No caliento dudas. Y por tanto asumo las consecuencias. Si fuera cierto que a todos nos inquieta igualmente lo que nos pueda deparar el futuro en relación con la gran causa nacional de la independencia y la justicia social —en suma, el socialismo perfeccionado como proyecto sustentable e invulnerable—; si a todos, repito, nos emparejara la misma agonía patriótica, ciertos hechos no pasarían a constituirse en procesos por su recurrencia. Por ejemplo, alguien me comentó hace poco que llevaba 16 meses esperando a que la administración de su centro de trabajo cumpliera la decisión de un tribunal municipal, cuyo fallo anula una arbitrariedad administrativa. El pretexto del incumplimiento: Bueno, hemos apelado al Tribunal Supremo... y mientras tanto todo habrá de seguir como antes del juicio en el municipio. El trabajador afectado, más bien víctima de una injusticia, preguntó en las oficinas del Supremo y allí le dijeron que posiblemente no hubiese un fallo, porque litigios de esa índole terminaban en el tribunal del municipio. Y han pasado 16 meses, compañeros, como si el tiempo fuera el limbo donde acampa lo que no quiere resolverse.
Como es advertible, solo he expuesto lo dicho por el compañero aquejado. Ahora bien, estoy convencido de que esas quiebras de la legalidad son tan frecuentes que me hacen afirmar que cuantos así actúan, violando leyes y sobre todo el contenido humanista de la Revolución y del socialismo, no solo no les preocupa el futuro de nuestra patria, sino que a veces pueden actuar contra nuestras posibilidades de mejoramiento.
Tengo, pues, que volver a hablar de esa mentalidad burocrática que olvida que los trabajadores, y los ciudadanos comunes no son los únicos obligados a ajustarse a la legalidad. También las instancias de administración y gobierno tienen que apegarse a la ley de modo que los sujetos y a la vez objetos principales de la Revolución —los trabajadores— no sean víctimas de la arbitrariedad y el abuso de poder de alguno que, en definitiva, los representa.
Pero no basta con decirlo. Nos ha de inquietar que permanezcamos impasibles ante estos hechos. ¿Qué habrá, pues, de pasar en Cuba para que un trabajador no tenga que aguardar 16 meses por su rehabilitación luego de sufrir una arbitrariedad? ¿Habrá que reunirse para hacer recordar que la ley nos gobierna y manda a todos? ¿Cómo habremos de derrotar esa visión estrecha, inconsecuente, que no distingue lo justo de lo injusto? ¿Cómo lograremos que los ritmos, latidos y urgencias de nuestra realidad, nuestras conquistas y nuestras necesidades sean oídas por esa visión burocrática al parecer interesada solo en el predominio de su voluntad?
He terminado con preguntas lo que quise empezar con afirmaciones. Tal vez, la próxima vez intente responderlas con la colaboración de mis lectores.
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