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El peligro que representa Trump para la democracia estadounidense ha sido denunciado por la comunidad internacional. Autor: The Economist Publicado: 31/05/2025 | 10:27 pm
Meme chistoso ¿o pretensión cierta de ser el «representante de Dios en la Tierra», como se le considera al Papa por los católicos? Donald Trump publicó una imagen suya con las vestiduras del Sumo Pontífice en su red Truth Social, y esto es más que un chiste de mal gusto, cuando el Estado Vaticano se reunía en Cónclave de cardenales para elegir a un nuevo Papa tras la muerte de Francisco, en el cual resultó electo el agustino nacido en Chicago Robert Prevost, quien asumió como León XIV y pronunció sus primeras palabas en latín y en… español, el idioma del Perú que lo vio llegar como misionero y del que era Obispo en Chiclayo.
El 4 de mayo, en la Biblioteca JFK, en Boston, Mike Pence, el vicepresidente de Donald Trump en su primer mandato, rechazado por este porque no apoyó la insurrección golpista del 6 de enero de 2021 para negarle la presidencia a Joseph Biden, recibió el Premio Perfil de Coraje John F. Kennedy. Allí sentenció: «Para forjar un futuro juntos, debemos encontrar puntos en común. Espero que, de alguna manera, mi presencia aquí esta noche sea un recordatorio de que, independientemente de nuestras diferencias como estadounidenses, la Constitución es el punto en común que nos sostiene. Es lo que nos une a través del tiempo y las generaciones… Es lo que nos hace un solo pueblo».
No es una frase dicha al azar, es evidencia de una preocupación que se generaliza en Estados Unidos, donde su Presidente está violando preceptos o intenta por su cuenta enmendar la ordenanza magna, para satisfacer su ego e intereses personales y los capitales de su cohorte de multimillonarios.
Donald Trump está enfrascado en un juego de poderes, en el cual pretende darle jaque mate al que —en la Constitución fundacional— ostenta el pueblo, y en el cual se afirma que la máxima instancia que lo representa es el Congreso (Cámara de Representantes y Senado), no precisamente el Presidente.
En esta semana, se debate fuerte sobre el derecho a la ciudadanía por nacimiento para los hijos de los migrantes, porque Trump ha propuesto eliminar lo estipulado por la Enmienda 14ta. de la Constitución: las personas nacidas en Estados Unidos son ciudadanas de este país, independientemente de la raza, la etnicidad o el origen nacional de sus padres.
Esta es apenas una de las controversias en las batallas legales del regreso del trumpismo. No por gusto, algunos medios alternativos o del progresismo advierten a diario a sus lectores que el binomio de multimillonarios de derecha Trump-Musk, y lo que ellos representan, constituye una masacre inconstitucional, cuando atacan cada rincón del Gobierno federal.
Y, sobre todo, están quitando la sobrevivencia con el cierre de programas de salud, educacionales, científicos, de seguridad social y otros de beneficio para los trabajadores y los más vulnerables, junto a la censura de prensa y de expresión para quienes defienden causas justas como la de Palestina, acusando de antisemitismo a quienes denuncian el genocidio cometido por el sionismo.
Common Dreams, una de esas publicaciones, ha llamado a lo que está sucediendo en Estados Unidos «orgía de corrupción y avaricia», y no exagera.
The Intercept publicaba recientemente: «Se avecina un Estado policial inventado. Desde la represión militarizada hasta la impunidad legal, la agenda policial de Trump está diseñada para aplastar a la disidencia y a las críticas». Trump llamó a su orden ejecutiva, escrita en mayúsculas, «Fortalecimiento y liberación de las fuerzas del orden estadounidenses para perseguir a los delincuentes y proteger a los ciudadanos inocentes», pero en verdad ella exige recursos militares y de seguridad nacional para unas fuerzas del orden federales militarizadas que ya ejecutan las deportaciones de inmigrantes, legales o indocumentados, y reprimen las protestas, persiguen y encarcelan a sus críticos y a quienes ve como «enemigos».
Escuadrones enmascarados han irrumpido en las residencias universitarias de jóvenes extranjeros que estudian en Estados Unidos, han arrestado a varios centenares de ellos, los mantienen encarcelados o los han deportado o intentan deportar, porque han participado en manifestaciones pacíficas contra el genocidio israelí en Gaza.
