Juventud Rebelde - Diario de la Juventud Cubana

Aun cuando la carta llega con un atraso de nueve meses con respecto a la queja que la suscitó, es muy esclarecedora la respuesta que da Pedro Olivera Gutiérrez, director del Centro Nacional de Control de la Tierra, a la inquietud de la campesina Felicia Domínguez, reflejada aquí el 13 de mayo de 2008.

Entonces, Felicia, en nombre de un grupo de agricultores que años atrás entregó sus tierras para colectivizarlas, contaba que les otorgaron pensiones modestas, pero justas para entonces. Y, sin embargo, percibe actualmente que la Revolución ha ido aumentando la cuantía mínima que se le paga a los pensionados del sector estatal, mientras ellos ven devaluarse la exigua suma que reciben.

Aclara Olivera que «Felicia denomina pensión a una amortización que se otorgó a los agricultores pequeños que entregaron sus tierras a cooperativas de producción agropecuaria, de conformidad con el valor de la tierra y los bienes agropecuarios aportados; y se pagan por la propia cooperativa».

Significa el funcionario que el incremento de las pensiones hasta 200 pesos al que alude la demandante, corre a cargo de la Seguridad Social. En tal sentido, por constituir uno y otro pago erogaciones totalmente distintas, no es posible acceder a un aumento en el caso de la amortización a los campesinos, «ya que se corresponde al valor de lo aportado a la CPA, y por ende no está sujeta a cambios como el que refiere Felicia Domínguez, que solo se realizaron en el sector estatal».

Otra respuesta bastante atrasada del 2008 es la que envía Ángel López Mirabal, director de Educación en la provincia de Pinar del Río, a la denuncia del lector Pedro Calá Hernández, aparecida aquí el 8 de junio de 2008.

Entonces Calá escribió en nombre de los padres de los estudiantes internos del Politécnico de Economía del municipio pinareño de Mantua: dicho plantel funciona desde el curso 2005-2006 en lo que era la escuela de Oficios de esa localidad. Pero la matrícula ya casi se ha quintuplicado, con espacio reducido para albergues, lo que genera hacinamiento. Y solo cuenta con tres tazas sanitarias.

Desde hace tiempo se hizo la cimentación para ampliarse, se levantó una pared y todo quedó así. Todo ello, según Calá, generaba incertidumbre con vistas al inicio del curso escolar 2008-2009, y ha afectado la calidad del proceso docente educativo.

Al respecto, afirma el Director de Educación que en el propio Instituto se constató «la no existencia de hacinamiento y la disponibilidad de tazas sanitarias en correspondencia con la matrícula del centro. Hasta la fecha se ha respetado exactamente la capacidad de albergues».

Agrega López Mirabal que se realizaron los análisis con los estudiantes y sus familias, para determinar los que tenían necesidad de albergamiento, y los que viven a menos de cinco kilómetros del instituto son seminternos, hasta que se amplíe la capacidad del plantel.

Reconoce el Director que es cierto que materiales de construcción ubicados en el Instituto fueron movidos para otras obras priorizadas en el 2007 y 2008: tres nuevas secundarias básicas y tres escuelas primarias, cuya terminación gravitaba sobre la continuidad de estudios de muchos alumnos. Ello se hizo con autorización de la Dirección Provincial de Educación, y con control estricto de los recursos y el compromiso de su reposición en el momento oportuno.

Los restantes recursos de terminación que han entrado, prosigue el directivo, están en el almacén de la escuela. Se repusieron los bloques y azulejos, y desde la segunda quincena de junio de 2008 se reanudaron las acciones constructivas, las cuales se chequean semanalmente.

Aunque está fechada el 3 de julio, lamentablemente la carta de respuesta llegó a esta redacción el 12 de enero de 2008. Esos son los contratiempos de la lentitud y morosidad. A estas alturas no sabemos si se concluyeron las obras, o qué ha sucedido.