Más que para calmar, las aseveraciones formuladas hace pocas horas por el embajador estadounidense en Colombia, William Brownfield, sirven para mantener la preocupación, latente desde que se conoció el inminente uso por Estados Unidos de siete bases militares de la nación andina. En entrevista a la cadena Caracol, el diplomático declaró que los «únicos» que debían sentirse amenazados son «los narcotraficantes y los terroristas (…)».
Sus palabras engrosan el inútil esfuerzo con que Estados Unidos sigue empeñado en tapar el Sol. Incluso ha habido confesiones que reconocieron la criticada participación del Pentágono en la política contrainsurgente de ese país desde que Bill Clinton firmó el Plan Colombia, y esa nación se convirtió en una de las más beneficiadas por su ayuda bélica, que suma desde ahí 5 000 millones de dólares.
En efecto, como dicen ellos, poco hay nuevo. Pero algo distinto se trama cuando hablan ahora de «regularizar» las relaciones de «cooperación», y quieren legalizar su presencia y la libertad de movimiento, estampándolo en blanco y negro.
En esa dirección, precisamente, son inquietantes las afirmaciones de Brownfield. Se sabe para qué les han servido a los halcones sus cruzadas: desde que W. Bush declaró la guerra al terror, el mundo quedó esperando que definiera de qué terrorismo se trataba, y en su nombre se desataron dos guerras que mantienen a dos naciones ocupadas. Tanto en uno como en otro caso, es Washington quien confecciona las listas negras.
Pero ya en el plano de lo «novedoso», una de las aspiraciones yanquis que más llama la atención es el interés por certificar la impunidad de que gozarán sus soldados según el acuerdo, listo ya pero, al parecer, demorado hasta que las tensiones desaparezcan.
Una hoja informativa emitida por el Departamento de Estado hace dos días tampoco sirve para que Sudamérica duerma mejor. El Acuerdo Suplementario de Cooperación, Asistencia Técnica y Seguridad en fragua —dice el texto— solo «asegura el acceso continuo» de EE.UU. a las instalaciones que las partes, de consenso, acepten —se refiere en este caso a las de Palanquero, Malambo y Apiay. Pero también permite el uso de dos bases navales y dos instalaciones del ejército (Cartagena, Málaga, Larandia y Tolemaida) «y, si se acuerda mutuamente, de otras instalaciones militares colombianas».
De manera que puede que no sean tres ni siete, sino ¿cuántas?
Cierto. Puede que lo que se busque no sea la permanencia constante propiciada por las bases grandes, y suplidas en la geoestrategia USA por esa posibilidad de que sus aviones y barcos entren y salgan, usando ahora a Colombia de puente, incluso, hacia otras regiones. Sin contar los potentes radares que desde allí, en pleno corazón del Sur, mantendrán la vigilancia y permitirán el posterior despliegue rápido de los marines hacia donde sea menester.
El propósito es más peligroso cuando los cambios en el hemisferio desafían su capacidad de gendarme. Y, como vemos, los sectores duros en Washington —diga lo que diga Obama— no piensan renunciar a ese papel.
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