En un mundo cada vez más globalizado y con una economía en constante cambio, es esencial que los gobiernos locales implementen políticas que regulen y supervisen el mercado para proteger a los consumidores, tal y como se propone en el Estado cubano para el 2024.
La reciente intervención del Primer Ministro, Manuel Marrero Cruz, en la Asamblea Nacional del Poder Popular, no solo evidenció la voluntad política de Cuba de corregir distorsiones en pos del mejoramiento de la gestión económica y financiera del país, sino también que están identificadas la mayoría de las acciones a implementar en ese sentido.
Desde el miércoles 28 de diciembre, el espacio radial y televisivo Mesa Redonda inició un paquete de programas para explicar —con argumentos y propuestas concretas— algunas de las mejoras y correcciones para los diferentes sectores, empresas, nuevos actores de la economía y población en general.
No obstante, entre las principales inquietudes y preocupaciones de la población cubana hoy figuran todavía los altos precios especulativos, abusivos y fuera del alcance de la mayoría, resultado de una feroz inflación y subjetividades que influyen en el control y fiscalización de las actividades comerciales de todos los actores de la economía, incluido el sector estatal.
Sobre esa cuerda «baila» una indisciplina financiera que incluye violaciones relacionadas con no contar algunos actores con cuentas fiscales, negaciones a implementar el comercio electrónico, incumplimiento de planes y, a su vez, pago de utilidades sin lograr satisfacer lo pactado en la planificación, deudas por pagar y cobrar, fichas de costo «infladas», problemas cuya solución podría tributar al mejoramiento de la vida económica y financiera del país.
En ese sentido, es válido aclarar que un control eficiente sobre los comercios y los precios evita la especulación y el abuso por parte de algunos empresarios (estatales y no estatales) inescrupulosos, quienes sin regulaciones adecuadas inflan las tarifas de bienes y servicios esenciales y afectan, fundamentalmente, a las familias de bajos ingresos y a aquellos en situaciones de vulnerabilidad económica.
Hacerlo significa una mayor eficiencia en los métodos de inspección y control, sistematizar la fiscalización de los recursos y mercancías que se importan, velar por que cada comerciante, estatal o no, aplique precios de acuerdo con fichas de costo reales y comprobables, utilizar la participación popular como vía para la retroalimentación y adopción de medidas ante posibles violaciones…, en fin, alternativas viables que tributen a una justa distribución y venta de cara al consumo nacional.
De lograrse, aunque el contexto socioeconómico global mantenga sus tensiones, carencias y limitaciones para adquirir y comercializar recursos y mercancías necesarias, dar pasos sólidos para controlar la inflación es también ofrecer respuestas desde cada localidad a preocupaciones ancladas hoy en la inseguridad que genera la poca capacidad resolutiva de la mayoría de los bolsillos en Cuba.
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