La xenofobia se extiende desde la actual cúspide política casablanquina, que abre nuevas cárceles o deporta a verdaderos campos de concentración, como el establecido en la ilegal Base Naval en Guantánamo o en el arrendado Centro de Confinamiento del Terrorismo en El Salvador, a los que trata o identifica como delincuentes sin pruebas ni juicios.
Por primera vez en la historia estadounidense la persecución a los migrantes indocumentados, tildándolos de delincuentes e incluso de «terroristas» se ha vinculado con la Ley de Insurrección, originalmente adoptada en 1792, la que autoriza al Presidente a desplegar el Ejército y delegar a la Guardia Nacional la tarea de reprimir insurrecciones, rebeliones, casos de desorden civil y «combinaciones o reuniones» ilegales que obstruyan la autoridad de Estados Unidos o la capacidad de cualquier Estado para hacer cumplir la ley. ¿Se llegará a tal extremo?
Puede que sí. El pasado jueves 15 de mayo, el Departamento de Seguridad Nacional solicitó al Pentágono que proporcione unos 20 000 efectivos de la Guardia Nacional para ayudar en la deportación de migrantes sin estatus legal en Estados Unidos. Un funcionario estadounidense con conocimiento del plan, que prefirió no identificarse, declaró a NPR que abogados militares están revisando la solicitud del Departamento de Seguridad Nacional. The New York Times fue el primero en informar sobre la solicitud.
«El Estado de derecho está en peligro», lo ha dicho el presidente de la Corte Suprema de Justicia, quien se sienta en el lado del conservadurismo, pero ha denunciado también las críticas y los ataques contra jueces y bufetes de abogados cuyas decisiones no se alinean con la política de Trump, o este y sus funcionarios se niegan a cumplir las decisiones judiciales, debilitando el sistema y el papel de los tribunales.
Similar advertencia hizo la jueza de la Corte Suprema, Kentaji Brown Jackson, de la minoría liberal en ese alto tribunal, sobre los constantes «implacables» ataques verbales contra el poder judicial, que muestran «desprecio y descrédito»… «Los ataques no son aleatorios. Parecen diseñados para intimidar a quienes desempeñamos esta función decisiva», dijo. No mencionó por su nombre a Trump, pero sí estaba refiriéndose al «elefante en el cuarto», una frase utilizada en inglés para aludir a algo que es evidente.
Ejemplos de un autoritarismo que se incrusta sobran. Trump llamó al juez de distrito estadounidense James Boasberg «corrupto» e instó a un impeachment contra él por sus fallos relacionados con la deportación de cientos de hombres a la notoria prisión en El Salvador. El mes pasado, el FBI arrestó a la jueza Hannah Duggan, de Wisconsin, por presuntamente impedir que agentes federales arrestaran a un inmigrante indocumentado mientras estaba en su tribunal por cargos no relacionados, con lo cual la jueza garantizaba la seguridad de la sala del tribunal para las víctimas de los delitos, los testigos y los acusados.
El 9 de mayo fue arrestado el acalde de Newark, Ras Baraka, cuando acompañaba a una delegación del Congreso estadounidense para una supervisión legal a Delaney Hall, una prisión privada administrada por GEO Corporation bajo contrato con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). Baraka estuvo cinco horas detenido y luego fue liberado, pero está acusado de allanamiento.
El arresto de servidores públicos electos es alarmante, como también el de migrantes o estudiantes extranjeros. Mucho más si se les asocia otro término y derecho jurídico que está siendo mencionado en estos días de turbulencia. El subjefe del gabinete de Trump, Stephen Miller, ha dicho: «La Constitución es clara… en cuanto a que el privilegio del recurso de habeas corpus puede suspenderse en caso de invasión. Es una opción que estamos considerando activamente». El habeas corpus es el derecho de los detenidos a exigir al Gobierno que justifique su encarcelamiento ante un tribunal o que sean liberados.
Bajo el pretexto de la «eficiencia» gubernamental que ha despedido a decenas de miles de empleados en departamentos ministeriales o agencias federales, crecen las denuncias de que está politizando el trabajo del servicio civil profesional. No han salido ilesos ni la defensa ni la diplomacia ni entidades como el Centro John F. Kennedy para las Artes Escénicas, del que Donald Trump se autoproclamó presidente…
Poco a poco, y a diario, se están perdiendo las bases racionales de la democracia estadounidense. ¿Habrá jaque mate?
