Acuse de recibo
Con el paso cansado de quien camina bastante, y por gusto, nos escribe a nombre propio y de otros vecinos la capitalina Migdalia Hermida Campos (Ave. 33, No. 10224, entre 102 y 104, Marianao). Hace más de dos años, evoca Migdalia, la bodega No. 1549, donde históricamente habían adquirido la canasta básica, en la misma Avenida 33 y 102, tuvo que cerrar por su deplorable estado constructivo.
Se reubicó entonces a los consumidores en un comercio distante, en la consideración de que en algún momento se iniciarían los trabajos para recuperar el inmueble original, detalla la remitente.
«Con muchas gestiones de los electores —explica—, se inició la reparación del local; se invirtieron materiales, recursos y salarios; y prácticamente se concluyeron los trabajos; pero era necesario hacer también reparaciones en la casa ubicada sobre este establecimiento. Y ahí, hace más de seis meses, han surgido las dificultades e inquietudes…
«Resulta que, aunque no le corresponde, existe la voluntad de la Empresa de Comercio en el municipio de acometer la reparación en la vivienda. Sin embargo, su propietaria se niega a permitirlo —la carta de Migdalia no aclara por qué—, obstaculizando con esa actitud la solución del problema y afectando a la comunidad, que sigue perjudicada».
Y los vecinos se preguntan si no existen fundamentos y resortes jurídicos y morales para persuadir a los ciudadanos implicados a facilitar la solución del problema. A fin de cuentas, se trata de acciones que benefician a muchos, por lo que no deben ser frenadas por unos pocos, según la más elemental lógica de la convivencia.
Entre las negras aguas del abandono, se aclara a veces algún sinsentido. Y cuando se deshollinan las responsabilidades, sale al fin el brillo del trabajo necesario.
Bien lo saben Elsa Povea Quiala y sus vecinos, residentes en el edificio de Calzada de San Miguel del Padrón No. 1408, entre 3ra. y Manuel González, La Rosalía, en el municipio de San Miguel del Padrón, Ciudad de La Habana, quienes han batallado por más de 36 meses con una tupición agobiante.
Según refería Elsa en carta que publicamos el 29 de agosto de 2009, cada vez que llovía los habitantes de los seis apartamentos que conforman la edificación tenían que vérselas con inundaciones de albañales.
Y en las instituciones a las que se habían dirigido hasta aquel momento todo había sido excusas y dilaciones.
El 2 de enero de 2010 publicamos lo que contestaba ante tal situación Antonio R. Lago Taño, director general de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado del Este (EAAE). Señalaba el directivo que la obstrucción causante de los problemas denunciados se encontraba en el interior de la vivienda de la remitente y era provocada por el derrumbe de la fosa de evacuación de residuos de su propiedad.
Y añadía Antonio que le habían indicado a Elsa dirigirse a la Unidad Municipal Inversionista de la Vivienda (UMIV) y a Micro Social para solicitar las correspondientes reparación y escombreo. No obstante no constituir un encargo social de la entidad bajo su mando, Acueducto se proponía ayudar en lo que fuese necesario.
Casi tres meses después de publicada aquella segunda carta en torno a la tupición, arribó a JR la misiva de Ivette Pérez Vuelta, directora de la Unidad Provincial Inversionista de la Vivienda (UPIV), quien trae noticias conclusivas sobre el caso.
Afirma Ivette que, una vez leído el asunto y la aclaración de Acueducto, visitaron a la lectora «los compañeros de la unidad inversionista y Micro Social del territorio, para evaluar la acción. Esta consistió en el escombreo mecanizado de dos fosas de 12 metros cúbicos aproximadamente, en conjunto con una desobstrucción realizada con el carro de alta presión. Quedó eliminada así la insatisfacción denunciada por Elsa».
Al final, el chorro potente del esfuerzo limpió la costra de ineficiencia.
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