El progresismo estadounidense habla por las claras de «dictadura» y «fascismo» para calificar el segundo mandato de Donald Trump, pero desde el 5 de febrero también manifiestan ciudadanos comunes preocupación por sus valores y democracia.
Cuando todavía no ha cumplido los cien días de «luna de miel», antes de que afloren las contradicciones, le llueven las críticas y millones han participado en acciones en decenas de ciudades, defendiendo diversos derechos conculcados por sus medidas extremas.
En las protestas «Hands Off» (Manos fuera) participan multitudes indignadas por las deportaciones ilegales y los recortes presupuestarios a los servicios sociales, mientras los más ricos —incluso los de la cúpula gobernante—, ven florecer sus negocios personales.
El pasado sábado repitieron las manifestaciones en defensa de los empleados federales obligados a la renuncia «voluntaria» o simplemente despedidos para denunciar las medidas que desprotegen el medio ambiente a favor de los consorcios petroleros, mineros y otros semejantes, en rechazo a los ataques a la libertad de expresión en las universidades y medios de prensa, y a los inmigrantes. Seriamente, los estadounidenses ya sienten el temor de si ellos serán el próximo blanco.
Estas marchas y acciones constituyen un «movimiento de base prodemocracia, proconstitución, antiextralimitación del ejecutivo y no violento». No se trata de demócratas contra republicanos, ni siquiera de las izquierdas «confabuladas para derrocar al capitalismo», es la comunidad contra la administración Trump y sus ataques a la democracia.
Commondreams.org destacaba los carteles frente al Capitolio del estado de Ohio: «Prohíban a los fascistas, no los libros». Al parecer, votantes republicanos, descontentos, también formaban parte de la protesta cuando otro de los lemas enarbolados decía: «Trump y Vance son traidores».
Los indicios para ese calificativo de fascismo pueden ser tan dramáticos como las deportaciones de inmigrantes acusados de ser parte de bandas delincuenciales sin pruebas ni proceso judicial alguno, los despidos de personal del servicio público considerados de lealtad dudosa o críticos a las medidas tomadas por el ejecutivo de la Casa Blanca y hasta la utilización exclusiva del idioma inglés en el papeleo oficial.
Por ejemplo, el Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos ya no traduce sus notificaciones para quienes no hablan inglés, lo que pudiera poner en peligro sus vidas durante eventos climatológicos extremos. Concluyó el contrato del proveedor de la traducción: en últimos tiempos una empresa de inteligencia artificial que proporcionaba los partes en español, chino, vietnamita, francés y samoano para los casi 68 millones de personas que en sus casas hablan otro idioma, 42 millones de ellos el español. Por supuesto, la explicación oficial no revela la explícita xenofobia implícita, solo cuentan que el Departamento de Eficiencia Gubernamental-DOGE lo consideró demasiado costoso.
En una nación orgullosa de que su Constitución protege la libertad de expresión, su Presidente le ha apretado las tuercas a universidades y colleges, para que no permitan ninguna acción contra el genocidio israelí en Palestina, a las que califica de antisemitismo, y le corta el financiamiento por no eliminar los programas de políticas de diversidad, equidad e inclusión y no repriman las voces pro-Palestina.
A más de 1 500 estudiantes les han revocado las visas o su estatus legal por su activismo y algunos están detenidos sin el debido proceso, aunque han demandado a la administración Trump, pero también esa persecución provoca miedo y el peligrosos autosilenciamiento. Por demás, Trump sigue ignorando las órdenes judiciales contra esas deportaciones y detenciones…
La represión se extiende, según Reuters, pues el secretario de Estado Marco Rubio ha ordenado revisar las cuentas en redes sociales de solicitantes de visa que hayan viajado a la Franja de Gaza en los últimos 18 años.
Los derechos de la infancia no tienen cabida cuando él intenta poner fin a la ciudadanía estadounidense por derecho de nacimiento a hijos de padres migrantes, medida que está siendo discutida en la Corte Suprema de Justicia; ha propuesto eliminar el programa Head Start, parte de la guerra contra la pobreza del expresidente Lyndon Johnson, y que brinda cuidado infantil gratuito a más de un millón de padres y madres de bajos ingresos. También suprimirán las comidas, pruebas de detección del desarrollo y la atención médica para casi 800 000 menores. Los veteranos de sus guerras no corren mejor suerte. Y esto es apenas una parte…
El senador independiente Bernie Sanders, quien junto a la representante demócrata Alexandria Ocasio-Cortes realiza una gira por la nación bajo el lema «Lucha contra la oligarquía» y que está siendo escuchado por muchos más de los que asistieron a sus mítines de campaña electoral, ha dicho: «Estamos luchando contra un presidente que socava diariamente nuestra Constitución y amenaza nuestra libertades de expresión y de reunión, y cuyos agentes están deteniendo a personas inocentes en las calles, a quienes suben a camionetas sin identificación y las trasladan a centros de detención. Eso es lo que ocurre en las dictaduras, no en las democracias. Y vamos a detener esas indignantes medidas que el presidente está llevando a cabo».
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