La transformación del sistema empresarial cubano, la integración entre todos los actores económicos, el perfeccionamiento de la gestión estratégica para el desarrollo territorial, el fomento de políticas sociales y la protección a personas, familias y comunidades en situación de vulnerabilidad, sobresalen entre las numerosas metas del Programa Económico y Social del Gobierno para 2026, que debe implementarse según las particularidades de cada territorio.
Como punto común de estos y otros compromisos, subyace la responsabilidad social empresarial, un término que ha ganado relevancia en el debate contemporáneo y cuyo sentido resumió el austriaco Peter Drucker en una frase tan sencilla como contundente: «No hay empresa exitosa en comunidades deterioradas».
El concepto, nacido en el seno de las economías capitalistas, ha evolucionado desde concepciones asistencialistas y filantrópicas hacia la toma de conciencia en la gestión empresarial. Se asume como complemento de las estrategias de desarrollo y mecanismo para la transformación social con inclusión y equidad.
En Cuba, estudiosos del Centro de Investigaciones Psicológicas y Sociológicas consideran la responsabilidad social empresarial (RSE) como un modo de gestión que entraña el compromiso de generar valor a partir de prácticas sostenibles, verificables e intencionadas, y a favor de la equidad y la justicia social. Se da tanto dentro como fuera de la empresa, a través de las relaciones con proveedores, trabajadores, clientes, Gobiernos, comunidades, entre otros actores, y abarca las dimensiones ética, social, económica, legal, medioambiental y participativa.
Los académicos cubanos refieren que, aunque la RSE ha permanecido implícita desde de 1959 —acorde con una sociedad socialista—, no apareció de manera expresa hasta la Constitución de 2019, que abrió las puertas a diversas formas de propiedad y gestión, y persisten vacíos legales en las normas jurídicas posteriores.
A pesar de las dignas excepciones, en el caso de las empresas estatales, la RSE responde más a orientaciones de organismos superiores que al ejercicio de la autonomía empresarial.
Para las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes) y las cooperativas no agropecuarias, los decretos leyes 88 y 89 de 2024, respectivamente, enuncian la responsabilidad social como un conjunto de compromisos voluntarios dirigidos esencialmente a los trabajadores y sus familias, la sociedad y el medio ambiente, y financiados con reservas voluntarias creadas para tales fines. Es decir, los representantes de las empresas privadas pueden generar riquezas y responsabilizarse o no por el impacto de sus actividades.
Sin embargo, también en este sector son loables las muestras de la RSE, sobre todo, en los momentos más difíciles que ha vivido el país, y ambas normas plantean el fomento estatal, a través de incentivos fiscales o de otra naturaleza, a las prácticas socialmente responsables que tributan al desarrollo de los territorios y el país.
Si bien no existe una legislación lo suficientemente robusta para explotar todas las potencialidades en función del bienestar colectivo, contamos con un Instituto Nacional de Actores Económicos No Estatales y otros organismos con facultades y experiencia suficiente para otorgar sistematicidad e integralidad a los aportes. Cada municipio cuenta con una estrategia que debe aunar voluntades a favor del desarrollo y la autonomía. Nadie mejor que las autoridades locales para identificar las necesidades de cada comunidad y los actores económicos y sociales capaces de contribuir a satisfacerlas.
Ello demanda organización, control y participación popular, para que la responsabilidad no se ejerza con acciones aisladas y a ciegas, sino con plena conciencia de la mejora inmediata que podría generar en la calidad de vida de muchísimas personas.
