He aquí una paradoja inquietante: en una sociedad que hace tanto por el hombre como la cubana, el ciudadano navega en desventaja de prerrogativas y mecanismos compensatorios y de resarcimiento, cuando enfrenta la intrincada madeja de irregularidades y desentendimientos burocráticos de instituciones públicas y administrativas.
Con frecuencia, hay personas que se desgastan ante ineficiencias y desatenciones de entidades que cotidianamente deben servirles, en nombre del «culto de los cubanos a la dignidad plena del hombre» ese apotegma martiano que preside la Constitución de la República.
Nuestra Ley de Leyes prescribe el derecho de todo ciudadano afectado indebidamente por funcionarios en el ejercicio del cargo a reclamar y obtener la correspondiente reparación. También ampara el derecho a dirigir quejas y peticiones a las autoridades y a recibir las respuestas pertinentes y en el plazo adecuado. Pero la legislación auxiliar, de procedimiento para estos casos, es muy dispersa, fragmentada y deja muchas indefiniciones.
Los casos de ciudadanos ante impunes arbitrariedades o inoperancias, cuando son revelados en la columna Acuse de Recibo, por ejemplo, entonces desatan ciertas respuestas institucionales a manera de sonsonete: que al fin se resolvió el problema, que si se tomaron medidas y bla, bla, bla… Si acaso, amonestaciones o alguna que otra sanción o separación del puesto, sin ir a la raíz del asunto, que es mucho más que un nombre y dos apellidos.
No falta el responsable que debió atajar a tiempo el problema, y entonces «se desayuna»: adopta medidas hacia abajo, pero no consigo mismo. Y aunque existen figuras de la responsabilidad colateral, no pocas veces se soslayan.
Si el funcionario tuviera que pagar de su bolsillo los dislates de sus indolencias, si el culpable se las viera duras en muchos sentidos, además de la condena moral explícita, otro gallo del rigor cantaría.
Cuba ha avanzado en la cultura de la retroalimentación, en darle peso a quejas y planteamientos de los ciudadanos, con un sistema de atención a la población en todas las instancias públicas, de servicios, gubernamentales y estatales. Pero aún esas estructuras se perciben en muchos sitios como algo colateral, y hasta formal: como un corolario de la gestión de dirección, un tropiezo inevitable; cuando debía ser el estilo de trabajo y la premisa del funcionario. Son los ciudadanos la razón de ser de nuestra sociedad y la espina dorsal que la sostiene.
Más allá de la impunidad que puede amparar al del error, insisto en el saldo frustrante en la víctima, que muchas veces se ve desprotegida. A ello súmese que las demandas judiciales ante los tribunales encuentran procesos muy lentos para conflictos muy operativos. Y todo ello tiene una resaca política, en un país que tanto ha protegido al ser humano y ha velado por sus derechos.
Ante muchas irregularidades cotidianas en los servicios, trámites estatales, litigios y todo tipo de gestiones, si en el mejor de los casos logra imponerse la justicia por los mecanismos administrativos, no pocas veces la víctima «se queda dada», y el culpable se excusa si acaso.
Es sintomático que el Parlamento cubano haya ponderado tema tan importante para nuestra democracia, y justo ahora esté concluyendo un estudio acerca de los alcances y calidades de la atención a las quejas y sugerencias de la población ante el Gobierno y los organismos e instituciones a todos los niveles.
Evidentemente, los resultados de ese diagnóstico serían sometidos a la Asamblea Nacional. Y si ello desencadenara un fortalecimiento de las prerrogativas ciudadanas ante irregularidades y desentendimientos institucionales, con un cuerpo de leyes más coherentes para proteger a la víctima, avanzaríamos mucho más en el sendero de la legalidad y la institucionalidad. Y en la participación ciudadana. Menos arbitrariedad es más Socialismo.
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