cooperativa. Pero la misma ha fallado en varias ocasiones, y el presidente de la cooperativa aclara que él la envía porque entiende la situación de los vecinos, mas no tiene responsabilidad de hacerlo.
Cuando escribieron a esta columna el pasado 24 de noviembre, hacía alrededor de dos meses que se había llevado la turbina a arreglar en Aguas de La Habana. Pero aún no la habían traído y los pobladores seguían sin una gota de agua y, lo que es peor, sin una gota de explicaciones. Silencio.
«El delegado de la circunscripción ha contactado a los implicados, y solo recibe evasivas —recalcan—. Tanto el Gobierno como la Empresa de Cítricos se responsabilizan el uno al otro, diciendo que “el otro” no hace nada. Al cabo de seis meses queremos saber en quién podemos confiar. ¿A qué intereses responden la Empresa de Cítricos y el Gobierno? ¿Sus recursos no son los mismos que los del Estado y, en definitiva, el pueblo? Nos sentimos perdidos e ignorados. Y peor aún: sin saber a quién dirigirnos para que tome el problema en serio».
Ruperto Lobaina (Ángeles 218, apto. 11, entre Corrales y Gloria, La Habana Vieja) considera que un derecho constitucional de todo ciudadano cubano, el de ser remunerado por su trabajo, se está quebrantando y dilatando con él y otros trabajadores de la empresa SELECMAR.
Precisa el remitente que esa entidad garantiza tripulaciones tanto a navieras foráneas como nacionales. Él labora allí desde hace más de 38 años, y ya está prácticamente en edad de retiro. Precisamente por eso, el incumplimiento de SELECMAR puede complicarle en lo adelante.
El problema consiste en que Ruperto y unos 20 trabajadores más estuvieron enrolados en un buque desde mayo de 2007 hasta diciembre de 2008. Pero él recuerda haber recibido su último salario en octubre de 2007. «Después de quejas y reclamaciones a diferentes instancias y niveles desde la base, hasta el día de hoy no hay nada claro con esto», afirma el reclamante.
Aun así, por determinadas cuestiones se le solicitó que se enrolara nuevamente en el mismo barco en el presente año, esta vez por 50 días. En cumplimiento de su deber como trabajador, Ruperto fue. Y nuevamente tropezó con la misma piedra, junto a otros tres trabajadores.
Él sabe que «el asunto está en manos del Ministerio de Transporte, pero ya estamos en el 2010 y la respuesta solo es: Estamos haciendo las gestiones».
Como de gestiones nadie se alimenta, Ruperto lanza una pregunta que merece la atención con una respuesta efectiva y profunda: «¿Podré cobrar antes de retirarme?».
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