Miguel Díaz-Canel está en Twitter. Durante el pasado congreso de la UPEC había prometido su pronta incursión en el mundo del microblogging, y recién lo ha concretado. La noticia no puede ser más oportuna, si se tiene en cuenta que estamos a las puertas de datos móviles en los teléfonos (según los anuncios de la compañía de telecomunicaciones Etecsa), que Cuba ha crecido exponencialmente en el acceso de sus ciudadanos a las redes sociales (365 por ciento, según calculan organizaciones con sede en los propios Estados Unidos) y que, en el siglo XXI, se torna cada vez más espinoso gobernar al margen de las TIC.
La práctica del Presidente cubano cuenta con suficientes precedentes como para arrancar en firme. Probablemente el más relevante sea @chavezcandanga, introducido en abril de 2010 en Venezuela. El twitter de Chávez no solo disparó su credibilidad a través de un ejercicio permanente de democracia (aprovechando la comunicación directa entre el líder y sus seguidores), sino que generó conexiones revolucionarias entre el mundo virtual y el real, a través de estructuras específicamente creadas para atender las demandas y opiniones vertidas por los ciudadanos.
El mandatario venezolano, como la mayoría de los dirigentes progresistas de América Latina, comprendió tempranamente la imposibilidad de acometer un proyecto político de cambio sin un proyecto simbólico acompañante. Digan lo que digan, si el proceso bolivariano se hubiera circunscrito solo a aumentar los salarios y mejorar la economía de los sectores más vulnerables, difícilmente habría sobrevivido al día trágico de la muerte de Chávez. De los cerros de Caracas, de las calles tomadas por la Revolución efervescente, de los parajes perdidos de la Venezuela profunda, brotó boyante una nueva subjetividad. O, para decirlo con palabras de Antonio Gramsci, una nueva hegemonía.
Salvando los contextos, Cuba no está exenta de la pugna de sentidos descrita por Gramsci entre hegemonía y contrahegemonía, o, dicho de otro modo, entre un proyecto anticapitalista y otro parcial o totalmente subordinado a propósitos de dominación. La exposición cada vez mayor a patrones de la industria cultural globalizadora y el posicionamiento creciente del sector privado, entre otros muchos factores, deberían servir de incentivo al Estado para desatar sus potencialidades como aparato de poder dialéctico, creativo e innovador. Eso que llamamos «modernización de la administración pública», por citar un caso, implica disponer de estructuras asequibles y ágiles, y de procesos suficientemente informatizados como para facilitar la relación entre el Gobierno y la ciudadanía.
A juzgar por estudios internacionales —y por el sentido común que emerge de la práctica cotidiana— la Isla tiene, en este como en otros temas, el desafío de desbrozar obstáculos aceleradamente. Una encuesta anual de Naciones Unidas sitúa a Cuba entre los países con índice medio de progreso en gobierno electrónico (entre 0.25 y 0.50, de un promedio global de 0.55). Curiosamente, muchos países de América Latina —incluidos algunos del Caribe como Barbados y República Dominicana— muestran ya un índice alto al respecto, mientras que otros como Uruguay exhiben prácticas comparables a las de los países más industrializados.
Ya se sabe los efectos nefastos que sobre la infraestructura criolla ha dejado el cerco económico y tecnológico proveniente de Estados Unidos en los últimos 60 años. Pero hablo también del salto cultural que debiéramos proponernos para cuando la tecnología inunde nuestras vidas. En el ámbito del gobierno electrónico —o gobierno abierto, como algunos prefieren llamarlo— cambiar la mentalidad implica entender que la sociedad red, para ser funcional, depende naturalmente del acceso a la información, la transparencia, y una cultura de gestión articulada del conocimiento.
Claro que, para llegar hasta allí, harían falta puntos de partida básicos. Que todas las organizaciones relevantes, por ejemplo, dispusieran de sitios web para hacer públicos sus indicadores de desarrollo y resultados. Que las estructuras del Poder Popular estuvieran interconectadas a todos los niveles. Que la totalidad de los delegados hiciera uso de herramientas tan elementales como el correo electrónico, o los foros de discusión, o las propias redes sociales.
Necesitamos servidores públicos con sensibilidad y cultura política suficientes como para responder sin ruborizarse, valiéndose de las TIC, a las inquietudes del pueblo. Si queremos genuinamente hacer valer el concepto del control popular —contenido en los lineamientos de la política económica y social, las bases del modelo de desarrollo y, más recientemente, en el proyecto de Reforma constitucional— hay que aguzar el oído frente a la voz de la gente, naturalizar sus interpelaciones, y capitalizar sus reclamos en función del objetivo de construir un país mejor. Ese camino no solo apunta a fortalecer las estrategias-nación de gobierno electrónico, sino también —y tan importante como lo anterior— a poner en práctica modos de hacer política contemporáneos, osados y previsiblemente más participativos.
Por lo pronto, Díaz Canel está en Twitter. Y, lo quiera o no, ha dado un toque de diana para los más rezagados en el ejercicio de la política 2.0. Bueno para los ciudadanos —que accederemos más fácilmente al Presidente de Cuba— y bueno para el Gobierno, compelido a implementar una agenda digital cada día más activa, a tono con el movimiento de informatización que está sacudiendo, por fin, a la sociedad cubana.
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