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Retardada, pero esclarecedora respuesta

El pasado 18 de mayo, y desde la ciudad de Camagüey, Odesa López Vargas contaba aquí que había sido operada de cáncer de mama en 2009, y el pasado año tuvo que ser intervenida de nuevo, con una radical del seno afectado. De la biopsia resultó un cáncer invasivo, cuyo tratamiento implica una vacuna denominada traztusumac o exeptrin.

La remitente manifestaba que, al no haber entonces capacidad disponible en el hospital Oncológico de Camagüey, por gestiones propias decidió ir a La Habana e inició dicho tratamiento en el hospital Hermanos Ameijeiras.

Por ello, explicaba, tenía que ir cada 21 días a la capital a ponerse dicha vacuna, en un tratamiento de por vida. Y enfatizaba que le resultaba imposible seguir sufragando dichos viajes cada 21 días, aunque su familia hacía todo lo posible para que no faltara.

Insistía la paciente en que ya su situación financiera era muy difícil para seguir costeando dichos viajes, y rogaba que la ayudaran a no perder el tratamiento que podía salvar su vida. Y como nos sensibilizamos con el asunto, fue que asumí el ruego de Odesa.

Al respecto, el 17 de octubre pasado, casi cinco meses después de la publicación, responde Belkis Delgado Cáceres, subdirectora de Prevención, Asistencia y Trabajo Social del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.

Explica la funcionaria que la Asistencia Social subsidia el pago de la transportación a pacientes con insuficiencia de ingresos, que requieran los servicios de salud fuera de su provincia de residencia, previa certificación del Ministerio de Salud Pública.

«El trámite —aclara— se inicia cuando el funcionario de Salud Pública designado en el territorio certifica que es imprescindible recibir tratamiento especializado en otra provincia, y la persona solicita el subsidio del pasaje por insuficiencia de ingresos, todo lo que se informa a la Dirección de Trabajo del territorio para evaluar la aprobación o no del servicio».

 Y en el caso de Odesa, esclarece, está evaluada con invalidez total para el trabajo y recibe una prestación de la Seguridad Social de 242 pesos. Su esposo labora como especialista B en obras de arquitectura de la Brigada 2 de la ECOI 8 de Construcción y Montaje. Y como tal, percibe un salario promedio de 691 pesos.

En visita al hogar, subraya Belkis, se conoció que fue realmente el esposo quien escribió a Acuse de Recibo, sin que Odesa lo supiera hasta que se publicara aquí. «Se comprobó —agrega— que Odesa nunca solicitó ayuda a la Dirección de Trabajo ni a Salud Pública en el municipio, además de contar con ingresos económicos para asumir el pago del pasaje».

Concluye Belkis notificando que el 26 de mayo, ocho días después de publicada aquí la historia, Odesa recibió la última consulta en el hermanos Ameijeiras y fue remitida a Camagüey, donde ha sido atendida desde el 16 de junio con el mismo ciclo de vacunas cada 21 días.

 A pesar de la morosidad de la respuesta, agradezco el esclarecimiento hecho por la Subdirectora de Prevención, Asistencia y Trabajo Social del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, y por el hecho de que la paciente ya esté recibiendo el tratamiento en su propia ciudad. Y hago votos por la salud de la misma.

Pero alerto: una carta es algo muy serio. Y nadie —ni siquiera el cónyuge— tiene derecho a usurpar la identidad de otra persona sin el consentimiento o conocimiento de esta, para escribir una misiva en su nombre, y mucho menos clamar por la sensibilidad y el apoyo de una columna como esta, siempre presta al respaldo humano.

Si Odesa no había hecho gestiones al respecto en el territorio, de hecho la misiva ajena a su autoría, por muy buena intención que tuviera, constituyó un engaño a esta columna. Y no me gusta que me engañen, porque siempre estoy dispuesto a echar batallas con la verdad a cuestas. Eso hay que respetarlo.

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