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CIUDAD DE MÉXICO, septiembre 9.— La reforma al poder judicial mexicano, considerada la más importante de la veintena de legislaciones con carácter constitucional que deja en carpeta el presidente saliente Andrés Manuel López Obrador, y última de las que se analiza bajo su mandato, transitó sin escollos por dos comités del Senado y debe ser debatida por esa cámara en pleno este martes y el miércoles.
El proyecto, que pretende una virtual refundación del poder judicial, fue aprobado el domingo, en debate unido, por las comisiones de Puntos Constitucionales y Estudios Legislativos del Senado, que le dieron visto bueno en lo general y en lo particular, luego de su tránsito anterior, también sin contratiempos, por la Cámara de Diputados.
Tras más de seis horas de debate, narró RT, la medida recibió 25 votos a favor de la bancada conformada por los senadores del gubernamental Morena y sus aliados el Partido del Trabajo y el Verde, frente a 12 en contra de la oposición.
Aunque los legisladores opositores presentaron más de cien reservas para ser discutidas en el debate particular, todas fueron bloqueadas por la mayoría de Morena, por lo que finalmente el dictamen de reforma constitucional se aprobó sin cambios a la versión enviada la semana pasada por la Cámara de Diputados. De lo contrario, el proyecto habría tenido que retornar a la cámara baja.
Ahora la expectativa estriba en que, pese a su mayoría absoluta en el pleno del Senado, Morena y sus aliados de los partidos Verde y del Trabajo necesitan todavía un voto más para conseguir la mayoría calificada y que la reforma pase sin problemas.
Sin embargo, el coordinador de la bancada de Morena ha apuntado que las dos terceras partes —mayoría calificada— de los 128 integrantes con que cuenta en total el Senado es 85,3, por lo que los 85 votos que ya posee Morena, serían suficientes. De otro modo, basta con que se ausente un legislador de la oposición para que el trámite a favor sea salvado.
La reforma es impulsada por López Obrador y cuenta con el respaldo de su continuadora, la presidenta electa Claudia Sheinbaum, quien asume el poder en octubre, y comparte el propósito de su predecesor de purificar el poder judicial y hacerlo más ágil y eficiente.
Para ello, la propuesta plantea, entre otros postulados, la reducción del número de ministros del legislativo de once a nueve, la reducción del período en el cargo de 15 a 12 años, la eliminación de las dos Salas de la Corte para que esta sesione en pleno y que sus reuniones sean públicas, además de eliminar las pensiones vitalicias.
Uno de sus aspectos más importantes es que la nominación de magistrados y jueces se realice por elección popular, a partir de 30 candidaturas paritarias propuestas por los tres Poderes de la Unión.
El debate de la reforma transcurre en medio de una fuerte campaña mediática en contra que propalan los actuales altos funcionarios del poder judicial y el resto de los jueces y magistrados, secundados por los estudiantes de Derecho, y cuenta con el respaldo de la Confederación de Cámaras Industriales de México y otros representantes del empresariado.
La hipótesis mentirosa de que la elección popular de jueces y magistrados restará autonomía al poder judicial ha sido propalada para persuadir de que, por ello, se perjudicarán las inversiones debido a presunta falta de confianza de los inversores extranjeros.
Esa narrativa tiene como punta de lanza al embajador estadounidense Ken Salazar, quien insiste en declarar que la medida «despierta preocupación» en sectores de su país y afectará, por tanto, la consecución del tratado de libre comercio tripartido de ambas naciones y Canadá, conocido por las siglas T-Mec —antes TLCAN—, pues puede desatar disputas.
En realidad, el Tratado solo menciona al poder judicial para estatuir la necesidad de tribunales imparciales a la hora de dirimir presuntos incumplimientos de compromisos u otros conflictos. Y la imparcialidad de los jueces y magistrados que sean electos por el pueblo, no tiene porqué estar en juego.
Analistas del patio presumen que el interés de EE. UU. de detener la reforma tiene que ver con alegadas prebendas que empresas transnacionales obtienen a la hora de establecer convenios comerciales con México bajo el sistema judicial vigente, entre otras prerrogativas.
En su conferencia matutina de este lunes, el presidente Andrés Manuel López Obrador reiteró las denuncias acerca de la corrupción, impunidad y nepotismo imperantes en el sector, y remarcó que la campaña desatada contra la reforma judicial solo intenta confundir a la población.
