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Las sesiones del Tribunal Internacional contra el Bloqueo. Autor: Juventud Rebelde Publicado: 13/11/2023 | 09:45 pm
El contundente y casi unánime respaldo que volvió a recibir la exigencia del levantamiento del bloqueo estadounidense contra Cuba en la ONU, expresó el rechazo reiterado de la comunidad internacional a una madeja de leyes, disposiciones y normas que conforman una política de asedio comparable a una guerra total pero sin bombas, aunque con el mismo carácter genocida. La estrategia de conseguir un cambio político ha sido fallida, lo que demuestra su obsolescencia en pos de ese propósito; pero el daño es real.
Resulta preocupante y concita cada vez más repudio el hecho de que las medidas coercitivas unilaterales, que forman parte del sistema de normas prohibitivas que le dan cuerpo al bloqueo y fueron reiteradamente denunciadas durante los debates de la resolución cubana en la Asamblea General, se apliquen, sin embargo, cada vez con más frecuencia como fórmula de presión y generalmente contra naciones emergentes.
Ese examen volverá a realizarse los próximos días 16 y 17 en Bruselas durante las sesiones del Tribunal Internacional contra el Bloqueo, por organizaciones, partidos políticos y representantes de distintos sectores de la sociedad europea, como fuera acordado durante la Cumbre de los Pueblos de julio pasado, celebrada en esa ciudad belga.
La proliferación de las medidas punitivas unilaterales como instrumento de chantaje para la dominación puede confirmarse cuando se visita el Mapa Geopolítico de Sanciones del Observatorio Venezolano Antibloqueo (https://observatorio.gob.ve/mapa-geopolitico-de-sanciones-2/), que en sus investigaciones ha establecido la aplicación, hasta agosto pasado, de 26 162 medidas coercitivas unilaterales que impactan sobre 30 países, algunos de ellos satanizados por Estados Unidos como parte de lo que el expresidente W. Bush calificó un día como «eje del mal».
Su aplicación se ha incrementado a partir de los años 2000, y la mayor parte de ellas han sido dictadas por Washington, países de la Unión Europea y otros Estados.
El 27 por ciento, afirma también la fuente, están dirigidas contra entidades o empresas; el 69 por ciento contra personas vinculadas con la política o el ámbito empresarial, mientras el 4 por ciento afecta a buques y aeronaves.
Esa estrategia de supuesto castigo constituye una de las muchas aristas de lo que se ha identificado como guerras no convencionales o de cuarta generación. Su fin es intervencionista e injerencista y violatorio, por tanto, de la soberanía nacional, y daña la vida de las personas.
Nombrarlas «sanciones» es una identificación engañosa: se trata de medidas de coerción justificadas tras la mampara de la «penalización» por supuestos delitos que no se han cometido. Y los mismos que las imponen las han reconocido como «instrumento de presión». Pero su injusto e ilegal dictado, crece.
Hace apenas poco más de un mes, en un informe al Consejo de Derechos Humanos, Alema Douhan, relatora especial de la ONU sobre las repercusiones
negativas de las medidas coercitivas unilaterales para el disfrute de esos derechos —un mandato creado desde 2014 por resolución del propio Consejo en atención, precisamente, al daño de dichas medidas en el disfrute de los derechos del hombre—, denunció que la proliferación de las diferentes formas y tipos de sanciones unilaterales que encara el mundo impactan en todos los sistemas de salud, y advirtió que afectan peligrosamente las garantías fundamentales de quienes viven en los países «penalizados».
«El uso creciente de sanciones secundarias, así como sanciones civiles y penales por presunta elusión de regímenes de sanciones, tiene graves implicaciones negativas para los derechos humanos de las personas que viven en países sancionados, incluido su derecho a una atención sanitaria adecuada y oportuna», afirmó.
Según reflejó el sitio web de la ONU, Douhan subrayó los efectos negativos del «cumplimiento excesivo» de las sanciones unilaterales por parte de los sectores empresarial y financiero, que complican, dijo, la adquisición y entrega de medicamentos, equipos médicos y otros suministros humanitarios exentos de cualquier clase de restricción.
Las sanciones unilaterales violan el derecho a la salud al no permitir a los países penalizados obtener medicamentos básicos para atender a su población, afirmó, y pasan por encima a la letra de numerosos tratados internacionales.
Entre los casos de países afectados citó los ejemplos de Venezuela, Zimbabwe, Siria, Irán, Somalia, Yemen y Cuba.
Su criterio, que es el de una funcionaria de la ONU, pone el dedo en la llaga de apenas uno de los aspectos más sensibles, en medio del daño humano y al desarrollo económico que causa la aplicación de las medidas coercitivas.
Otras consecuencias de su aplicación son los obstáculos que crea al flujo comercial en un mundo globalizado, y el perjuicio que ocasionan sobre los países pobres altamente endeudados, al entorpecer sus esfuerzos por honrar pagos contraídos en medio de sus necesidades y que cada vez las atan más a los organismos financieros, lo que pone de relieve otro clamor: la necesidad de cambiar el injusto orden económico internacional que afecta también, por tanto, la plenitud de la vida de los ciudadanos.
Amplia condena
Numerosos foros, incluso dentro del marco de Naciones Unidas, han venido analizando el impacto negativo de las medidas coercitivas unilaterales desde hace décadas y remarcado, en muchos casos, su carácter violatorio de las normas internacionales de convivencia.
En fecha tan lejana ya como junio de 1993, la Declaración y Programa de Acción de Viena, aprobada en el contexto de la Conferencia Mundial de Derechos Humanos, pidió a los Estados «que se abstengan de adoptar medidas unilaterales contrarias al Derecho Internacional y la Carta de las Naciones Unidas que creen obstáculos a las relaciones comerciales entre los Estados e impidan la realización plena de los derechos enunciados en la Declaración Universal de Derechos Humanos y en los instrumentos internacionales de derechos humanos, en particular el derecho de toda persona a un nivel de vida adecuado para su salud y bienestar, incluidas la alimentación y la atención de la salud, la vivienda y los servicios sociales necesarios. La Conferencia afirma que la alimentación no debe utilizarse como instrumento de presión política».
Sus secuelas son humanas y también, en efecto, políticas, como promotoras de inestabilidad social e ingobernabilidad, en busca del cambio de regímenes sociales y políticos.
La condena a las medidas punitivas unilaterales fue reiterada recientemente en los distintos espacios de la Cumbre del Grupo de los 77 y China, celebrada recientemente en La Habana, que recogió esos pronunciamientos en su Declaración final al rechazar «la imposición de leyes y regulaciones con impacto extraterritorial y todas las demás formas de medidas económicas coercitivas, incluidas las sanciones unilaterales contra los países en desarrollo», y reiteró «la urgente necesidad de eliminarlas inmediatamente».
Sin embargo, y paradójicamente, su aplicación crece. El bloqueo contra Cuba es, por más de 60 años, una muestra exponencial de un conjunto de ellas, sumadas a leyes y disposiciones que involucran a terceras naciones y afectan la vida y el desarrollo del país, y de cada cubano en particular.
Los Estados y pueblos del mundo siguen repudiando esa política.
